Los datos, publicados por la agencia EFE en el sitio EFEMINISTA, se basan en el Atlas de Políticas Públicas de Anticoncepción en América Latina y el Caribe 2023-2025, elaborado por el Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). México ocupa el primer lugar del podio, por segunda vez consecutiva, pues alcanzó un 93,2 % de cobertura en políticas públicas, considerando "el marco legal y constitucional que garantiza el acceso gratuito a una amplia gama de anticonceptivos a través del Sistema Nacional de Salud", destacaron las organizaciones en un comunicado. Un poco más abajo se ubicaron Uruguay (87,6 %), Colombia (84,5 %) y Argentina (80,1 %).
Se trata de la segunda edición del Atlas (cuyo texto definitivo no se ha hecho público todavía), presentado en el marco del foro “Diálogos por la anticoncepción y la planificación familiar”, un espacio de discusión y reflexión organizado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, que reunió a especialistas de varios países para analizar los avances y los retos en políticas públicas de salud sexual y reproductiva.
Durante el encuentro, Silvia Traina, experta del EPF, subrayó que -a pesar de los avances- "aún quedan presentes vacíos críticos en educación sexual, financiamiento y marcos regulatorios". Y Alanna Armitage, representante del UNFPA en México, celebró el liderazgo de México en el atlas, pero enfatizó que el mismo estudio pide "no ser complacientes".
"La sostenibilidad de estos avances está en riesgo si no abordamos las brechas críticas, pues solo 17 de 33 países garantizan presupuesto para anticonceptivos, y el derecho a decidir aún no es una realidad para todas las mujeres en la región", resaltó y enfatizó además que el acceso a información clara y oportuna sigue enfrentando "una barrera inaceptable". Otros especialistas destacaron que es necesario y urgente garantizar el abasto sostenible, fortalecer la capacitación de personal médico en consejería y anticoncepción…
Lo que falta hacer… |
Las noticias son definitivamente buenas, pero también queda claro que hay mucho por hacer todavía y los especialistas lo resaltaron: urgen asegurar la continuidad de acciones como la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), que busca reducir en 50 % la tasa de fecundidad adolescente y erradicar los nacimientos en niñas de diez a 14 años hacia 2030. Y lo cierto es que de esa pata se cojea bastante, según datos que publicó el propio gobierno mexicano el 30 de septiembre “en 2024 se registraron 92 mil 660 nacimientos en adolescentes de 15 a 17 años, y casi 8 mil nacimientos en niñas de 10 a 14 años. Es decir, todos los días, 21 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres”. Y destaca: “Los nacimientos en niñas evidencian que, en estos casos, no se puede hablar de relaciones consensuadas…”. Hay una razón que explique esta situación, aunque claramente no es la única: según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) de 2023, en términos globales, el 74,5% de las mujeres en edad fértil y sexualmente activas utiliza un método anticonceptivo, pero entre las adolescentes el uso es más limitado: “dentro de este grupo, las mujeres de 15 a 19 años y las de 20 a 24 años registraron los menores porcentajes de uso de estos métodos, con 60,2 y 68,2 %, respectivamente”, señala el informe
La situación, además, dista mucho de ser nacionalmente homogénea: según datos de la ENADID de 2023, la fecundidad adolescente fue más alta en las zonas rurales que en las urbanas, y aunque en ambos contextos disminuyó respecto de años anteriores, la reducción fue más marcada en las áreas urbanas, lo que amplió la brecha entre ambos grupos. También se observó que las mujeres hablantes de lenguas indígenas mantuvieron, en promedio, un número mayor de hijos.
“El embarazo en niñas y adolescentes es un problema multifactorial, que agudiza la desigualdad y perpetúa la violencia que gran parte de ellas ya sufría. Además, se trata de un fenómeno que se extiende por todo el territorio nacional; no obstante, las niñas y adolescentes en situación de mayor pobreza y con bajo o nulo acceso a la educación, tienen un riesgo más elevado de enfrentar un embarazo temprano”, destaca el documento oficial que hemos citado, y –como reza el título- “una emergencia nacional que no puede esperar”.