En un país que, según datos de la International Diabetes Federation en 2024 tenía una población adulta de 36.728.500, de las cuales 3.033.800 viven con diabetes (lo que hace una prevalencia del 8,4 %), los datos que brindaron las asociaciones sacudieron el ambiente de la salud. La advertencia de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE) fue emitida, según diferentes medios de prensa, en un comunicado público del cual, pese a todas las búsquedas, fue imposible acceder al PDF del documento oficial. El sitio reproduce una imagen del documento, que nos permite dar cuenta con fundamento el “llamado a la acción”: “La Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo - ACE informa a la opinión pública la escasez de insulinas, y hace un Ilamado a una vigilancia especial frente a los medicamentos orales para el tratamiento de la diabetes en el país –señala la denuncia–. Esta situación repercute directamente en la calidad de vida y en el tratamiento de los pacientes, así como en las condiciones de prestación de servicios por los profesionales de la salud. La alerta se fundamenta en la creciente dificultad para acceder a medicamentos vitales, lo que incrementa el riesgo de descompensaciones, hospitalizaciones prevenibles y costos innecesarios para el sistema de salud”.
Por su parte, también en un comunicado -al que sumó sus redes sociales-, la Federación Diabetológica Colombiana confirmó “el desabastecimiento de insulina regular rápida y de insulina isófana”, situación que –asegura el texto- “ha sido confirmada por los dos laboratorios proveedores que la distribuyen en Colombia”. “La insulina regular ha sido históricamente el tratamiento de elección para el manejo de emergencias metabólicas, como la acetocidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetósico, especialmente en contextos hospitalarios de urgencia y cuidado intensivo, donde se requiere administración endovenosa”. “Se nos está agotando la insulina regular; es algo que nunca nos había pasado -advirtió Elena Vizcaíno Pabon, presidenta de la Federación-. Los laboratorios nos dijeron que no la tenían, y no nos tienen una fecha probable de llegada de esa insulina”. El comunicado de la Federación aclara que la insulina lispro también está aprobada para uso intravenoso, pero solo se encuentra en cartuchos para administración subcutánea, “por lo que no se recomienda su uso intravenoso”.
| Antecedentes |
Lo de la insulina fue noticia en los primeros días de julio, pero lo cierto es que Colombia sufre una crisis generalizada de escasez de medicamentos, que afecta no solo los antiglucemiantes, sino también tratamientos para enfermedades crónicas graves, respiratorias y oncológicas. Ya en marzo la situación era tan complicada que se reportaron largas colas en las farmacias, y protestas y bloqueos populares en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín.
Como casi todas las crisis de este mundo, no hay una sola causa: el combo incluye desde fallos financieros en las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que son las instituciones encargadas de organizar y garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados, pasando por demoras regulatorias, hasta la fortaleza de grandes actores del mercado. Tanto es así que en marzo el Ministerio de Salud salió a desmentir que no hubiera hecho los pagos correspondientes. “En los últimos cinco meses, el Gobierno ha girado más de 1,6 billones de pesos a las principales empresas encargadas de distribuir los medicamentos (…). Solo en lo que va de marzo, estas compañías ya han recibido más de 238 mil millones de pesos, en línea con el promedio mensual que se les asigna. El argumento de que la falta de pago es la causa del desabastecimiento es falso”, destacaba, entre otras cuestiones, el comunicado del 22 marzo. El texto asigna además responsabilidades a diferentes actores, pero hace hincapié en la de las distribuidoras.
En ese marco, esta vez se agudizó la situación para las personas que viven con diabetes. Las alertas hicieron reaccionar al Ministerio de Salud, que reconoció la crisis y convocó el pasado 3 de julio a una Mesa Técnica sobre Disponibilidad de Insulinas y otros hipoglucemiantes, en la que participaron autoridades regulatorias, sociedades científicas y actores del sector farmacéutico. Como resultado del trabajo conjunto, se logró un diagnóstico, según el cual varios medicamentos esenciales para el control de la diabetes mellitus, especialmente ciertas presentaciones de insulina, fueron clasificados como “productos en riesgo de desabastecimiento”. Entre los más afectados se encuentran insulinas como la glargina, la lispro y, especialmente, la cristalina humana, cuya comercialización se ha reducido drásticamente.
| Voces oficiales, y de las otras |
En el resumen del diagnóstico publicado por el Ministerio y presentado en la mesa de trabajo, el punto más crítico es el llamado “concentración del mercado”: sucede que “la mayoría de las insulinas y análogos de GLP-1 tienen único oferente por principio activo”, señala el documento, y destaca también que “algunas presentaciones han salido del mercado (ej.. el vial de lispro), lo que puede afectar la disponibilidad para ciertos pacientes”. El Ministerio señaló además en un comunicado de prensa luego de la reunión que la insulina humana cristalina, comercializada solo por una farmacéutica de las cuatro que están registradas para hacerlo, “fue incluida en el listado de medicamentos vitales no disponibles”, y aclara que “se pone a disposición de los actores del sistema el mecanismo de importación excepcional para su adquisición”.
Por su parte, y a partir de este panorama, la ACE identifica –según el texto del comunicado- tres “casusas estructurales” fundamentales de esta situación: “dificultades de producción y distribución”; falta de pago oportuno, “que interrumpe la cadena de entrega”; y “limitantes de interés comercial en productos específicos, como la insulina cristalina humana”. Por otra parte, destaca “la necesidad de avanzar en planes de contingencia, guías clínicas y estrategias que aseguren el acceso equitativo a tratamientos esenciales, así como en mecanismos coordinados entre el Ministerio de Salud y Protección Social, las EPS y los proveedores para evitar que los obstáculos administrativos pongan en riesgo la salud de los pacientes”.