Salud sexual y reproductiva en LATAM: aún lejos de las metas para el 2030

Parecía lejano, y también esperanzador, sin duda alguna. En septiembre de 2015, Naciones Unidas adoptaba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que –entre otras muchas metas que van a quedar incumplidas– planteaba, en el Objetivo 3 , “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”. Concretaba la idea en la meta 3.7: “De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales”. Dicho más brevemente: se buscaba haber logrado, dentro de cuatro años, el “acceso universal” a la planificación familiar; dicho de otro modo: cero necesidades insatisfechas.

No era fácil, pero nadie podía imaginar que cinco años después el Covid-19 pondría el planeta patas para arriba. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), durante la pandemia en América Latina, el porcentaje de mujeres con limitaciones en el acceso a anticonceptivos creció del 11% al 17%. “Los servicios de salud sexual y reproductiva en Latinoamérica y el Caribe retrocedieron unos 30 años a causa de la pandemia del coronavirus”, indicaba en 2022 a EFE el entonces (y hasta el mes pasado) director regional, el costarricense Harold Robinson. En esa misma entrevista, Robinson agregaba que, según las mediciones de 2021, el retroceso se ubicó en niveles cercanos a los de 1990, lo calificó de “barbaridad”. “Si uno aplica eso a todas las áreas, es un retroceso de más o menos 30 años”, agregó.

Volvamos a los datos: antes de la pandemia, la región mostraba avances sostenidos en el uso de anticonceptivos modernos, pero, según el documento Estado del Acceso a Servicios de Salud Sexual y Reproductiva, publicado por OMS el 25 de julio de 2023, la pandemia había afectado “fuertemente al acceso a los anticonceptivos”. “Se estima que entre 12,9 y 20,1 millones de mujeres en América Latina y el Caribe se vieron forzadas a interrumpir el uso de métodos anticonceptivos durante la pandemia. Esta interrupción se debió a las disrupciones en la provisión pública y a las dificultades de la población para afrontar el costo de los métodos anticonceptivos”, agregaba.

Los datos disponibles (en los que también hay brechas) muestran que se ha podido volver a niveles cercanos a los de antes de la pandemia, pero –sigue advirtiendo UNFPA-, sin avances sustantivos hacia la meta de “cero necesidades insatisfechas de planificación familiar”: estas alcanzan a aproximadamente el 10 % de las mujeres de 15-49 años que están en unión de pareja, pero las brechas son importantes: en el Caribe, por ejemplo, llegan a alrededor del 17 %. Por otro lado, la prevalencia de uso de anticonceptivos es cercana al 74 %, pero el uso de métodos modernos  (implante subdérmico de varilla, parches hormonales, inyectables, etc.) baja a alrededor del 67 %. La situación es más deficitaria entre poblaciones vulnerables, como adolescentes, mujeres de poblaciones originarias, afrodescendientes y aquellas que viven en zonas rurales o en situación de pobreza. En estos grupos, las tasas de fecundidad (con sus efectos más desfavorables en la salud, y el mayor riesgo de embarazo adolecente) son entre tres y cinco veces mayores que los promedios nacionales.

El Atlas de Políticas de Anticoncepción en América Latina y el Caribe analiza, mediante indicadores como financiación pública, inclusión en seguros nacionales y provisión gratuita, hasta qué punto los países sostienen los programas públicos y garantizan el acceso concreto a los anticonceptivos. Y en América Latina se observan –una vez más-, fuertes contrastes: mientras países como México, Uruguay y Colombia superan el 80 % de cobertura efectiva de programas públicos, otros como Haití o República Dominicana no alcanzan el 30 %. La brecha es un efecto de diferencias en financiamiento y en disponibilidad de métodos de control de la natalidad, pero también de acceso real a los sistemas de salud y dentro de ellos, lo que evidencia que el acceso universal a la anticoncepción aún está lejos en la región. “A pesar de las acciones programáticas, la cobertura de los programas públicos de acceso a la anticoncepción es muy baja. Cuando se considera la cobertura efectiva (niveles de cobertura corregidos por la tasa de eficacia clínica de cada método y por la adhesión observada al año), los niveles de protección se reducen aún más, y varían entre un 2% y un 41%. Alrededor de la mitad de las mujeres que utilizan métodos anticonceptivos modernos los adquieren en farmacias y los costean como un gasto de bolsillo”, advierte el texto del informe. 

Y también hacen falta información y educación: según el documento Estado del Acceso a Servicios de Salud Sexual y Reproductiva, de la OMS, que citamos más arriba, el uso de anticonceptivos reversibles de larga duración (LARC)—como DIU e implantes subdérmicos— era en 2019 muy bajo en América Latina: en 17 de 23 países no superaba el 10 %, y la cobertura era aún más baja entre adolescentes y mujeres en contextos vulnerables. Todo esto, a pesar de que su utilización resulta estratégica debido a su eficacia superior, con tasas de falla menores al 1 % que igualan a los métodos permanentes pero manteniendo la reversibilidad inmediata de la fertilidad. Eliminan el riesgo de error humano, de falta de suministros o de uso incorrecto, y garantizan protección automática por periodos de 3 a 10 años. Además, representan una solución de alta costo-efectividad para el Estado, ya que, a pesar de la inversión inicial, generan ahorros significativos a largo plazo al reducir la logística de distribución mensual y los costos asociados a embarazos no planificados.