El hospital universitario de Groningen, en el norte de Holanda, acaba de establecer un "protocolo" de actuación para la eutanasia infantil de acuerdo con las autoridades judiciales. Este procedimiento no impide la posibilidad legal de que los médicos puedan ser acusados de asesinato pero la hace muy remota en la práctica.
Holanda se convirtió en abril de 2002 en el primer país del mundo que legalizó la eutanasia. Su revolucionaria ley permite poner término a la vida de un paciente que padece una enfermedad incurable acompañada de un sufrimiento físico o psicológico insoportable y que ha expresado el deseo de morir de modo consciente y reiterado. Un segundo médico independiente debe certificar que se cumplen estas condiciones y una comisión formada por juristas, médicos y expertos en ética ratificará post-mortem que el procedimiento seguido se ha ajustado a la ley.
Sin embargo, la ley no sirve para aquellos casos en que no hay una voluntad expresa de morir por parte del enfermo, ya sea porque no está en condiciones de comunicarse o porque sus facultades mentales están alteradas o bien porque se trata de un niño de corta edad. El doctor Eduard Verhagen, jefe del servicio de pediatría del Hospital Universitario de Groningen, llevaba años intentando sensibilizar a los poderes públicos y la Justicia sobre la problemática de estos casos dramáticos y sus esfuerzos han culminado con la adopción de este protocolo.
Mayor seguridad jurídica
Aunque no tiene fuerza de ley y, por lo tanto, no exime completamente a los médicos que realicen tales prácticas de eventuales persecuciones judiciales, el hecho de que haya sido redactado de acuerdo con las autoridades judiciales aporta una mayor seguridad jurídica a los facultativos que asuman esta opción a petición de los padres. El protocolo se asemeja al procedimiento que marca la ley para los adultos, con la exigencia de una segunda opinión independiente y la certificación de que se cumplen todas las condiciones médicas, salvo, claro está, la voluntad expresa del paciente.
Los casos en que se aplicaría son por ejemplo, los de niños recién nacidos con una enfermedad incurable a los que hay que sedar de modo casi permanente contra el dolor. Los padres asisten impotentes al sufrimiento de un hijo al que los médicos dan como máximo uno o dos años de vida. "Actualmente, los médicos sólo pueden decepcionar a estos padres cuando éstos les piden que pongan fin a la vida de su hijo. Y el facultativo se expone a ser acusado de asesinato", comenta el doctor Verhagen.
Las opiniones de este médico, sin embargo, no son compartidas por todos sus colegas, pese a que el debate sobre la eutanasia está muy avanzado en este país. La doctora Diny van Bruggen, pediatra que frecuentemente trabaja en Camboya, es opuesta a la eutanasia por razones religiosas y morales, y lleva años haciendo frente a lo que considera una solución errónea a un problema que no niega. "Comparto su preocupación, es una problemática angustiosa, pero su solución no es la mía. Existe tanto sufrimiento en el mundo, yo no sabría por dónde empezar o dónde detenerme si escogemos la muerte como solución", comentaba, añadiendo que cuando se ha visto enfrentada a casos de este tipo se ha dicho a sí misma que "Dios, en su sabiduría, nos dice que no debemos dar la muerte, que eso le corresponde a él. Lo que debemos hacer es intentar aliviar al máximo el dolor y si es necesario vivir con él. Debemos administrar también una inyección letal a todos los enfermos de sida que yacen moribundos en sus cabañas?", argumenta la profesional. Tampoco es partidaria de mantener a un paciente en vida por todos los medios cuando la muerte es irremisible: "Dios nos ha dicho que no debemos matar pero no nos ha dicho que debemos aplicar la respiración artificial siempre a todo el mundo".
El doctor Verhagen, en cambio, espera que este protocolo sea el primer paso hacia una ley que regule con claridad la eutanasia infantil. "Existe ya una ley sobre la eutanasia de adultos y quizás el Ministerio de Sanidad pueda intentar integrar este acuerdo en la ley. Entonces este importante desarrollo se convertiría en una norma de alcance nacional", comentó.