Hoy ya nadie puede alegar ignorancia: el tabaco es dañino; muy dañino. Fumar tabaco mata. “La epidemia de tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud pública a la que se ha enfrentado el mundo –advirtió en junio de 2025 un documento de OMS-. Provoca más de 7 millones de muertes al año, además de discapacidades y un sufrimiento prolongado debido a las enfermedades que ocasiona”. Lo que ocurre –y también lo sabe “todo el mundo”, en teoría- es que el tabaco genera adicción, por lo que una vez establecido el vínculo de dependencia, dejar de fumar es con frecuencia muy difícil. “Los consumidores de tabaco necesitan ayuda para dejar de fumar”, destacaba ese mismo documento de junio.
No es nuevo: hace más de 20 años (concretamente, el 21 de mayo de 2003) que la Asamblea Mundial de la Salud adoptó el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), de la OMS, con el objetivo de proteger la salud pública frente a las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, mediante la adopción de medidas integrales y jurídicamente vinculantes por parte de los Estados. Poco menos de dos años después, el 27 de febrero de 2005, entró en vigor como tratado internacional vinculante. En el artículo 5.3, establece específicamente que los gobiernos deben (el subrayado es nuestro) proteger sus políticas de salud pública de los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, actuando para limitar su interferencia en la toma de decisiones… Y esta es una de las maneras en las que los Estados pueden brindar la ayuda que los consumidores de tabaco necesitan para dejar de fumar; y también para evitar nuevas dependencias…
Pero no hay caso: el tabaco causa “más de 7 millones de muertes al año”, tuvo que insistir la OMS en junio, y ese documento es casi el puntapié inicial de la edición 2025 (la cuarta, ya) del Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera en América Latina y el Caribe. Se trata de una evaluación que elaboran periódicamente la ONG Corporate Accountability y el Centro Global para la Buena Gobernanza en el Control del Tabaco (GCTC por sus siglas en inglés), en colaboración con redes como STOP, integrada por entidades académicas y de salud pública. El índice analiza el grado en que los gobiernos resguardan sus políticas de salud pública —incluidas las normas de control del tabaco— de la interferencia comercial de la industria, en cumplimiento con las directrices del Artículo 5.3 del CMCT, y asigna puntajes comparables entre países para identificar cuáles son los que ofrecen mayor protección a la salud pública. Cuanto más bajo el puntaje, mejores las condiciones de cada país y, sopiler alert, ningún país de América latina y el Caribe ha recibido el menor. Es más: solo lo ha obtenido un país en el mundo: Brunei Darussalam, un sultanato islámico diminuto (5,765 km²) con 462.721 habitantes en 2024, ubicado en la isla de Borneo…
Pero volvamos a nuestra región: en el informe, publicado en noviembre de 2025 y del que participaron 19 países de América Latina y el Caribe, se pone de manifiesto que 11 han empeorado su puntaje y en siete se han producido mejoras. De ellos, México es la nación con menor interferencia de la industria tabacalera, y República Dominicana es la que sufre mayor intrusión en sus políticas públicas.
“México se ha convertido en referente regional por su aplicación efectiva de las directrices del Artículo 5.3 del CMCT, la adopción de códigos de conducta para servidores públicos y su vigilancia permanente frente a los intentos de la industria tabacalera de influir en decisiones regulatorias”, señaló en un comunicado de prensa Michell Castillo Trejo, asesora en Políticas de Salud para el Control del Tabaco en la oficina del Subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional. De todas formas, advirtió que “la industria se reinventa con tácticas cada vez más sofisticadas, lo que exige una respuesta institucional constante y adaptativa”.
Metodología aplicada y algunos resultados |
El estudio -destaca el texto del reporte- se basa en la información pública disponible obtenida por los colaboradores en sus respectivos países, fue elaborado por GCTC y por los especialistas Daniela Valdivieso, Daniel Sorado y Jaime Arcila, integrantes de Corporate Accountability. “Para medir la interferencia de la industria tabacalera (IT) cada país respondió un cuestionario basado en las directrices del Artículo 5.3 del CMCT de la OMS, desarrollado por SEATCA (aclaración: Alianza para el Control del Tabaco del Sudeste Asiático, por su sigla en inglés). Se usó información pública del período de abril 2023 a marzo 2025. El Índice regional toma en cuenta los resultados individuales de cada país, y su puntuación depende del número, la gravedad y la frecuencia de los casos de interferencia registrados”, destaca el reporte en sus primeras páginas.
El reporte destaca, en términos generales, que la IT sigue interfiriendo en las políticas públicas de todos los países de América Latina y el Caribe y, como en ediciones previas, la tendencia general es al aumento de esa injerencia. “El Índice reafirma que la interferencia de la IT continúa siendo uno de los principales obstáculos para desarrollar e implementar efectivamente políticas para el control del tabaco en esta parte del mundo”, destaca en reporte en sus conclusiones. Por su parte, Laura Salgado, del GGTC, señaló: “El Índice Regional 2025 evidencia que la industria continúa ejerciendo una influencia indebida sobre las políticas públicas, aprovechando vacíos en la gobernanza y la transparencia (el resaltado es nuestro) para proteger sus intereses a costa de la salud”.
Entre las situaciones más graves se destacan las siguientes:
• Vacíos normativos, reducción o eliminación de impuestos, desmantelamiento de marcos legales vigentes o tácticas dilatorias para frenar nuevas regulaciones generan entornos favorables a la IT,
• Elevada interacción innecesaria entre gobiernos y la industria, particularmente a través de acciones de “responsabilidad social empresaria o corporativa”, acuerdos contra el contrabando y participación en actos oficiales.
• Mantenimiento de beneficios fiscales y regulatorios para la industria tabacalera, incluidos subsidios, exenciones, tratamientos impositivos diferenciados o demoras en la aplicación de normas.
• Falta de mecanismos preventivos efectivos, como códigos de conducta, registros de interacciones y sistemas de rendición de cuentas, lo que favorece la opacidad de las acciones y limita el control ciudadano.
• Conflictos de interés no regulados y escasa transparencia: vínculos entre funcionarios y la industria, baja participación de la sociedad civil, y debilidades en la difusión y en la aplicación del Artículo 5.3 del CMCT de la OMS.
Pero veamos el panorama un poquito más en detalle. Cuando compararon los datos de 2023 con los de 2025 detectaron que:
• 11 países evidencian un incremento de la interferencia de la IT respecto de evaluaciones anteriores: Colombia, Paraguay, Bolivia, Argentina, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Jamaica, Nicaragua y Panamá.
• Honduras mantiene el mismo resultado.
• 7 países mejoraron su desempeño en la protección de las políticas de salud pública: República Dominicana, Brasil, Perú, Venezuela, Chile, Uruguay y México.
Aclarado ya que ningún país de la región está exento de interferencia de la Industria tabacalera, esta es la situación de algunos de los países: México, con un total de 48 puntos, es el que ha logrado el mejor control en estos dos años, y lo siguen Chile y Uruguay con 52. Panamá y Venezuela obtuvieron 54 puntos; Perú, 56; Nicaragua, 58; Jamaica, 59; Costa Rica 64 y Brasil, 65; Ecuador, El Salvador y Guatemala, alcanzan 68 puntos; Argentina, 87, y Colombia, 89, con lo que se ubica en penúltimo lugar. El peor puntaje lo obtuvo República Dominicana: 98.