Por Diana Cohen Agrest
Para LA NACION
"La gente empezaba a despertar y a comprender que el principio de la responsabilidad colectiva es inmoral, porque siempre se puede diferenciar claramente entre los que son culpables y los que sólo están presentes cuando los culpables cometen los crímenes, y están presentes porque no pueden hacer otra cosa." Pensado desde la Argentina de los años oscuros inaugurados en la década del 70 y cuyo ocaso llegaría con la aventura de las Malvinas, ¿acaso se trata de un mero artificio conceptual? ¿Se trata de otro mecanismo autoexculpatorio? ¿O, lejos de uno y otro, es un interrogante lúcido que por fuerza debemos hacernos quienes vivimos durante los años 70? Hace unos días, Eduardo Zimmerman, rector de la Universidad de San Andrés, citaba en este diario el dilema del escritor húngaro Sándor Márai transcripto más arriba, cuya resonancia no puede sernos indiferente.
Es verdad que en los días que precedieron al golpe, sumergida en la violencia ciudadana y la acefalía de Estado, la sociedad civil, atemorizada, invocó a las Fuerzas Armadas como el instrumento de rescate del caos y de la inseguridad. Y también es verdad que, no bien instalado el régimen, la misma sociedad se entregaba esperanzada al orden y a la seguridad prometidos. Salvo las excepciones encarnadas en los integrantes de los incipientes organismos de derechos humanos, el ciudadano medio se plegó sumisamente a la obediencia civil.
Es comprensible, porque el régimen militar, que en sus albores se había prenunciado como el presunto salvador de una ciudadanía fracturada, se fue apropiando del miedo preexistente y lo desplazó hacia sí como nuevo objeto de temor. El Mal, de allí en más, ya no serían los militantes armados o la Triple A, sino los parapoliciales y militares en sus Falcon verdes. La lógica ética y psicológica de las épocas signadas por el terror ya había sido advertida en la Roma de los tiempos de Séneca, quien dijo: "Así como una misma cadena ata al preso y a su guardián, así van juntos el miedo y la esperanza".
Miedo y esperanza fueron los dispositivos de control que promovieron la sumisión a un régimen que había barrido con las libertades civiles. Tuvimos que limitarnos a formas parciales de realización de una libertad viciada, ilusoria y estúpidamente encarnada en los goles mundialistas o en un vergonzoso "deme dos", dimensión de una autorrepresentación colectiva impuesta por una eficiente maquinaria de propaganda. Respuesta, si acaso merece el nombre, torpemente existencial ante la ausencia de un espacio político.
Al fin de cuentas, se había canjeado el caos por un presunto orden a costa de las desapariciones que, hasta bien entrado el régimen, eran imposibles de dilucidar en su naturaleza inapelable. Sin embargo, aun cuando el golpe de Estado no hubiese sido posible sin el consenso popular, el ciudadano medio no se sentía responsable de los secuestros y las desapariciones, porque intuía que no estaba en sus posibilidades cambiar, una vez desencadenados, esos itinerarios inciertos.
En verdad, eran tantas las sospechas como temibles las certezas, porque todo saber acrecentaba el temor. En ese clima enrarecido, la violencia armada, asociada con la represión cultural, alteró las prácticas sociales, modificándolas radicalmente. Se evitaba salir en grupos, la vida nocturna casi no existía y no se hablaba con desconocidos. Los espacios eran cerrados y militarizados. Si un número de teléfono escrito descuidadamente en una libreta era el pasaporte a la desaparición, una fuerza tan poderosa como implícita acallaba el pensamiento mismo de cualquier denuncia.
¿No nos dábamos cuenta de que las condiciones de supervivencia de entonces no eran normales? Lo cierto es que lo cotidiano suele funcionar por default: una vez que se instaura, rápidamente es incorporado como orden natural. En sus comienzos, cuando se reclamó el auxilio de las Fuerzas Armadas, los regímenes militares se concebían por analogía con el modelo del onganiato.
Imprevista, la dictadura del 76 resultó excepcional. Como tal, no podía ser medida o calificada en comparación con un parámetro preexistente. Cuando en viaje por el extranjero nos preguntaban por los centros de detención aludiendo a ellos en términos de "campos de concentración", esta expresión estaba tan indisolublemente unida con la experiencia nazi o con los gulags soviéticos que, entonces, no podíamos creer que Automotores Orletti, por cuya puerta pasábamos todas las mañanas camino al colegio, mereciera ese nombre mortífero.
Zimmerman concluía con un par de interrogantes tan incómodos como ineludibles: ¿cuál es y a qué grado llega la responsabilidad individual si el Estado comete actos ilegales e inmorales? ¿La ausencia de resistencia activa ante el crimen nos convierte en cómplices a todos o esa imputación es, efectivamente, un malabarismo inmoral?
Con el fin de ensayar una respuesta, adviértase que, en principio, el juicio moral suele tomar en cuenta los motivos del agente para establecer si es culpable. Una excusa absolutoria sostiene que si la persona ha actuado bajo coerción o por ignorancia, entonces no es responsable. Pero, además, si la responsabilidad es entendida como una condición de imputabilidad de los actos y las omisiones, en ese contexto de violencia de Estado, la noción de responsabilidad individual parece demasiado débil y no es posible aludir a ella porque, de hecho, la sociedad civil se encontraba atomizada en individuos que cuidaban de su supervivencia.
Más aún: es injusto atribuirle al agente individual la responsabilidad de consecuencias resultantes del operar estructural de un Estado coercitivo. Tampoco es justo invocar cierta responsabilidad colectiva, pues, en esos tiempos, toda representatividad había sido derogada y el poder de organización del colectivo había quedado excluido como tal. Tal como se nos advierte, esa imputación es, efectivamente, un malabarismo inmoral, por el que se pretende cargar a la víctima con la responsabilidad del victimario.
Incontables páginas se escribieron no sólo sobre los jóvenes idealistas que ofrendaron su vida en aras de la supervivencia de una cúpula, que, incluso, los traicionó, sino también sobre los represores que actuaron, obedeciendo o no a una cadena de mandos. Casi nada se dijo sobre los testigos de esa década oscura, donde el Mal eran los otros. Casi nada sobre los otros de los otros. Tal vez porque no es posible reivindicar heroísmo alguno, tal vez porque no es posible narrar una crónica retrospectiva de una gesta sin gesta, de un silencio comprado a fuerza de amenazas perpetradas y miedo hecho carne.
Precisamente por ese silencio, que más que ausencia es un síntoma, esos interrogantes persisten más vivos que nunca, porque a esa generación silenciada todavía la aguarda el preguntarse qué lugar le cabe en la reescritura de una historia de la cual es excluida.
Examinar las causas de ese no lugar, de esa invisibilidad construida a fuerza de miedo y esperanza, es una condición inexcusable para que esa generación pueda ser reintegrada a esa historia que, en apariencia, sólo en apariencia, le es ajena.
La autora es doctora en Filosofía (UBA) Su último libro es Inteligencia ética para la vida cotidiana.