El ahorro que costó 104 vidas

FRANCESC RELEA (ENVIADO ESPECIAL)  -  Panamá 
 
Panamá vivía todavía bajo los efectos de la intoxicación masiva por un jarabe contaminado que, desde octubre pasado, ha causado la muerte de 104 personas, según la asociación de familiares de víctimas, cuando ha sonado de nuevo la señal de alarma. Esta vez, la amenaza proviene de un dentífrico que, aparentemente, contiene el mismo agente tóxico, dietileno-glicol, que llegó a Panamá importado desde China como glicerina pura. "No hemos terminado con el trauma anterior y se nos viene encima el de la pasta dental", dice en su despacho Luis Martínez Sánchez, instructor de la investigación de la nueva mercancía contaminada, que desde Panamá fue reexportada a la República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Colombia.

El envenenamiento en Panamá por ingestión de un jarabe contra la tos, elaborado y distribuido gratuitamente por la Caja del Seguro Social, es la consecuencia de una larga cadena de actuaciones negligentes que arranca en China y culmina en el país centroamericano. Las autoridades sanitarias creían tener en sus manos glicerina pura en un 99,5% cuando en 2003 llegó al puerto de Colón un contenedor con 46 barriles procedentes del país asiático, que se ha convertido en un gran suministrador de mercancía barata que soslaya los controles indispensables.

En realidad, lo que viajaba en el cargamento fabricado por la empresa Taixing Glycerine Factory, en la ciudad de Hengxiang, y expedido por la intermediaria Fortune Way, de Pekín, no era glicerina, sino dietileno-glicol, un disolvente utilizado comúnmente como anticongelante para automóviles y mortal para el consumo humano. El certificado de análisis y la documentación aseguraban lo contrario. La mercancía hizo una escala en Barcelona, donde otra intermediaria, Rasfer International, se limitó a colocar sus etiquetas sin comprobar el contenido de los contenedores. Y así llegó hasta Panamá, donde la importadora, Medicom, SA, alteró la fecha de caducidad, según las autoridades.

El destino de la glicerina adulterada era la Caja del Seguro Social, que licita la adquisición de medicamentos entre distintos proveedores. Gana el que ofrece mejor precio, por encima del fabricante más reconocido, porque las limitaciones presupuestarias se imponen a la calidad, explica la médica Giselle Rodríguez, que coordinó el equipo que atendió a las víctimas. Las pruebas del laboratorio del Seguro Social midieron erróneamente la pureza de la sustancia por falta de medios. Y los mismos químicos procedieron a elaborar el jarabe contra la tos con la supuesta glicerina que en realidad contenía dietileno-glicol.

Los efectos fueron devastadores. El facultativo Néstor Sosa era el jefe de enfermedades infecciosas del hospital del Seguro Social cuando descubrió lo que se bautizó como Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda (SIRA). "No habíamos visto nada igual. Olía a epidemia porque se habían distribuido más de 180.000 ampollas", explica.

Los pacientes presentaban fallas renales y síntomas neurológicos, que iban de debilidad en las extremidades a parálisis facial o de los músculos respiratorios. En algunos casos presentaban convulsiones y comas profundos. Los supervivientes padecen secuelas renales y en algunos casos tienen que someterse a diálisis. Según Dimas Guevara, titular de la fiscalía especial para la investigación del SIRA, creada en enero pasado, se han presentado 506 denuncias y se investiga la muerte de 369 personas por su presunta vinculación con la intoxicación. Las cifras de víctimas mortales difieren, según la fuente sea el hospital del Seguro Social, la fiscalía o el Ministerio de Salud. De momento hay 12 personas acusadas (cuatro detenidas), que incluyen directivos de Medicom, SA, del laboratorio del Seguro Social, que ha sido clausurado, y el director de Farmacia y Drogas, que fue destituido. El fiscal Guevara ha pedido asistencia judicial a España y China para investigar el caso.

El pánico cundió de nuevo cuando un ciudadano descubrió recientemente en una tienda de suministros de bajo precio una pasta dental que en su composición contenía dietileno-glicol. El establecimiento Vendela de la capital panameña fue clausurado durante una semana y toda la mercancía sospechosa fue retirada del mercado. La madeja del dentífrico contaminado conduce a la distribuidora J&M, en la Zona Libre de Panamá, que aparentemente importó de China la mercancía para la reexportación de medio millón de tubos de pasta a otros países.

Un inmenso fraude sanitario
Peligro: medicinas 'made in China'

Pekín condena a muerte al ex responsable de Medicamentos por aprobar fármacos mediante sobornos

JOSE REINOSO  -  Pekín 
 
China dictó ayer una condena ejemplarizante. Un tribunal de Pekín sentenció a muerte al ex director de la Administración Estatal de Alimentos y Medicinas, Zheng Xiaoyu, de 62 años, por corrupción y dejadez de funciones. La decisión, que puede ser recurrida, se produce en medio de la ola de escándalos que ha sacudido al país asiático en las últimas semanas por las deficiencias en los sistemas de control y de seguridad de los productos farmacéuticos y alimentarios chinos, y que van de la fabricación de un ingrediente medicinal falso -a consecuencia del cual han fallecido al menos 100 personas en Panamá- a la exportación de pasta de dientes mezclada con un químico tóxico o de comida para mascotas con aditivos letales. La sentencia, de una dureza que ha sorprendido, se produce en el marco de la intensa campaña en marcha contra la corrupción y pone de relieve hasta qué punto el Gobierno quiere mostrar que está tomando medidas drásticas para poner freno a la alarma internacional sobre sus productos. Especialmente, cuando se acercan los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Los jueces son nombrados en China por el Partido Comunista (PCCh).

Zheng Xiaoyu sabía que tenía un trabajo privilegiado, y rentable. Era el máximo responsable de la Administración Estatal de Alimentos y Medicinas, el organismo encargado de aprobar los fármacos. Ocupaba, por tanto, una posición ideal para ingresar un dinero extra a cambio de mirar hacia otro lado. Pero el cántaro de Zheng fue demasiado a la fuente. En 2005 se jubiló y el año siguiente comenzó a ser investigado por corrupción por la Comisión Central de Disciplina del partido, del cual fue expulsado en marzo de este año. Sus bienes han sido confiscados.

El 16 de mayo comenzó su juicio tras ser acusado de recibir sobornos -en forma de dinero y regalos- por 6,5 millones de yuanes (630.000 de euros) a cambio de conceder registros sin los ensayos pertinentes. Una compañía, Kongliyuan, le pagó supuestamente por aprobar 277 medicamentos, la mayor parte de ellos antibióticos muy rentables. Un total de 31 personas están afectadas por la investigación, incluidos su esposa, Liu Naixue, y su hijo, Zheng Hairong.

Entre los fármacos registrados irregularmente bajo el mandato de Zheng -que comenzó en 1998 (año de creación de la agencia)-, figura un antibiótico que mató a 10 personas el año pasado, antes de ser retirado. Las autoridades sanitarias han dicho que van a revisar unas 170.000 licencias, concedidas mientras dirigió el organismo.

"Zheng debía utilizar el poder que le había sido concedido por el Estado y por el pueblo de forma seria y honesta, pero ha ignorado los intereses fundamentales de éstos, aceptando sobornos", declaró el tribunal, según la agencia Xinhua. "Esto ha amenazado la vida y la salud de la gente y ha causado un impacto social muy negativo".

Que el directivo y sus allegados recibían sobres a cambio de aprobaciones era sabido. "Los maletines con dinero eran cosa habitual. Zheng favorecía a aquellos que estaban asociados con él. Pero fue demasiado lejos. Esto le creó muchos enemigos", dice una fuente de la industria farmacéutica, que tiene contactos frecuentes con la agencia del medicamento.

Asegura este empresario que sobornan tanto las empresas chinas como las extranjeras. "Por ejemplo, cuando realizas los ensayos clínicos, en los hospitales tienes que dar dinero a los médicos y costear viajes. Si tu producto no llega al valor de eficacia fijado en los protocolos, simplemente pagas, y las cifras en el informe cambian. Esto continúa ocurriendo", dice. Sin embargo, afirma que "el Gobierno está trabajando en este tema, y la situación está mejorando mucho". "Pero contar con un sistema de control efectivo es algo complejo, y China sigue siendo un país en vías de desarrollo", señala.

Jiang Yu, portavoz del Ministerio de Exteriores, dijo ayer que la condena de Zheng -puede ser apelada- es un asunto interno, y añadió: "Creo que refleja la determinación del Gobierno de luchar contra la corrupción". Pekín castigó el año pasado a 97.000 miembros del partido por este motivo.