No es sencillo marcar con claridad el inicio de una crisis. Pero a más de un año, puede proponerse que “todo empezó” en enero de 2024, con las primeras denuncias profundas sobre desabastecimiento de insumos y de medicamentos en el sistema de salud pública, cuando al mismo tiempo el Gobierno publicaba en redes sociales un “abastecimiento del 70 %”. Concretamente –según describía ya en febrero del año pasado el periódico La Hora-, el 30 de enero anterior, durante una rueda de prensa, representantes de siete asociaciones habían lanzado una alerta pública. En ese momento, Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, advirtió que se sufría una disminución del Presupuesto General del Estado para la Salud y que ya habían recortado “más de 608 millones de dólares”. Por su parte, Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, reclamó: “Los médicos ecuatorianos no mentimos. Por eso le pedimos presidente (Daniel Noboa) cambie la historia del sistema de salud del Ecuador. Por otro lado, empezaron a interrumpirse tratamientos críticos. Como ejemplo: el 30 de abril pacientes oncológicos del hospital Carlos Andrade Marín, el más grande del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, protestaron durante horas; a ellos se sumaron los médicos, que (informó ese día Ecuavisa) piden lo mismo: medicinas, insumos y estabilidad para trabajar”.
De alguna manera, podemos pensar que estos hechos marcan una suerte de punto de partida de una crisis sanitaria que profundizó el faltante de tratamientos e insumos; se sacudió con un escándalo de mortalidad neonatal y hasta desencadenó una medida sin precedentes: en febrero de este año el Gobierno decidió nombrar militares como gerentes de varios hospitales públicos clave, especialmente en Guayaquil. La decisión fue justificada por el Ministerio de Salud como estrategia para combatir la corrupción (había evidencias de sobreprecios y asignaciones directas de contratos de años anteriores), restaurar la institucionalidad (el director administrativo de uno de los hospitales había sido secuestrado en enero), erradicar insuficiencias administrativas, y enfrentar la inseguridad, aparentemente vinculada con redes mafiosas.
En mayo la situación se puso complicada: se denunció que la falta de medicamentos obligaba a familiares de pacientes del Hospital Monte Sinaí a adquirirlos por su cuenta, violando el principio de gratuidad del sistema público. En julio ya no fue solo cuestión de insumos médicos: según publicó el 1 de agosto el diario Primicias, el Hospital del Sur Enrique Garcés, uno de los más importantes de Quito, debió recurrir al Banco de Alimentos de la ciudad por falta de presupuesto para comprar comida para pacientes y personal; los canjeaba entregando reciclables. No es el único en problemas en la capital: el Hospital Eugenio Espejo, el más grande del país, dejó de darles de comer tanto a los pacientes como al personal de salud. La causa: según datos del Ministerio de Salud, que también cita Primicias, el recorte presupuestario para alimentación, limpieza y seguridad, entre 2023 y 2025, fue de 78,6 millones de dólares.
Como si fuera poco, entre el 23 de julio y los primeros días de agosto murieron 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil. Según informó el Ministerio, esas muertes se debieron “a causas multifactoriales”, incluyendo prematuridad severa en muchos casos. Pero está claro que en al menos dos de los casos hubo una infección intrahospitalaria por Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenemes, una bacteria con alta letalidad, y no tardaron en llegar denuncias sobre reutilización de insumos.
Lo cierto es que el Ministerio lo niega, pero declaró una alerta epidemiológica en el hospital, aplicó protocolos de contención, con aislamiento y desinfección de la Unidad de Cuidados Intensivos Nenonatológicos, y retiró de sus cargos a los responsables de la gestión del hospital. Además, prometió que una comisión técnica apoyada por la OPS evaluará las causas del brote y reforzará los protocolos sanitarios. Por otra parte, la Fiscalía abrió una investigación de oficio y solicitó historias clínicas y protocolos, y la Defensoría del Pueblo exigió un informe. Sin embargo, las cosas siguen sin estar claras: “Estas medidas son anunciadas después de que el medio digital La Posta denunciara hace unos días que dieciocho recién nacidos habían fallecido en la unidad de cuidados intensivos del hospital en julio pasado debido a una infección asociada a la atención sanitaria”, señaló la agencia EFE el 8 de agosto. Casi como una coda: en una entrevista con Primicias, justo una semana después de la publicación de EFE, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, señaló: “No recuerdo una crisis de salud tan grave como esta. Tengo 67 años y no recuerdo…”.
Aunque en los días que siguieron el Gobierno tomó algunas medidas, el panorama es bastante desolador, al punto de que la Alianza Nacional por la Salud (ANS) —agrupación de al menos 38 organizaciones de pacientes con enfermedades crónicas, raras y catastróficas— solicitó públicamente la declaración de emergencia del sistema de salud. El reclamo fue reforzado por Gustavo Dávila, líder de la ANS, durante una rueda de prensa donde se denunció la falta de respuesta institucional, y se exigió atención inmediata para garantizar tratamientos.
La respuesta del Estado |
El 12 de agosto, según informó Primicias, la vocera del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, informó que se decidió no declarar el sistema de salud en emergencia; solo las citadas “medidas de control internas” en el hospital. Aun así, el Gobierno anunció una asignación adicional de USD 68 millones al presupuesto del Ministerio de Salud Pública para los próximos tres meses.
Por otro lado, el 19 de agosto, por Decreto Ejecutivo No. 108, se formó el Comité Nacional de Salud Pública, “cuya finalidad es garantizar el acceso oportuno, seguro y de calidad a los servicios de salud pública”, articular respuestas integrales y asegurar el abastecimiento de insumos, y “supervisar y evaluar el desempeño del sistema”. En la primera reunión del comité, realizada el 21 pasado, se anunció que USD 60 millones no ejecutados se reasignarían para compras centralizadas, se proyectó un aumento presupuestario de USD 63 millones para el cierre de 2025.
También el 12 de agosto, el ministro de Salud, Jimmy Martin, anunció que el Hospital Universitario y los hospitales Monte Sinaí y Guasmo Sur, también ubicados en Guayaquil, serían intervenidos por las Fuerzas Armadas, concretamente, de la Armada.
Otros problemas |
Por otro lado, recordemos que -como informó oportunamente IntraMed- en mayo el país enfrentaba en simultáneo, además de casos de fiebre amarilla (los primeros desde 2017), un brote de casos de tos ferina, que hasta junio llegaron a 1.366 (23 muertes), muchas de ellas en menores de un año. Y además, uno de leptospirosis, que en los primeros cinco meses del año se disparó a nivel nacional y llegó a 771 casos (el triple que en el mismo periodo de 2024); las zonas más afectadas fueron las provincias de Guayas, Manabí y Zamora Chinchipe. Y como si fuera poco, el 12 de marzo se comunicó que se habían reportado 1.115 casos de tuberculosis en 12 de las 35 cárceles de Ecuador, más de la mitad (567) concentrados en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil; cinco internos fallecieron en ese penal. Aunque el Ministerio de Salud asegura que la tuberculosis no fue la causa de sus muertes, las familias de los detenidos denuncian las deficientes condiciones dentro del penal y la carencia de atención médica adecuada.
Ahora, concretamente el 18 de agosto, el Ministerio anunció que, luego de 14 años, se ampliará progresivamente el programa de vacunación, e informó haber invertido “cerca de USD 50 millones para el 100 % de abastecimiento de vacunas en todo el país, y su disposición inmediata en todos los centros de salud”.
El futuro siempre es incierto, pero en este caso parece serlo más, a juzgar por las voces de expertos citados el 24 de agosto por el diario El Mercurio. Saúl Chalco, exdirigente de la Asociación de Empleados e integrante del Comité Especial Único del IESS, señaló que superar la crisis hospitalaria del IESS depende de una asignación presupuestaria oportuna por parte del gobierno central. Por su parte, José María Egas, coordinador del Observatorio de la Salud en Azuay, y Tenorio (recordemos, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana), coinciden en que no se trata solo de diagnósticos, sino de actuar con decisión. “No es momento de desgarrarnos las vestiduras, sino de aportar soluciones. El país lo requiere y tenemos un compromiso con la historia”, advirtió Tenorio; y Egas complementó: “Sin salud ni educación, el futuro es oscuro y desalentador”.