Condenan a una obra social por demorar un trasplante

Una obra social fue condenada a indemnizar con 30.000 pesos por "daño moral" a un afiliado al que se autorizó de manera tardía a hacerse un trasplante de riñones. El hombre sufría de una insuficiencia renal crónica y la demora en realizarse la operación lo obligó a prolongar durante meses sus sesiones de diálisis.

"La pasamos mal. A mi marido lo echaron de su trabajo cuando ya estaba en fecha para operarse, en setiembre de 2000, y la obra social daba vueltas para autorizar su trasplante", recordó ayer a Clarín su esposa. Y añadió: "Tuvimos que ir a la Justicia para que apuraran la operación porque a los tres meses del despido se quedaba sin cobertura social".

José Baltazar A. —tiene 39 años y sobrevive haciendo changas de albañilería— trabajaba como operario en una fábrica de frazadas. En 2000, al poco tiempo de que se le diagnosticara su enfermedad, perdió el empleo. "El no faltaba nunca, pero tres veces por semana sólo podía trabajar hasta las tres de la tarde porque tenía que hacerse la diálisis. Entonces lo echaron", contó su esposa.

Para esa época el hombre ya tenía iniciados los trámites para operarse en la Obra Social para el Personal Textil (OSPIT), a la que estaba afiliado. Su mujer hizo todos los trámites legales y obtuvo tres presupuestos para el trasplante: en el Argerich, el Italiano y el Sanatorio Mitre.

"La opción más económica era la del Argerich, que cobraba unos 14.000 pesos. Y como la Superintendencia de Salud nos obligaba a elegir la más barata, decidimos que debía operarse en el Argerich", dijo Jorge Palmeiro, gerente de Asuntos Legales de OSPIT.

Pero José Baltazar A. prefería trasplantarse en el Mitre. "Cobraba unos 4.000 pesos más, pero ahí estaba el médico que lo había atendido siempre y nos daba más confianza", recordó su mujer.

Presentaron, entonces, un recurso de amparo en la Justicia. El 30 de diciembre de 2000 la jueza Graciela González Echeverría dispuso que el trasplante se hiciera en el lugar que prefiriera el trabajador. "Para no demorar más la operación nosotros ni siquiera apelamos la sentencia", afirmó Palmeiro. Así, el trasplante se hizo 26 de enero de 2001.

Un año después José Baltazar A. presentó otra demanda, esta vez por el daño psíquico y moral que había padecido a causa de los meses que le llevó lograr la autorización para operarse, tiempo en el que debió seguir recibiendo el tratamiento de diálisis. Ahora la Sala M de la Cámara en lo Civil acaba de darle la razón.

En su fallo, los jueces sostuvieron que la demora para "el acto quirúrgico" le produjo al trabajador una "obvia incertidumbre respecto de su futuro y las probabilidades de su fallecimiento, que indudablemente vio representado". José Baltazar A. aún no cobró la indemnización. El dinero, dijo su esposa, probablemente lo usen para comprar una casa.