Colombia pionera: cumplió dos años la primera sala de uso supervisado de drogas inyectables de Sudamérica

Foto: Gentileza COPOLAD

CAMBIE se llama desde que era un proyecto de intercambio de jeringas, en 2014. Y ya hace más de dos años es un dispositivo comunitario que ofrece y sostiene una sala de consumo supervisado, concebida como espacio seguro y no punitivo para personas que se inyectan drogas (PID). Surgió de una iniciativa impulsada por la Corporación Acción Técnica Social, una entidad colombiana que ya en 2007 buscaba incidir en políticas públicas, y desarrollar programas y estrategias para promover, desde un enfoque de prevención y reducción de daños, los derechos de personas que consumen sustancias psicoactivas. Por ese camino, en 2014 lograron crear el primer programa de distribución de material estéril de inyección mientras trabajaban en incidencia con apoyo técnico nacional e internacional de, entre otros, la Open Society Foundation (OSF), la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD) de España, y el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas (COPOLAD). Por fin, a mediados de 2023 esta nueva versión de CAMBIE vio la luz en Bogotá, donde se ocupa de una población vulnerable de entre 7.000 y 8.000 personas que se inyectan drogas, y que fue coordinado por el psicólogo Daniel Rojas Estupiñan hasta hace muy poco (según informó él mismo a IntraMed). Pero eso no es todo: quienes acuden a la sala (el 25 % de los usuarios está en situación de calle) reciben, si lo necesitan, ropa, artículos de higiene personal, atención de enfermería e incluso pueden dormir en el lugar…

Ya volveremos a nuestra historia, pero es interesante destacar que, como parte de este camino, se ha logrado –informó también COPOLAD- que el Gobierno anunciara mediante la Resolución 2100 de noviembre de 2025 la adopción oficial una “Política integral para la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sustancias psicoactivas 2025-2033”, así como la creación del Sistema Nacional de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas. Según destacó en una nota de prensa la organización internacional, “la nueva política consolida un enfoque integral, basado en la evidencia científica, los derechos humanos y la salud pública”. “La política de Colombia marca un hito en la región al incorporar plenamente la reducción de riesgos y daños como estrategia central”, agrega y explica: “La reducción de daños es un enfoque de salud pública que busca disminuir las consecuencias negativas, tanto físicas como sociales, asociadas a comportamientos como el consumo de drogas, sin exigir la abstinencia (los destacados son nuestros). Se enfoca en políticas y prácticas que reducen los daños, como la distribución de material de inyección estéril, la operación de salas de consumo controlado o la entrega de naloxona para revertir sobredosis”.

Volvamos, con estos datos, a CAMBIE, cuya historia Rojas Estupiñan escribió así en 2024: “La preparación para el desarrollo de este dispositivo no fue algo fortuito o arbitrario; en principio, se tuvo en cuenta los diferentes datos epidemiológicos que el fenómeno de drogas inyectables establecía para Bogotá -a pesar de que Colombia se encuentra en deuda y en números rojos en cuanto a la visibilización del fenómeno-, así como las diferentes necesidades y dinámicas de las PID”. Y en esa área, enumeraba, entre otras: potenciales sobredosis fatales; prácticas de consumo ocultas; condiciones de insalubridad en los espacios de inyección y durante la inyección; falta de acceso a servicios básicos y a tratamientos, y falta de posibilidades de disposición segura de material de inyección usado. "Lo primero y lo más importante, y por lo que estamos acá, es salvar vidas", explicaba Rojas Estupiñan, y los números que habían logrado en poco más de dos años de trabajo lo respaldan: habían logrado revertir 15 sobredosis de forma directa, 10 dentro del dispositivo y 5 en territorio externo; habían entregado más de 26.000 jeringas estériles para minimizar riesgos de infecciones; habían recuperado más de 10.000  jeringas usadas, muchas de ellas, del espacio público, para evitar que fueran reutilizadas, y habían entregado más de 650 dosis de naloxona para evitar sobredosis. Esas cifras han seguido creciendo: según su portal en internet, visitado en los primeros días de febrero de 2026, eran ya 339.675 las jeringas estériles entregadas, y 197.049 las recuperadas.

Una nota publicada a fines de 2025 por Medicinaysaludpublica.com, plataforma digital y revista científica con sede en Puerto Rico describe así el centro de atención: “La puerta puede pasar desapercibida entre el bullicio del centro. Adentro hay cubículos con espejos, mesas de acero con guantes, jeringas nuevas y contenedores para desechar material usado. El ingreso incluye recepción con personal de salud: consentimiento (si es la primera vez), registro (hora, sustancia, dosis, sitio de inyección), lavado de manos y entrega o intercambio de kit (jeringas BD, agua destilada, torniquete, curas, algodón, cooker). Luego, la persona accede a un cubículo para consumir bajo observación la sustancia que llevó al centro y, tras la inyección, pasa a un área de reposo”. "Es muy diferente que en la calle: allí algunos llegan a usar hasta agua de charco. Aquí entregamos kits y enseñamos prácticas que reducen infecciones", explicó Rojas Estupiñan, entrevistado en la nota.

Están contentos y son optimistas, pero no fue fácil. El centro funciona en el barrio Santa Fe, de Bogotá, y debieron enfrentar mucha resistencia  y prejuicios de los vecinos. “Tuvimos lo que se llama el efecto NIMBY (Not In My Backyard), es como 'no aquí'”, reconoció Rojas, pero agregó: “Sin embargo, después de dos años de operación, las relaciones han cambiado; la evidencia ha mostrado la efectividad”.  

Claro que el dispositivo no puede hacerse cargo del problema de toda Colombia, de modo que el hecho de que el Gobierno haya reaccionado a la realidad innegable es una buena noticia. Por de pronto, un diagnóstico técnico sobre el consumo de sustancias en Colombia elaborado por el Ministerio de Salud, el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), y el Instituto Nacional de Salud, pone blanco sobre negro lo que se sabe: el panorama en esta problemática es complejo, las variables son muchas, y la implementación enfrenta retos como la desigualdad en capacidades locales, la débil articulación intersectorial, la sostenibilidad financiera y la persistencia del estigma social. ¿Falta? Sí, muchísimo. Pero aun así Colombia está siendo pionera en Sudamérica: además de haber puesto en vigencia la Resolución 2100, que se aleja de enfoques punitivos tradicionales y vira hacia un modelo que reconoce el consumo de sustancias como un tema de salud pública y de derechos humanos, en 2025 fue sede de la Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños, lo que refleja que se está posicionando como actor clave en la agenda latinoamericana de políticas públicas alternativas respecto de la problemática.