Colombia: la importancia de las variables no biológicas en la epidemiología

La guerra causa miles de muertos, heridos y desplazados; siempre lo ha hecho. Y si las guerras duran más de seis décadas, como la de Colombia, las secuelas son muchísimas y muy variadas. Así lo muestra un trabajo que, con fecha 26 de marzo, ha publicado un equipo de investigadores colombianos (más uno español). “Más allá de estas consecuencias directas, la evidencia muestra que (el conflicto armado) también se asocia con aumentos en la morbilidad y mortalidad generales a través de múltiples vías vinculadas a los determinantes sociales y ambientales de la salud. Estos incluyen un aumento de la pobreza, la desintegración de las estructuras comunitarias y las redes de apoyo social, retrocesos en el desarrollo social y económico, y daños a la infraestructura y a los recursos naturales”, destaca a poco de empezar el paper, y agrega: “Colombia sigue siendo uno de los países con conflictos armados más prolongados a nivel mundial y ha sido la nación más afectada por conflictos en América Latina durante los últimos cuatro años”. Para ponerlo en escala: se calcula que el 80 % de las personas fallecidas en el conflicto han sido civiles, y hasta abril de 2022, el Registro Único de Víctimas reportó 9.263.826, de las cuales 2.048.563 eran niños. A ellos, con los datos actuales, habrá que sumar los que mató la tuberculosis (TBC).

La investigación fue liderada por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), institución que nació de la alianza entre la Fundación "la Caixa" y entidades académicas y públicas, con el objetivo de “afrontar los retos de la salud en un mundo globalizado”, según consta en la autopresentación en su sitio web. El equipo estuvo integrado por la colombiana Salomé Valencia-Aguirre, investigadora predoctoral de ISGlobal y autora principal del estudio; Carlos Andrés Castañeda-Orjuela y Juan Camilo Gutiérrez-Clavijo, del Observatorio Nacional de Salud de Colombia; Karol Cotes-Cantillo, del Instituto Nacional de Salud de Colombia, y Alberto Garcia-Basteiro, profesor de investigación en ISGlobal y autor senior del estudio. Para el trabajo analizaron datos obtenidos del Observatorio Nacional de Memoria Histórica, correspondientes al lapso 2008 – 2019, de los 1.122 municipios colombianos, y los cruzaron con los de mortalidad y morbilidad por tuberculosis recabados en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud Pública; con ellos crearon un índice de intensidad de la guerra. Y utilizando el Índice Relativo de Desigualdad (IRD) y el Índice de Pendiente de Desigualdad (IPD) -dos medidas usadas en epidemiología social para cuantificar desigualdades socioeconómicas en salud considerando toda la distribución social, no solo extremos- detectaron brechas de desigualdad tanto en la mortalidad como en los contagios.

Hallaron que, aunque las tasas de notificación de TBC había bajado un 16 % en los cómputos nacionales, esa disminución no fue uniforme: tanto las notificaciones como la mortalidad se concentraron en áreas de alto conflicto, y en dos grupos la vulnerabilidad fue mayor: “Los niños menores de un año enfrentaron las mayores inequidades, con un Índice Relativo de Desigualdad de 1,39, lo que indica una probabilidad un 39 % mayor de tuberculosis en estas áreas. Las mujeres también mostraron disparidades persistentes, y los municipios de alto conflicto continuaron presentando tasas de mortalidad elevadas a pesar de una reducción nacional del 9 % (los destacados son nuestros)”, señala el paper, y agrega que estos resultados “ponen de manifiesto la necesidad de estrategias de control de la tuberculosis diferenciadas territorialmente. Integrar enfoques que tengan en cuenta el conflicto en la vigilancia, la prevención y la atención de la tuberculosis es fundamental para reducir las inequidades y traducir la evidencia epidemiológica en acciones de salud pública eficaces”.

El informe destaca también que es la primera vez que se lleva a cabo un análisis de largo plazo del conflicto crónico en la salud (en este caso, en la incidencia de la TBC), y sostiene: “El estudio proporciona un marco replicable para examinar las desigualdades en materia de salud relacionadas con los conflictos, lo que respalda las políticas basadas en la evidencia para mitigar el impacto de los conflictos prolongados en las enfermedades infecciosas”.