Colombia dio un paso fundamental para el tratamiento de la hepatitis C

A diferencia de la A, que nos “sube la bilirrubina” y nos pone amarillos, no suele causar síntomas que enciendan alertas. La provoca un virus que se transmite fundamentalmente por contacto con sangre contaminada (transfusiones antiguas, agujas compartidas, procedimientos sin esterilización adecuada, entre otros) y, en ese contexto, la transmisión también puede ser sexual. Suele volverse crónica y, con el tiempo, puede causar fibrosis hepática, cirrosis, carcinoma hepatocelular e insuficiencia hepática; por eso la hepatitis C es considerada una infección silenciosa pero grave. Al respecto, hay dos noticias, una buena y una mala.

La primera es que, aunque durante años, los tratamientos fueron largos y poco eficaces, hoy existen antivirales de acción directa por vía oral, con tasas de curación superiores al 95 % y esquemas breves, de entre 8 y 12 semanas. La mala es el costo: el precio de lista fijado por los laboratorios para un tratamiento completo contra la hepatitis C puede superar los 75.000 dólares.

 ¿Cómo garantizar el acceso a la población? Colombia acaba de iniciar un proceso que se conoce como licencias obligatorias sobre patentes farmacéuticas, que –tomando como base el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre propiedad intelectual- permite a los estados autorizar a terceros a producir o importar un medicamento, sin el consentimiento del titular de la patente y pagando una remuneración al laboratorio. El proceso no elimina la patente; solo limita su exclusividad. Y Colombia ya tiene una historia de éxito en estas lides: como informó en 2024 IntraMed: en noviembre de ese año consiguió –después de pelear bastante- la licencia obligatoria de un medicamento para tratar el VIH.

Por eso, cuando el Ministerio de Salud de Colombia recibió las cifras epidemiológicas definitivas de 2025 decidió tomar el toro por las astas, y lo expresó oficialmente de este modo: “De acuerdo con la información reportada por la Cuenta de Alto Costo y analizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, durante el período epidemiológico VI de 2025 se han notificado 796 casos de infección por virus de la hepatitis C, lo que equivale a un incremento del 46,6 % en el número de casos diagnosticados en comparación con el mismo período epidemiológico del año 2024, en el cual se notificaron 543 casos (el destacado es nuestro)”.

 La cita forma parte de las consideraciones epidemiológicas de la Resolución 453 de 2026 emitida el 25 de marzo, por la cual se declaran “de interés público” dos antivirales de acción directa específicos, con lo cual se abre las puerta a que la Superintendencia de Industria y Comercio avance con el trámite para expedir las licencias obligatorias.

El texto de la resolución continúa así: “La situación (epidemiológica) evidencia un aumento en la necesidad de diagnóstico y tratamiento, así como la importancia de garantizar el acceso oportuno a terapias eficaces, seguras y costo-efectivas, en el marco del derecho fundamental a la salud y de la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

En términos generales, permitirá fortalecer el Plan Nacional de Eliminación 2025–2031, que busca reducir drásticamente la incidencia de hepatitis virales en todo el país, aunque las regiones en las que históricamente se registran más casos son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. En concreto, y según informó Médicos sin Fronteras (MSF) Colombia, el tratamiento sobre cuya patente se busca la licencia obligatoria cuesta hoy aproximadamente $4.095.343 COP por frasco (el mínimo habitual son tres frascos). “Con una licencia obligatoria, ese precio podría bajar a alrededor de $311.908 COP, más de 90% de reducción (el destacado es nuestro), informa el sitio de MSF Colombia. Y eso “redefine lo que el sistema de salud puede hacer con el mismo presupuesto: tratar a más personas, reducir brechas de acceso y avanzar hacia la eliminación de la enfermedad –agrega-. El impacto es concreto: se estima que 2.119 personas que necesitarán tratamiento en 2025, y el costo total podría bajar de ~$26.000 millones a ~$1.980 millones COP” (el destacado sigue siendo nuestro).

Es mucha la diferencia, ¿no? Por eso, señala MSF Colombia, “esto es relevante más allá de Colombia, porque muestra cómo medidas legales existentes pueden expandir el acceso real, mejorar la eficiencia del gasto público y alinear los precios con las necesidades de salud pública. Muchos países enfrentan la misma situación: tratamientos eficaces existen, pero los precios limitan su alcance. Colombia está mostrando un camino concreto: usar medidas legales para traducir tecnologías médicas existentes en acceso efectivo. Advertencia: en este caso, el resaltado sí es de los autores.