Noticias médicas

Publicado el 12 de febrero de 2003

La justicia cordobesa ordenó su suspensión

Apelan la prohibición del plan nacional de salud reproductiva

El ministro de Salud defendió ayer su instrumentación. Una jueza provincial hizo lugar a un recurso de amparo para impedir la aplicación del programa. El Poder Ejecutivo, en tanto, recusó a la magistrada en cuestión.

El Ministerio de Salud de la Nación apeló ayer la medida cautelar que prohibió la puesta en marcha del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado por una ley sancionada en diciembre último, y recusó a la magistrada que lleva adelante la causa.

La jueza federal N° 3 de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la filial cordobesa de la entidad Mujeres por la Vida y ordenó al Ministerio que "se abstenga de ejecutar en todo el territorio de la República Argentina" el mencionado plan sanitario.

Su instrumentación abarca la entrega de insumos (pastillas anticonceptivas, dispositivos intrauterinos y profilácticos) para su distribución gratuita en centros sanitarios y hospitales públicos, a solicitud de los usuarios y con consejo médico.

La asociación cordobesa había solicitado que la norma fuera declarada inconstitucional por vulnerar tres derechos consagrados por la Carta Magna: a la vida, a la salud y a la patria potestad.

Según Mujeres por la Vida, la ley -por medio del programa nacional- permite fármacos que "deberían ser considerados abortivos", habilita la "distribución masiva e indiscriminada de elementos dañinos para la salud de las mujeres, para evitar algo que no es una enfermedad", e ingresa en una competencia "exclusiva de los padres", como "la educación y la provisión de servicios en materia de sexualidad".

En total desacuerdo con los argumentos esgrimidos por la entidad y avalados por la jueza en su fallo, el Ministerio apeló la medida y recusó a la magistrada. Garzón de Lascano elevó el pedido de recusación a la Cámara Federal de Apelaciones y remitió el expediente principal al juzgado federal N° 2, que deberá elevar la apelación al tribunal de alzada y resolver la cuestión de fondo.

Con el apoyo de Duhalde

"La presentación está llena de falacias. El programa -que ha sido legitimado por los representantes del pueblo en el Congreso y validado por sociedades científicas, ONG y la comunidad en general- no atenta contra la salud, porque se desarrolla mediante la atención de profesionales en consultorios médicos. Además, busca disminuir la mortalidad materna, la fecundidad adolescente y los abortos", sostuvo ayer el ministro de Salud, Ginés González García.

Lo hizo con el respaldo del presidente Eduardo Duhalde, dijo, tras discutir el tema en la reunión de gabinete celebrada en la mañana de ayer.

"Tampoco choca el programa con el derecho a la vida, pues no promueve el aborto ni métodos considerados abortivos. Por el contrario, al intentar reducir los embarazos no deseados pensamos en reducir los abortos", prosiguió el funcionario.

"El Poder Ejecutivo tiene la absoluta convicción de que el programa es necesario y la decisión de cumplir con él. Por ahora, la medida no interfiere con el desarrollo del programa, pues todavía atraviesa la etapa preparatoria: la capacitación de los trabajadores de la salud y la licitación para adquirir los insumos. Su plena instrumentación está prevista para mediados de marzo", adelantó el ministro.

Consultado sobre los motivos de recusación de la jueza, González García señaló que "falló sobre la base de un dictamen anterior de ella misma sobre la píldora del día después, en lugar de fundamentar sobre la base de esta ley. Nos parece improcedente".

Por último, el ministro calificó de "discriminatoria" la medida cautelar resuelta por la magistrada, pues en presunta defensa de un derecho individual impide a otros el ejercicio de su derecho a la libre elección. En este caso, a las mujeres más desprotegidas que no pueden cuidar su salud reproductiva.

En este sentido, varias asociaciones de defensa de los derechos reproductivos de la mujer expresaron ayer su rechazo al dictamen de la jueza. Entre ellas, FEIM, cuya titular, Mabel Bianco dijo a LA NACION: "El dictamen es arbitrario, infundado y equivocado. La ley fue ampliamente debatida, no atenta contra la salud y complementa a los padres en el asesoramiento sobre procreación responsable".