Acuerdo entre gobierno y mutualistas

El llamado corralito mutual se habilitará a partir del lunes 2 de febrero, durante un mes. Las personas que deseen cambiarse deben concurrir directamente a la mutualista a la que quieren afiliarse, no al Ministerio de Salud Pública (MSP) ni tampoco al Banco de Previsión Social (BPS).

Para poder efectuar el cambio, deben tener 10 años de antigüedad en la institución. Las instituciones habían pedido una prorroga, para firmar un contrato sobre la intermediación lucrativa que garantice reglas claras. Este contrato, ya esta acordado y se firmará el día martes.

La Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, explicó esta mañana que son millones de dólares los que se pierden con este tipo de acción. “Quinientos pesos si se afilia a tal o cual mutualista con lo que usted gana una cuota, pero el sistema pierde millones de dólares que no van a ser usados en salud, sino que van a ser usados en beneficio del que le pagó los 500. Se estima entre dos y cuatro millones de dólares que corresponden al sistema se pierden en ese tipo de intermediación”, indicó Muñoz.

Estos datos son estimados y surgen de las denuncias de los ciudadanos, ya que si se detectara la acción hay penas severas que pueden ir hasta 18 meses de prisión. El compromiso pretende dar entonces garantías para que, ante la apertura, no haya comercialización de pacientes. Esto es a lo que se comprometen: “A no realizar intermediación lucrativa y hacerse responsable de que sus funcionarios y sus fuerzas de venta no la realicen”.

La secretaria de Estado aseguró que se trabajará fuertemente para evitar la intermediación lucrativa. En este sentido, aseguró que habrá control en las inmediaciones del Banco de Previsión Social y del Ministerio de Salud.

“Va a haber una vigilancia en las inmediaciones de las dos instituciones a los efectos de que no se produzcan ni consultas ni afiliaciones. Tienen los teléfonos de Ministerio para consultar y además deben concurrir a la institución a la que quieren cambiarse, a la institución a la que quieren ir”, señaló Muñoz.

Sobre este tema, los representantes de las mutualistas exigen al ministerio la publicación de todos los costos de las distintas instituciones para que haya transparencia. Para el presidente de la Plenaria de Mutualistas Antonio Durán esto no se ha cumplido. “La otra cosa que falla el ministerio es que prometió que cuando fuera a abrir el corralito iba a darle información de lo que costaban los tickets, las órdenes, acceder a un médico de medicina general, ginecología, cuánto demoraba en las cirugías. Toda esa información la niega el Ministerio de Salud Pública, dice que la da en las páginas del Ministerio de Salud Pública. Insto a la gente a tratar de encontrar eso que no lo va a encontrar en las páginas”, afirmó Durán.

Pero Durán también llamó la atención sobre de dónde salen los datos para conseguir a los pacientes en los casos de intermediación lucrativa. Dijo que hay que tener mucho cuidado con posibles traspasos de datos en la órbita del BPS teniendo en cuenta que la apertura será para un grupo muy reducido de personas. “Porque no es la mayoría como la gente piensa que se la agarra y se le ofrece en la puerta del BPS. La mayoría es porque se los va a buscar. Ese dato solamente lo tiene la informática del BPS. Habría que ver ahí, no en las instituciones que tienen que firmar un acuerdo de la competencia leal”, sostuvo Durán.

Desde la Unión de Mutualidad que abarca al Círculo Católico, Hospital Evangélico, Asociación Española y Casa de Galicia, Julio Pilón, que integra el Consejo Directivo de la Unión, aseguró que hay publicidades en la actualidad que ofrecen servicios gratuitos y son una forma indirecta de intermediación, por ser engañosa y no veraz.

“Uno ha visto avisos en la televisión en estos últimos días que ofrecen esto gratis, no se cobra esto, no se cobra lo otro. Ahí pienso que el aforismo corriente de cuando la limosna es grande hasta el mendigo desconfía es de recibo y aplicación. Cuando se ofrecen servicios gratis llama mucho la atención a quien conoce de adentro una institución asistencial que sea posible brindar servicios gratuitos. Es una manera de dar una información para que la gente se incline hacia una institución. Yo opino que es una publicidad que la calificaría de no totalmente veraz”, aseguró Pilón.

Al igual que la Plenaria, afirmó que la mejor alternativa sería publicar la información con el aval del Ministerio de Salud Pública.

“Todas las instituciones deberían tener una información que fuera chequeada por las autoridades y estuviera disponible para todos los afiliados. Entonces, la institución A tiene tal característica, la B estas otras, y la persona elige. Ese es el sentido de la cosa. Alguien que esté desconforme en una institución porque de repente un médico lo trató mal o un funcionario o le hicieron un análisis que le dio un resultado equivocado y generó un problema y quiera irse... Bueno pueda correr el riesgo de salir de saltar de la sartén al fuego”, culminó Pilón.