El fraude de las vacunas y el autismo se organizó por dinero

Imagen de archivo de un sanitario cargando una jeringa. | Foto: El Mundo

Ángel Díaz | Madrid

El fraude en la investigación científica y médica, desde los plagios a los resultados no contrastables pasando por las estadísticas retocadas, es más frecuente de lo que cabría desear, pero pocas veces se produce un engaño total y premeditado, y menos si se juega con la salud de niños con el único propósito de hacerse rico.

Sin embargo, esto es lo que ocurrió, según la revista 'British Medical Journal' (BMJ), con el polémico estudio que vinculaba la vacuna triple vírica con el autismo. Aquella investigación, publicada en febrero de 1998 en la revista 'The Lancet' y posteriormente retirada tras descubrirse el fraude, relacionaba dicha vacuna -que se usa contra las paperas, el sarampión y la rubeola- con el desarrollo de esta enfermedad en 12 casos. Ahora, se acaban de poner de manifiesto los intereses económicos concretos que tenían los investigadores.

Cuando se descubrió que los datos publicados eran falsos, su principal autor, el doctor Andrew Wakefield, perdió la licencia para ejercer en el Reino Unido, pero él aún mantiene -ahora desde EEUU- que su estudio era válido, y algunos padres de pacientes de autismo todavía le apoyan, según puso de manifiesto la CNN la semana pasada, tras la aparición de nuevos datos que profundizaban en el fraude.

Sin embargo, 'British Medical Journal' insiste esta semana es que se trató de un fraude deliberado en el que se engañó a los padres, se hicieron pruebas inconvenientes a los niños, se fabricaron resultados y se ocultaron deliberadamente intereses económicos, según el pormenorizado relato que hace en esta publicación el periodista Brian Deer.

Pero, además, la revista sostiene que tras estas malas prácticas se escondía una trama destinada a hacer dinero, la cual arrancaba de un claro conflicto de intereses que Wakefield no declaró en su momento: había sido contratado -y pagado- por Richard Barr, un abogado que reclutaba a padres de niños autistas para demandar a los fabricantes de la vacuna. El investigador recibía 180 euros a la hora, gastos aparte, por sus servicios de asesoría científica al abogado.