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/ Publicado el 19 de octubre de 2025

Nuevo escenario regional en bioética

Uruguay legaliza la eutanasia: un precedente histórico en América Latina

La reciente aprobación parlamentaria redefine los límites del acto médico en situaciones de sufrimiento extremo, incorporando criterios de autonomía y supervisión clínica rigurosa.

El Parlamento de Uruguay aprobó una ley que legaliza la eutanasia, convirtiendo al país en el primero de América Latina en reconocer por vía legislativa el derecho de los pacientes a solicitar asistencia médica para morir. La norma fue sancionada tras más de cinco años de debate parlamentario y con el respaldo de legisladores de distintos partidos políticos.

La ley autoriza la eutanasia para personas mayores de edad que padezcan enfermedades incurables, irreversibles o terminales que provoquen sufrimientos físicos o psíquicos intolerables y un deterioro sustancial de la calidad de vida. El procedimiento exige una solicitud escrita, la confirmación del diagnóstico por dos médicos independientes y, en caso de discrepancia, la evaluación de una junta médica.

El texto aprobado contempla la objeción de conciencia individual de los profesionales de la salud, quienes podrán abstenerse de participar sin consecuencias legales o laborales. Sin embargo, deberán asegurar la derivación del paciente a otro médico que acepte realizar el procedimiento. El Ministerio de Salud Pública será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la reglamentación y el control del proceso.

Con esta medida, Uruguay se convierte en el primer país de la región en legalizar la eutanasia por vía legislativa. En Colombia, el procedimiento está permitido desde 1997, pero solo a través de fallos judiciales y resoluciones administrativas. El modelo uruguayo toma como referencia las normativas vigentes en Países Bajos, Bélgica, España y Canadá, adaptadas a su contexto sanitario y cultural.

Diversas organizaciones médicas y de derechos humanos celebraron la aprobación como un avance en el reconocimiento de la autonomía del paciente y la libertad para decidir sobre el final de la vida. En contraposición, la Conferencia Episcopal del Uruguay y asociaciones confesionales manifestaron su rechazo, advirtiendo que “ningún acto médico puede tener como finalidad provocar la muerte de un paciente”.

La implementación de la ley requerirá su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, que deberá definir los protocolos clínicos, los formularios de consentimiento informado y los mecanismos de registro y fiscalización. El debate sobre la eutanasia en Uruguay marca un punto de inflexión regional en torno al derecho a morir con dignidad, los límites de la práctica médica y la ética del cuidado al final de la vida.