Todavía no hace un año que un director de hospital de Neuquén pidió permiso judicial para no enviar a un niño a terapia intensiva por ser portador de una enfermedad progresiva e incurable. Pocos días atrás, el Comité de Etica de un hospital de Chubut (Puerto Madryn) pidió la intervención de un Tribunal de Familia por otro caso clínico en la búsqueda, decía la noticia, de una opinión judicial sobre el eventual retiro de un respirador en otro niño internado con un presunto estado vegetativo.
En el caso de Neuquén los padres esperaban con tierna resignación la muerte de un niño condenado por una enfermedad implacable, y los médicos pedían permiso para no hacer lo que no tenían que hacer: mandarlo a terapia intensiva y ponerle un respirador. En una situación sin conflicto familiar ni médico, se judicializó el tema seguramente para protección de los médicos o por ignorar su propio deber.
En el caso más reciente de Chubut otra vez un niño, en este caso en coma y con un estado vegetativo permanente por un grave politraumatismo ocurrido hace casi dos años, los médicos proponían el retiro del respirador en virtud de la irreversibilidad del cuadro. Ante la negativa de los padres, se solicitó una opinión judicial. Después de una serie de equívocos que fueron desde la necesidad, no satisfecha, de confirmar oficialmente que no se trataba de una muerte cerebral, hasta la importancia de explicar por qué este estado vegetativo necesita respirador cuando lo normal es que en esa situación clínica esté conservada la respiración espontánea, las autoridades del hospital han manifestado que el niño quedará internado y se respetará la opinión de los padres.
¿Dónde quedó la medicina? ¿La temida judicialización ya no la inducen los pacientes sino los propios médicos? ¿Los jueces tienen que hacerse cargo de lo que no hacen los médicos?
Las decisiones médicas en estas circunstancias deben tomarse en el ámbito asistencial hospitalario en forma indelegable. Que toda la sociedad tenga claro que en estas situaciones con niños menores e incompetentes son los padres quienes absolutamente subrogan la decisión que corresponda. Nadie puede contrariar la autonomía decisional de los padres. Así como ya nadie discute el derecho de un paciente de rechazar un tratamiento, la opinión familiar de acompañar una evolución con todos los medios disponibles en un paciente con irreversibilidad manifiesta se debe respetar con escrupulosidad.
Nos debiera avergonzar cómo se instaló la polémica en la sociedad a propósito de esta penosa situación. Además de la incomprensible presentación judicial, se han escuchado voces imprudentes, algunas de ellas desde ámbitos oficiales. Pareció todo quedar reducido a conseguir un respirador e incluso mandarlo a domicilio con paciente y todo. Celebro esta tardía decisión de las autoridades del hospital de cumplir con los deseos de los padres. Esta era su primaria y central obligación.
El tema a debatir respecto de los pacientes críticos y el uso de soporte vital no se planteó sustantivamente en ninguno de los dos niños aquí involucrados. En Neuquén no existió conflicto médico ni familiar y el tema lo llevó a la Justicia un director de hospital. En Chubut, el aparente deseo de un Comité de Etica o de un médico legista que lo integra de contrariar la decisión de los padres le permitió efectuar el irresponsable acto de pedir una "opinión judicial". ¿Cómo no va a ser frágil el vínculo entre la medicina y la sociedad? La Justicia no tiene nada que decir al respecto. Los pacientes son personas y no deben ser convertidos en un expediente judicial.