Ordenó la Justicia tratar la infertilidad

El matrimonio Ayuso-Liguori logró una respuesta en la justicia porteña tras un año de pelea para poder ser padres. La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital dispuso que la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires les pague un tratamiento de fertilización in vitro a pesar de que esa práctica no está incluida dentro de las prestaciones del Plan Médico Obligatorio que deben cubrir las empresas de medicina prepaga y las obras sociales.

El fallo de segunda instancia de la justicia porteña abre el camino para similares presentaciones de empleados públicos de la ciudad. En la justicia civil nacional no hay un fallo de cámara similar que obligue a otras obras sociales a realizar estas prácticas.

"Estamos contentos con la buena noticia porque finalmente se reconoció nuestro derecho a la salud. Se trata de un problema para el cual la medicina tiene una solución, con técnicas y tratamientos probados científicamente. El único obstáculo es que ninguna obra social lo cubre", resaltó Marcelo Ayuso tras conocer la resolución judicial (ver aparte).

El fallo fue firmado por los camaristas Eduardo Russo y Nélida Daniele, por la mayoría, mientras que su colega Esteban Centanaro votó en disidencia.

Los jueces confirmaron el fallo de primera instancia de la magistrada Patricia López Vergara y entendieron que lo que está en discusión es el derecho a la salud, la que se ve menoscaba ante la imposibilidad de fecundar. "La imposibilidad de procrear es una deficiencia que puede afectar en forma real y efectiva la calidad de vida, siendo que la salud reproductiva involucra la salud psicofísica de ambos cónyuges, además de su derecho a procrear", resaltaron los jueces, y mencionaron que este concepto es acorde con lo que promueve la Organización Mundial de la Salud.

Además, la ley de la ciudad promueve la maternidad responsable, por lo que no puede pensarse que los derechos reproductivos se aplican sólo a aquellos en condición de procrear.

Abundaron los jueces al afirmar que el Plan Médico Obligatorio no menciona esta prestación y tampoco lo hacen las leyes de obras sociales, de medicina prepaga y la del sistema nacional de salud, y no existen normas en la Argentina que regulen este tema, a pesar de los varios proyectos de ley que esperan su estudio en ambas cámaras del Congreso.

El tribunal afirmó que la fuente de protección del estado de salud de la mujer son los derechos humanos, que están implícitos en su persona. La única limitación que tendría el tratamiento, explican, es que su costo afecte el derecho que tienen el resto de los afiliados a la obra social.

En disidencia

El juez Centanaro, por su parte, en voto en minoría, se opuso a que la obra social cubriera el tratamiento de fertilización asistida, pues entendió que la cobertura no está incluida dentro del Plan Médico Obligatorio, por lo que no es el recurso de amparo el camino para resolver el asunto, y sostuvo que no hay suficientes pruebas para avalar la indicación del tratamiento pedido por el matrimonio. El juez no discute que el derecho a la salud tenga rango constitucional y que la infertilidad sea un tema que la afecta, sino que de ello no se deduce que la obra social deba hacerse cargo del tratamiento solicitado.

Destacó Centanaro que es necesario evaluar el impacto económico que esta decisión puede causar en el financiamiento del sistema de salud.

Además, entendió que esto implica avanzar sobre facultades que no tiene el juez, sino el legislador que debe diseñar la norma. Esto implicaría avanzar, además, sobre la división de poderes, dijo.

El tema de si la infecundidad es o no una enfermedad es producto de debate médico, jurídico y parlamentario. Los tratamientos avanzados de fertilización no están incluidos en el Plan Médico Obligatorio y la mayoría de las obras sociales y las prepagas no los cubren. Su costo puede variar entre los 7000 y los 14.000 pesos.

Se calcula que todos los años nacen en el país entre 1500 y 3000 chicos gracias a las distintas técnicas de fecundación asistida.

Aquí, desde hace 21 años, hay un vacío legal al respecto, y con los costos que tienen los tratamientos de fertilidad están reservados a una clase pudiente. Según expertos de institutos de fecundación, más del 50 por ciento de los pacientes que necesitarían tratarse no pueden afrontar las prácticas por sus altos costos.

Por Hernán Cappiello
De la Redacción de LA NACION

Una pareja que no baja los brazos

Con el nuevo fallo, llegó la esperanza

Anteayer, Marisa Liguori y Marcelo Ayuso recuperaron las esperanzas de poder alcanzar lo que más desean en la vida: tener un hijo.

Desde hace seis años, poco después de casarse, decidieron formar una familia. Pero ese hijo tan esperado no llegaba, por lo que consultaron a un médico. "Luego de varios estudios, nos enteramos de que las secuelas de una operación que debieron hacerle a Marisa de muy joven impedían que ella pudiera quedar embarazada naturalmente -cuenta Marcelo, en diálogo telefónico con LA NACION-. Desde entonces, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, pero nada dio resultado."

Hoy, la única alternativa de realizar ese sueño es mediante la fecundación in vitro. "A fines del año pasado, hicimos un intento y fracasó -recuerda Marcelo-. Pero los médicos nos dijeron que era común probar varias veces, igual en la búsqueda de un embarazo normal".

Sucede que, detrás de cada intento, además de tristeza, frustración, ilusión y ansiedad, Marcelo y Marisa debían contar con 10.300 pesos. "A la angustia natural -agrega Marcelo- de no poder concebir un hijo se le suma la impotencia de no contar con los recursos económicos para acceder a este tipo de tratamientos. Negarle a una pareja el derecho de poder formar una familia por una enfermedad es un acto discriminatorio."

Según Marcelo, que sin desearlo se convirtió en un experto en el tema, "alrededor del 30 por ciento de las parejas argentinas padece este problema, y muchos ni siquiera tienen la opción de recurrir a la Justicia". Por eso pide que, por favor, se difunda el sitio www.infertilidad-arg.com.ar , "para que todos los que quieran ayudar completen un formulario para juntar 30.000 firmas y así llevar un proyecto de ley al Congreso".