Por: Valeria Román
En un fallo inédito para la ciudad de Buenos Aires, una jueza obligó a una obra social a cubrir el tratamiento por medio de una técnica de reproducción asistida de alta complejidad. Los que reclamaban la cobertura son una pareja que buscan tener un hijo desde hace cinco años y no lo consiguen.
El fallo lo dictó la jueza en lo Contencioso y Administrativo Patricia López Vergara, quien dio lugar a una acción de amparo que la pareja, formada por Marisa Liguori y Marcelo Roberto Ayuso, había presentado en mayo del año pasado.
"Hemos tenido un desgaste físico y emocional enorme desde que intentamos tener un hijo -dijo ayer a Clarín la mujer, de 36 años-. No buscamos hacernos millones de tratamientos, pero sí queremos la cobertura para tener nuestra familia".
La pareja -ambos son docentes- decidió tener un hijo tras el casamiento. "Hicimos una consulta médica y nos informaron que yo no podía quedar embarazada. Después pasamos por varios tratamientos, como la inseminación, que corrieron por nuestra propia cuenta", señaló.
La mujer sufre un problema de infertilidad como consecuencia de una peritonitis que tuvo hace 15 años. Le provocó una obstrucción en el sistema reproductor que impide el pase normal de los óvulos para unirse a los espermatozoides.
Tras el diagnóstico, ya se le practicaron a la mujer operaciones laparoscópicas, inseminaciones artificiales y una fertilización in vitro. Pero hasta ahora no dieron el resultado esperado.
Hasta que el año pasado decidieron recurrir a la Justicia para que la Obra Social de la ciudad de Buenos Aires (ObsBA) les diera cobertura integral para someterse a la práctica de la inyección intra-citoplasmática, más conocida como ICSI. Cada intento que usa esta técnica (incluyendo la medicación) cuesta entre 7.000 y 14.000 pesos.
Según el abogado patrocinante, Pablo Oscar Rosales, la obra social de la pareja se había negado a cubrir el tratamiento basándose en que no está incorporado en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Cuando se presentó la acción de amparo, se fundamentó en que la Constitución de la ciudad de Buenos Aires y la ley de salud reproductiva garantiza el derecho a tener y a planificar una familia.
La jueza finalmente les dio la razón a la pareja. En su sentencia, consideró que la infertilidad es una enfermedad. Sostuvo que "negarle el derecho de fundar una familia a esta pareja importa una discriminación para quien padece esta enfermedad". Ordenó que la obra social deberá cubrir los gastos de hasta 5 intentos de 10.300 pesos cada uno.
La decisión sentó un precedente más (hubo otro caso en la provincia de Buenos Aires). Parejas con problemas de fertilidad, que forman la Asociación Concebir, vienen reclamando por una ley nacional que garantice la cobertura para tratar la infertilidad. "El fallo es muy bueno. Puede ser un precedente para la ley nacional", opinó Isabel Rolando, integrante de la Asociación.
"Se deberían cubrir los tratamientos, pero hay que debatir antes de dónde se sacarán los fondos. Se hacen 6.000 tratamientos por año en la Argentina. ¿Cómo harán las obras sociales y las prepagas para cubrir semejante carga?", señaló Sergio Pasqualini, director de Halitus Instituto Médico.
Publicado el 3 de diciembre de 2007
Fallo inédito para la Capital.
Obra social deberá cubrir un tratamiento de reproducción asistida
La jueza dijo que la infertilidad es una enfermedad.
Por: Valeria Román
En un fallo inédito para la ciudad de Buenos Aires, una jueza obligó a una obra social a cubrir el tratamiento por medio de una técnica de reproducción asistida de alta complejidad. Los que reclamaban la cobertura son una pareja que buscan tener un hijo desde hace cinco años y no lo consiguen.
El fallo lo dictó la jueza en lo Contencioso y Administrativo Patricia López Vergara, quien dio lugar a una acción de amparo que la pareja, formada por Marisa Liguori y Marcelo Roberto Ayuso, había presentado en mayo del año pasado.
"Hemos tenido un desgaste físico y emocional enorme desde que intentamos tener un hijo -dijo ayer a Clarín la mujer, de 36 años-. No buscamos hacernos millones de tratamientos, pero sí queremos la cobertura para tener nuestra familia".
La pareja -ambos son docentes- decidió tener un hijo tras el casamiento. "Hicimos una consulta médica y nos informaron que yo no podía quedar embarazada. Después pasamos por varios tratamientos, como la inseminación, que corrieron por nuestra propia cuenta", señaló.
La mujer sufre un problema de infertilidad como consecuencia de una peritonitis que tuvo hace 15 años. Le provocó una obstrucción en el sistema reproductor que impide el pase normal de los óvulos para unirse a los espermatozoides.
Tras el diagnóstico, ya se le practicaron a la mujer operaciones laparoscópicas, inseminaciones artificiales y una fertilización in vitro. Pero hasta ahora no dieron el resultado esperado.
Hasta que el año pasado decidieron recurrir a la Justicia para que la Obra Social de la ciudad de Buenos Aires (ObsBA) les diera cobertura integral para someterse a la práctica de la inyección intra-citoplasmática, más conocida como ICSI. Cada intento que usa esta técnica (incluyendo la medicación) cuesta entre 7.000 y 14.000 pesos.
Según el abogado patrocinante, Pablo Oscar Rosales, la obra social de la pareja se había negado a cubrir el tratamiento basándose en que no está incorporado en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Cuando se presentó la acción de amparo, se fundamentó en que la Constitución de la ciudad de Buenos Aires y la ley de salud reproductiva garantiza el derecho a tener y a planificar una familia.
La jueza finalmente les dio la razón a la pareja. En su sentencia, consideró que la infertilidad es una enfermedad. Sostuvo que "negarle el derecho de fundar una familia a esta pareja importa una discriminación para quien padece esta enfermedad". Ordenó que la obra social deberá cubrir los gastos de hasta 5 intentos de 10.300 pesos cada uno.
La decisión sentó un precedente más (hubo otro caso en la provincia de Buenos Aires). Parejas con problemas de fertilidad, que forman la Asociación Concebir, vienen reclamando por una ley nacional que garantice la cobertura para tratar la infertilidad. "El fallo es muy bueno. Puede ser un precedente para la ley nacional", opinó Isabel Rolando, integrante de la Asociación.
"Se deberían cubrir los tratamientos, pero hay que debatir antes de dónde se sacarán los fondos. Se hacen 6.000 tratamientos por año en la Argentina. ¿Cómo harán las obras sociales y las prepagas para cubrir semejante carga?", señaló Sergio Pasqualini, director de Halitus Instituto Médico.