No hay salud sin paz

¿Cuál será el desafío de salud más urgente de 2026? ¿Cambio climático? ¿Inteligencia artificial? ¿Pandemias? ¿Enfermedades no transmisibles? Estos problemas seguirán moldeando la salud y la medicina. Sin embargo, en gran parte del mundo, el conflicto es un determinante fundamental de la salud de las personas y del funcionamiento de los sistemas sanitarios.

La carga del conflicto armado y la violencia a nivel mundial es inusualmente alta y sus efectos van mucho más allá de los campos de batalla, con los daños en zonas de guerra y en entornos civiles cada vez más normalizados. El conflicto se trata con demasiada frecuencia como una externalidad a la salud; pero en realidad, abarca todas las grandes agendas sanitarias, moldeando riesgos, respuestas y la viabilidad del progreso.

En 2024, según los datos más recientes del Programa de Datos de Conflictos de Uppsala, hubo 61 conflictos basados en los Estados. Muchos continuaron durante 2025 y continuarán en 2026.

La guerra en Ucrania, Sudán y Gaza sigue generando costos humanitarios y sanitarios, mientras que las crisis prolongadas (y a menudo poco reportadas) en la República Democrática del Congo, la región del Sahel, Haití y Myanmar han provocado desplazamientos masivos, inseguridad alimentaria y ruptura de los servicios básicos.

Muchos de estos conflictos se prolongan, fragmentan y se sostienen por el estancamiento político. Varios están enfrentando una escalada. La violencia ya no es episódica ni se limita a regiones específicas, sino que se volvió global y estructural: remodela la salud de la población, desestabiliza las instituciones y debilita la gobernanza y la capacidad necesarias para mantener los avances en salud.

Los impactos directos son evidentes: desplazamiento, hambre, pobreza y prolongada interrupción en la atención de enfermedades no transmisibles y en la salud materna e infantil.

En Ucrania se han documentado más de 2000 ataques a centros de salud desde 2022, que han afectado sutilmente los servicios de emergencia, la gestión de enfermedades crónicas y la atención oncológica, y han contribuido al deterioro generalizado de la salud física y mental. En Sudán, la OMS ha documentado más de 200 ataques contra centros de salud y trabajadores sanitarios desde 2023, que han causado casi 1900 muertes entre civiles y personal sanitario y han restringido el acceso humanitario. En el territorio palestino ocupado, las hostilidades sostenidas han provocado el colapso de los servicios sanitarios esenciales, una inseguridad alimentaria generalizada y repetidos ataques contra los proveedores de atención.

Los conflictos contemporáneos no solo interrumpen los sistemas de salud, sino que los desmantelan activamente. El conflicto también restringe el acceso a los datos, politizando la vigilancia y limitando la investigación independiente y la sociedad civil, debilitando los sistemas institucionales que sostienen la salud pública. Cuando la información sanitaria se retiene, distorsiona o se trata como un activo de seguridad en lugar de un bien público, la equidad, la rendición de cuentas, la vigilancia y preparación, el monitoreo ambiental y climático, y la prestación y coordinación de servicios esenciales se ven socavadas.

El desafío para la salud en 2026 no es solo la persistencia de las guerras existentes, sino también el creciente riesgo de escalada y desbordamiento. La inestabilidad política y las tensiones económicas convergen de formas que aumentan la probabilidad de nuevos conflictos o que se intensifican. El cambio climático, la escasez de agua y la inseguridad alimentaria se cruzan cada vez más con la violencia, amplificando el desplazamiento, estancando la recuperación e imponiendo cargas adicionales sobre sistemas sanitarios ya frágiles.

Tales presiones no se limitan a los entornos de conflicto. Las cadenas de suministro interrumpidas, el movimiento de población y la inseguridad regional hacen que ningún sistema sanitario esté protegido de los efectos de la violencia en otros lugares.

Todas las agendas sanitarias se ven obstaculizadas cuando persiste el conflicto. Dependen de sistemas sanitarios funcionales, datos fiables, cadenas de suministro estables y confianza pública; ninguna combinación de medicamentos, tecnologías de vigilancia o mecanismos de financiación puede sustituir su ausencia. La autoridad política para poner fin a las guerras recae en los gobiernos, pero la comunidad sanitaria tiene una responsabilidad clara: documentar los daños, proteger la integridad de los sistemas y datos de salud, abogar por la protección de los sistemas y de los civiles, y asegurar que el conflicto sea reconocido y abordado como un determinante crítico de la salud.

El derecho a la salud se estableció en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmado en la declaración de Alma Ata y presente en las prioridades contemporáneas de la OMS. No existe un camino creíble para lograrlo que pueda atravesar un conflicto perpetuo. Responder a las consecuencias sanitarias de la guerra es necesario, pero no puede sustituir las condiciones necesarias para construir, proteger y mantener los sistemas sanitarios. Las ambiciones de equidad, resiliencia, preparación y acceso universal no pueden realizarse en medio de una inseguridad crónica. La paz no está al lado de la salud, sino que es algo fundamental.