México vive una “epidemia de cesáreas”

Textualmente, así arranca el paper: “Las tasas de cesárea en México han aumentado drásticamente en la última década, llegando al 55 % para 2023. Si bien salvan vidas cuando están correctamente indicadas, su uso excesivo puede alterar el momento natural del parto y modificar los resultados demográficos a nivel poblacional”. También se podría sumar el tema de la violencia obstétrica que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2016 y 2021 la sufrió el 33,4 % de las personas a las que se les hizo cesárea  (contra el 29,6 % en los casos de parto vaginal), y entonces quizás también habría algo que decir respecto de la salud mental; pero esa “suma”, aunque tiene fundamento, ya corre por nuestra cuenta. Vayamos por partes…

El paper en cuestión da cuenta de una investigación llevada a cabo por Héctor Lamadrid-Figueroa y Jimena Fritz, especialistas en salud reproductiva del INSP y publicado en la revista científica Women’s Health (de libre acceso aquí). Muestra que en la última década, más concretamente desde 2015, las cesáreas en México han aumentado rápidamente hasta alcanzar el 55 % de los nacimientos en 2023. “Esto sitúa a México entre los países con las tasas de cesáreas más altas del mundo, superando con creces las recomendaciones de la OMS y siendo comparables a los niveles observados en países con las tasas más altas de partos medicalizados, como Brasil y la República Dominicana”, destacan en la introducción los investigadores. Y aclaramos, a partir de aquí, todos los resaltados son nuestros.

No es ese el único dato que preocupa: el aumento de las cesáreas coincide con la reducción de los nacimientos a término completo (39-40 semanas), lo que afecta el crecimiento neonatal, sin que ese aumento evidencie beneficios claros en la mortalidad materna o neonatal. Por el contrario: “la tasa de mortalidad materna (TMM) y la tasa de mortalidad neonatal (TMN) de México se han estancado en los últimos años, incluso cuando las tasas de cesáreas han seguido aumentando”, advierten también.

En un apartado del paper que titularon “Resumen en lenguaje sencillo”, los autores lo explican así: “En 2010, alrededor del 45% de todos los nacimientos fueron por cesárea. Para 2023, esa cifra había aumentado al 55 %. Queríamos comprender cómo esta tendencia podría estar influyendo en el momento en que finalizan los embarazos y qué significa esto para los bebés”. Los investigadores analizaron entonces una muestra aleatoria de más de 27.000 registros oficiales de nacimientos de todo el país, y hallaron que, a medida que las cesáreas se hacían más comunes, hubo menos partos a término: pasaron de 67 a 58 %, y más bebés nacieron entre las 37 y las 38 semanas. Y eso no es todo: por un lado, esa disminución de la edad gestacional se observa también en los partos vaginales; pero además coincide con la reducción de los nacimientos a término completo, y con descensos en el peso y la longitud al nacer: en promedio los bebés nacidos por cesárea pesaron 21 gramos menos y midieron 0,4 cm menos que los nacidos por parto vaginal, resume la nota de prensa del INSP en la que se presenta el paper y agrega: “Lo anterior sugiere que el exceso de cesáreas está causando un menor tiempo de crecimiento intrauterino y mayor riesgo de nacimiento antes del tiempo óptimo de maduración del bebé.”

Destaca además el INSP que los investigadores hallaron “una coincidencia temporal” a partir de 2015, año que –advierte el paper– “refleja el punto de inflexión en la tendencia al alza de las cesáreas”, y postula algunas causas: “La disminución posterior a 2015 sugiere un efecto indirecto de las cesáreas tempranas electivas sobre el grupo restante de partos vaginales, posiblemente debido a una menor tolerancia a los partos postérmino o a rutinas hospitalarias que impulsan la admisión o intervención tempranas. Esto refleja un cambio cultural o sistémico en la toma de decisiones obstétricas, no solo una indicación clínica”, señala, y agrega: “Este patrón sugiere que un número creciente de bebés nacen antes de que alcancen su trayectoria máxima de crecimiento intrauterino, posiblemente perdiendo una ventana crítica para la maduración. Dada la bien establecida relación entre el parto prematuro y los resultados de salud a largo plazo, esta tendencia emergente merece atención no solo por su coherencia epidemiológica, sino también por sus posibles consecuencias clínicas.” 

Y en las conclusiones señala: “Estos partos prematuros, a menudo electivos, conllevan riesgos cada vez mayores de complicaciones respiratorias neonatales y de ingreso en la UCIN, y se han asociado con desventajas sutiles pero cuantificables a largo plazo en el desarrollo cognitivo, afecciones respiratorias (como el asma) y resultados metabólicos”; sobre todas estas bases, subrayan la importancia de evitar las cesáreas innecesarias y de considerar cuidadosamente el momento de los partos planificados. “Las políticas que promueven el parto cerca de las 39-40 semanas —cuando sea médicamente apropiado— pueden contribuir a mejorar la salud del recién nacido y del niño. Cada semana adicional de gestación hasta el término completo ofrece beneficios fisiológicos y de desarrollo que deben sopesarse frente a la aparente conveniencia del parto electivo prematuro.”

 Lo interesante es que no se quedaron en la descripción. “Nuestros hallazgos resaltan la necesidad urgente de intervenciones políticas para reducir las cesáreas no médicamente indicadas y promover una atención obstétrica basada en la evidencia y respetuosa con la fisiología”, advierten, y agregan: “En México, un paso importante en esta dirección es la reciente publicación de una Norma Oficial Mexicana sobre Partería que exige la integración de todas las formas de partería profesional en hospitales y centros de maternidad. Esta iniciativa busca apoyar los partos normales y fomentar modelos de atención colaborativa junto con el personal médico. Además, se necesita más investigación para explorar los factores institucionales y económicos que impulsan los partos prematuros, incluidos los incentivos para los médicos, las políticas hospitalarias y las preferencias maternas.”

¿Y se acuerdan de la violencia obstétrica? Esa norma, de 2025, que se cita en la investigación por su potencial para favorecer partos fisiológicos, la introduce explícitamente entre sus fundamentos: “en México, en 2021, el 33,4 % de las mujeres de 15 a 49 años cuyo último parto o cesárea ocurrió durante los cinco años previos, señalaron que experimentaron una o más situaciones de maltrato en la atención obstétrica.”

Es cierto que no aparecía en el paper, pero de alguna manera jugaba un papel. Y si bien no se refiere específicamente a la salud mental, la norma agrega: “Ante ello, la evidencia científica y las recomendaciones internacionales enfatizan en la necesidad de incorporar intervenciones no médicas durante el trabajo de parto y el parto, orientadas a favorecer la Atención Centrada en la Persona (ACP), reconociendo así el derecho a la autonomía corporal, el cual incluye el derecho de las personas a aceptar o rechazar cualquier procedimiento o intervención que se le proponga.” Y también: “Recomendaciones de la OMS para los cuidados durante el parto (…), publicadas en 2018, establecen una serie de acciones a implementar en los países, para que el trabajo de parto y el parto sean una experiencia positiva para las mujeres y sus familias, con una atención integral centrada en las personas y con un enfoque de derechos humanos”. No es literalmente lo mismo que “salud mental”, pero se parece bastante, ¿no?  Insistimos, por las dudas, corre por nuestra parte…

Cerremos con otra observación de los investigadores: “Nuestros hallazgos resaltan la necesidad urgente de intervenciones políticas para reducir las cesáreas sin indicación médica adecuada y promover una atención obstétrica basada en la evidencia y fisiológicamente respetuosa. Las estrategias pueden incluir directrices más estrictas para programar cesáreas electivas y campañas de salud pública que enfaticen los beneficios de la gestación a término (…) Abordar la sobremedicalización del parto requiere un esfuerzo coordinado que involucre a legisladores, profesionales de la salud e iniciativas de salud pública para salvaguardar la salud de las futuras generaciones.”