CRISTINA DE MARTOS
Poco importa que no exista consenso en torno a las cifras de muertes provocadas por complicaciones del embarazo y del parto en Perú. Tanto las del gobierno (185 defunciones por cada 100.000 recién nacidos vivos) como las de Naciones Unidas (240 fallecimientos) "son escandalosas", según Nuria García, investigadora de Amnistía Internacional en el país. Esta situación "constituye una violación de derechos humanos".
"La mortalidad materna es la mayor causa de muerte entre mujeres en edad fértil en los países en desarrollo. Y la inmensa mayoría de estas muertes son evitables", reza el informe de Amnistía Internacional (AI). Esta tragedia "es una violación de los derechos humanos de las mujeres", denuncia esta organización, "porque cuando las mujeres mueren durante el embarazo o el parto porque su gobierno no aborda las causas prevenibles de muerte materna ese gobierno está violando su derecho a la vida".
El documento titulado ''Deficiencias fatales. Las barreras a la salud materna en Perú'' refleja las carencias de la atención médica del país andino y "la necesidad urgente de que el Estado se ajuste a las normas de derechos humanos que se ha comprometido a respetar y defender".
En Perú, "las mujeres siguen muriendo por la existencia de una serie de barreras o retrasos que impiden que tengan acceso a los servicios de salud que necesitan y en el momento en que los necesitan". Estos obstáculos, como suele ser habitual, afectan más a ciertos grupos, sobre todo a los que viven en la pobreza, en zonas rurales o a los indígenas.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú, en 2007 sólo el 36,1% de las mujeres de los segmentos más pobres que dieron a luz entre 2002 y ese mismo año afirmaron que su último parto se había producido en un centro de salud. Además, sólo el 35,9% había recibido la asistencia de personal cualificado.
"Los servicios sanitarios en Perú son como una lotería: si eres pobre e indígena, el azar dice que siempre perderás", ha explicado Nuria García en un comunicado que acompañaba al informe. Según el censo de comunidades indígenas de 2007, prácticamente el 60% de las comunidades que abarcaba el censo no tenía acceso a un centro de salud.
El drama de las mujeres peruanas tiene los mismos rasgos que el que viven en otros países. Afganistán, Haití o Etiopía. Las causas de estas muertes son comunes: hemorragias, preeclampsia, infecciones, complicaciones del aborto y parto obstruido. Como también lo son las raíces últimas de estas defunciones, que podrían evitarse en su mayoría si existiera una atención obstétrica accesible y de calidad.
El informe de AI refleja que muchas de las peruanas que viven en condiciones de pobreza y marginalidad no disponen de un centro sanitario cerca o carecen de los medios para desplazarse hasta ellos. Muchas desconocen el idioma o desconfían de la asistencia que van a recibir y otras se enfrentan a las complicaciones obstétricas, que aparecen de forma inesperada en el 15% de los embarazos, sin la necesaria atención de urgencia, clave para lograr reducir estas muertes.
"El Gobierno peruano está ignorando su obligación de proporcionar cuidados maternos adecuado a todas las mujeres, independientemente de quiénes sean y dónde vivan", asevera García.