La ignorancia de un médico habría frustrado una ablación múltiple

Sibila Camps

El Centro Unico de Ablación e Implantes bonaerense (Cucaiba) prepara una presentación ante la Fiscalía de Lomas de Zamora, vinculada con una ablación múltiple que se habría frustrado por ignorancia de un médico forense. Por tratarse de un donante multiorgánico sin contraindicaciones, se perdieron dos pulmones, corazón, intestinos, dos riñones, páncreas, hígado y tejidos (dos córneas, piel, huesos y válvulas cardíacas).

El donante era un joven de 20 años, que murió el sábado pasado en el Hospital Santamarina de Monte Grande, a causa de una herida de bala en el cráneo. Por tratarse de una muerte violenta y acorde con la Ley de Trasplante 24.193, el Cucaiba pidió autorización a la Justicia.

La jueza Liliana Natiello, del Juzgado de Garantías Nº 3 de Lomas de Zamora, consultó al médico forense quien, según la ley, debe "dictaminar si los órganos o tejidos que resulten aptos para ablacionar no afectarán el examen autopsiano". "Sólo tiene que decir si puede interferir en la investigación criminal del hecho", explicó el presidente del Incucai, Mario Perichón.

Si bien las instituciones de procuración de órganos de todo el país se atienen estrictamente a la ley, Perichón comentó que "hay una corriente de médicos forenses que opinan que ningún órgano apto para ser trasplantado puede ser fuente de la investigación posterior". En otras palabras, aquellos órganos que debieran ser analizados para esclarecer el delito, forzosamente se hallarían en malas condiciones para ser implantados.

El forense, comisario inspector médico Juan José Brulc, informó que la ablación "no perjudicaría el resultado de la autopsia". Pero desaconsejó los trasplantes porque el donante era portador asintomático de citomegalovirus (CMV), y el artículo 202 del Código Penal castiga a quien propague enfermedades. La jueza atendió al informe y negó la ablación.

Se trata de un virus de la familia de los herpes, de baja patogenicidad y muy común, en especial en los pacientes inmunosuprimidos, como lo son los receptores de órganos. "Más del 60% de la población tiene serología positiva, y también la mayoría de los donantes —precisó el presidente del Cucaiba, Ricardo Ibar—. Sólo hay que tomar algún recaudo, pero de ninguna manera es una contraindicación. Si lo fuera, no seguiríamos adelante con el operativo".

El corazón ya había sido aceptado por el Instituto Fleni, para un paciente en lista de emergencia nacional. El hígado iba a ser trasplantado en el Hospital Italiano, a un paciente con enfermedad hepática grave. En un país cuyas autoridades sanitarias se angustian por la escasez de donantes, al menos una decena de personas perdieron la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

"No es la primera vez que este forense trunca un operativo, por lo que hemos hecho presentaciones ante la jueza Natiello —apuntó el doctor Ibar—. Nos alarma porque está de turno por un mes, y ante cualquier donante que aparezca por la zona, la situación puede repetirse". Brulc no integra el cuerpo médico forense, sino que es personal policial, en comisión en ese puesto.

"Los casos han sido similares, no opinando sobre el tema específico sino sobre la seguridad de los trasplantes y de los receptores de órganos, lo cual es responsabilidad de los organismos de implante. Ella es jueza, no médica", destacó el titular del Cucaiba.

"La primera ley argentina de trasplante tiene treinta años, y todavía vemos algunos defectos en la interpretación que hace la Justicia", observó Perichón. E hizo un llamado "para que la Justicia, los organismos jurisdiccionales y la Nación podamos hacer jornadas de debate y reflexión, para que todos hablemos un lenguaje común, que es el de la ley".