La caída de la recaudación del sistema de las obras sociales podría llegar al 50%

A pocos días de haber asumido el cargo, el Superintendente de Servicios de Salud, Rubén Torres, brindó algunas precisiones sobre el estado de situación actual de las obras sociales y también sobre el nuevo funcionamiento de la APE (Administración de Programas Especiales), un organismo que ahora estará a cargo del licenciado Eugenio Zanarini, y sobre las medidas a implementar en forma urgente en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la administración de Eduardo Duhalde. El funcionario, además, se refirió a la polémica desatada en torno a la no renovación de los contratos de 40 personas.
En relación a la situación financiera de las obras sociales, el SSS Rubén Torres presentó las cifras consolidadas a fines de octubre del año pasado, las que fueron proyectadas hasta diciembre del mismo año y cotejadas con datos provisorios de la recaudación del mes de enero de 2002.

En grandes números, según Torres, la recaudación del sistema de obras sociales ha caído, entre octubre y diciembre del año pasado, un 31,7%. Con los datos registrados en enero y haciendo una proyección, la caída podría ser cercana al 50% durante todo el presente año. "Esto habla de la enorme gravedad que tiene el problema del financiamiento del sistema", aseguró el SSS.

Otro problema que debe sortear el sistema de obras sociales está dado por las deudas acumuladas, que en total rondan una cifra del orden de los 1.321 millones de pesos. De ese total, 885 millones corresponden exclusivamente al rubro prestaciones, 98,9 millones corresponden a remuneraciones y cargas sociales, 149,4 millones responden a deudas financieras, 51,2 millones tienen que ver con demandas judiciales y 136,6 millones corresponden a otras cuentas.

Para intentar contener este cuadro de severo desfinanciamiento, y con el objetivo de proteger a los beneficiarios del sistema de la Seguridad Social, desde la SSS se han adoptado una serie de resoluciones vinculadas a la modificación de las Resoluciones 1040 y 577, que tenían que ver con los subsidios que recibían cada uno de los agentes del sistema y que de acuerdo a los conceptos vertidos por Torres "muchas veces constituyeron focos de corrupción o por lo menos fondos entregados en forma discrecional".

Concretamente, las resoluciones 1040 y 577 fueron derogadas el pasado 1 de febrero. De esta forma, a partir de esa fecha, ninguna obra social puede pedir asistencia financiera para reconvertirse, para sanear sus pasivos o en concepto de asistencia financiera. "Sólo podrán pedir aquello que tenga que ver con la atención de afiliados que sufran enfermedades conocidas como de alto costo y bajo impacto, como el sida, las adicciones, los trasplantes, las oncológicas, la hemofilia y la discapacidad", aclaró el licenciado Zanarini.

En sus 4 años de funcionamiento, la APE utilizó, en promedio, el 50% de sus recursos (del orden de los 320 a los 360 millones de pesos por año) para asistir financieramente a distintas obras sociales y no para prestaciones. "Por eso vamos a transparentar ese tema a través de la confección de una página web a través de la cual se podrá seguir el trámite formulado para pedir un subsidio y además vamos a hacer que las obras sociales puedan entrar a la APE sin necesidad de gestores", remarcó el nuevo interventor de la APE.
Para complementar estas medidas, la APE creó un sistema de expedientes de urgencia, un sistema por el cual los subsidios pedidos para personas con riesgo de muerte son otorgados en un plazo no mayor a las 48 horas. "Creemos que esto pone una bisagra en lo que ha sido la administración de los fondos de la APE hasta hoy, y por eso tenemos mucha fe de que a pesar de que los recursos sean escasos los mismos van a ser administrados sin discrecionalidad", señaló Zanarini.