Injusta, la distribución de la atención a la salud en México

La distribución de la atención a la salud en México es injusta y viola los derechos de una parte importante de la población, lo que representa una falta de ética, advirtió Ruy Pérez Tamayo, profesor emérito de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM.

Añadió que el acceso desigual a la atención médica es un problema porque interfiere con los fines específicos de la medicina, durante el Simposio Internacional Bioética, salud y justicia social, el cual fue inaugurado por el director de la FM, José Narro Robles, quien indicó que hoy más que nunca la inestabilidad, ambición y desesperanza son una realidad más que una amenaza para los seres humanos.
Ejemplificó los contrastes que se dan entre los avances de la ciencia y los rezagos de la sociedad, al precisar que más de 2 mil 200 millones de seres humanos no tienen acceso a sistemas sanitarios, y más de mil 200 millones no tienen agua potable en pleno siglo XXI, al tiempo que en algunos países de África la esperanza de vida es de 40 años.

Al retomar su exposición en este Simposio organizado por la FM, el Colegio de Bioética AC y la International Association of Bioethics, Ruy Pérez precisó, que los objetivos de la atención médica son preservar la salud, curar o aliviar y siempre acompañar y consolar al enfermo, así como evitar las muertes prematuras e innecesarias, los cuales se cumplen mejor cuando la relación médico-paciente es óptima, se establece en forma oportuna, hay capacidad profesional y las instituciones cuentan con los medios para ello.

Por lo tanto, todo lo que favorezca ese binomio será éticamente bueno y todo lo que interfiera con ello, malo. La escasa o nula accesibilidad a este tipo de servicios de un sector importante de la población, sea por problemas educativos, geográficos o económicos, dificulta todo el proceso y por lo tanto es una falta médica, refirió.

El también presidente del Colegio de Bioética AC, afirmó que en el país existen tres grandes sistemas de atención a la salud, entre ellas las instituciones privadas que atienden al sector económicamente más favorecido, que no es mayor al diez por ciento.

Los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otras, tienen afiliados a empleados asalariados y sus familiares, que suman 40 por ciento de la población, detalló.

Por su parte, la Secretaría de Salud, con sus institutos nacionales, otorga servicios al resto de los habitantes, la mayor parte de ellos de comunidades rurales, agregó.

Pérez Tamayo apuntó que el presupuesto per cápita en cada una de estas tres ramas es diferente, lo que se refleja no sólo en la distinta accesibilidad a las tecnologías diagnósticas y terapéuticas de segundo y tercer nivel, sino en la calidad de la atención médica de primer nivel.

El experto recordó que la injusticia social en México es un problema que data del siglo XVI, cuando se establecieron dos clases sociales en la Nueva España. Así, ésta también incluye la atención insuficiente a la educación, comunicaciones, y saneamiento ambiental.

Pérez Tamayo apuntó que en nuestro país la toma de conciencia de esta situación ha llevado a intentar remediarlo con el Seguro Popular, cuyo objetivo es hacer accesible la atención a la salud a la población que hasta ahora no ha tenido ese beneficio.

Sin embargo, expuso que los problemas que deben resolverse son muchos y complejos, ante la limitación de los recursos y la insuficiencia de instituciones y equipos para enfrentar la demanda con una oferta de buena calidad.

Precisó que el trabajador libre que adquiere un seguro popular puede asistir cuando su salud lo requiere a las instancias ya existentes, pero éstas ya se encuentran sobresaturadas por la demanda, siempre mayor que sus capacidades.

Pese a ello, reconoció, no se construyen nuevas instituciones no sólo para aliviar a las que ya existen, sino para poder ofrecer servicios de calidad a la nueva avalancha de pacientes creada por el seguro popular.

En su oportunidad, Thomas Pogge, de la International Association of Bioethics, ofreció una conferencia en la que expuso que el régimen de patentes provoca que los fármacos no puedan ser pagados por los pobres. Si dicho sistema se impone en las poblaciones desposeídas, al quitarles el acceso a los genéricos, no tiene ninguna justificación moral.

El también doctor en Filosofía de la Universidad de Harvard hizo una propuesta alternativa que consiste en instituir, además de las patentes existentes, una nueva que podría denominarse “número dos”, la cual no permitiría a los inventores cobrar precios de monopolio, sino por el contrario, cualquiera tendría acceso a este conocimiento, lo que propiciaría una competencia de mercado libre en la manufactura y fabricación del medicamento.

Así su precio bajaría casi al costo marginal de producción. El incentivo para inventar nuevos fármacos sería un pago con fondos públicos, en proporción al impacto del remedio en la carga de enfermedades y en beneficio de la salud pública, explicó.

En la inauguración del Simposio, que se efectuará hasta el 11 de noviembre, también participó Alexander Capron, presidente de la International Association Bioethics, quien concluyó que cuando se habla de bioética existen diferentes.