Desgravan la compra de insumos de salud

En un intento por aliviar el impacto de la devaluación del peso sobre el sector de la salud, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para liberar del pago de aranceles y del impuesto al valor agregado (IVA) a un listado de equipos, insumos médicos y medicamentos que no se fabrican en el país, y entre los que se incluyen los defibriladores, endoscopios, tomógrafos, marcapasos, agujas, guantes de látex y válvulas cardíacas, así como las drogas para tratamientos oncológicos, del sida, de hipertensión, de la diabetes, la hepatitis, el sarampión y la rubeola.

La medida, que tendría un costo fiscal de entre 100 millones y 140 millones de dólares al año, fue acordada por los legisladores –diputados y senadores– con el ministro de Salud, Ginés González García, y con el Ministerio de Economía, según dijo a LA NACION la diputada Martha Alarcia, titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja.

La exención no tendría un efecto ilimitado, sino que correría igual suerte que la vigencia de la emergencia sanitaria que, en principio, fue declarada hasta el 31 de diciembre próximo. Por otra parte, las operaciones de compra, según aclaró la diputada, serán controladas caso por caso por los ministerios de Salud y de Economía, según prevé el proyecto.

La medida es una de las tantas que reclaman los operadores del sector, tanto las empresas de medicina prepaga como las obras sociales, que dicen que el encarecimiento del dólar impactó de una manera más que considerable los costos, sobre todo por la falta de fabricación en el país de buena parte de los insumos.

“Esto no soluciona el problema pero ayuda; es un proyecto muy importante”, señaló el sindicalista Juan José Zanola, titular de la Asociación Bancaria y de la comisión que desde la CGT se ocupa de los reclamos sobre las obras sociales. Zanola estimó que un 70% de los insumos y un 50% de los medicamentos para enfermedades crónicas son importados.

Tipo de cambio

El sindicalista estará hoy, a las 14, en la Comisión de Salud para presentar el extenso listado de requerimientos que desde hace tiempo viene haciendo la central obrera, y que incluye la instrumentación de un dólar especial, anclado en un valor fijo para la compra de insumos. Ese tema ya fue considerado en la comisión de Diputados y, de hecho, existe un proyecto para fijar un valor dólar de un peso para las compras de hospitales públicos y de 1,40 peso para el caso de las prepagas y obras sociales. Pero aún no hay al respecto una decisión del Poder Ejecutivo.

En el caso del proyecto ya votado en el recinto, se trata de descargar del valor de los productos el 21% de IVA y los aranceles, que, en promedio, rondan el 15 por ciento.

Además de los productos mencionados, el anexo del proyecto considera, entre otros, los ecógrafos, bombas de infusión, cámaras gamma, electrocardiógrafos, equipos de rayos X, incubadoras, respiradores, bisturíes, bolsas de sangre, cánulas, catéteres, electrodos, instrumental quirúrgico, sondas, placas radiográficas e insumos para el revelado, anticonvulsivos, antidepresivos e inmunodepresores.

Alarcia apuntó que, así como están las cosas, el efecto fiscal en la práctica podría ser cero, “porque ya no se importa casi nada”.

La desgravación se suma a la vigencia de un Plan Médico Obligatorio de Emergencia, que rige desde el mes pasado para las obras sociales y las prepagas, y que alivia el costo de las prestaciones, según los sindicalistas, en alrededor de un 30 por ciento.

Pero aun así, los pacientes se ven muy afectados por la crisis, en algunos casos con cortes de prestaciones, y en otros, con el cobro de plus por parte de los médicos, que sufren significativas demoras para poder cobrar sus servicios a las entidades.

Las obras sociales sindicales deben a los prestadores más de 2000 millones de pesos y, desde la CGT, insisten con el reclamo de que el Estado se haga cargo de esas obligaciones, con la emisión de un bono de consolidación que sirva para el pago de impuestos.

Del sistema depende la atención médica de unos 11 millones de personas, mientras que otros 2 millones son beneficiarios de la medicina prepaga. El 60% de esos afiliados del subsistema privado lo son por medio de las empresas donde trabajan. Del grupo restante, aumentos de cuotas mediante, cada vez son más los que se pasan a los planes más bajos.