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Published on September 16, 2003
Los juicios de mala praxis médica
Avanza un proyecto de ley para evitar la industria del juicio de mala praxis
Esta ley propone acorta el plazo previsto para comenzar un juicio de mala praxis a dos años.
Author: Dra. Marisa Geller y Alicia Lapidus *
En la Cámara de Diputados avanza un proyecto sobre los juicios de mala praxis médica. El proyecto intenta poner un límite al auge de este tipo de demandas judiciales. La iniciativa cuenta con el visto bueno de la Comisión de Legislación General y deberá ser tratada en estos días en el Congreso de La Nación.
El tema de la proliferación de los juicios por mala praxis es polémico y preocupante. Según un informe elaborado por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas, los juicios de mala praxis le cuestan al sistema de salud 100 millones de pesos por año. Otro estudio desarrollado por la Federación de Clínicas de Buenos Aires indica que estas demandas aumentaron unas diez veces en la última década.
Esta ley propone achicar el plazo previsto para comenzar un juicio de mala praxis. Actualmente las causas por mala praxis médica pueden iniciarse en un plazo de hasta diez años, contados desde que se realizó la práctica o desde el momento en que el problema sea descubierto por el paciente. Se está buscando limitar el plazo de prescripción para entablar demandas civiles a dos años.
También se intenta fijar un tope del monto indemnizatorio en 300 mil pesos y anular la exención de gastos que beneficia hoy en día a los pacientes sin dinero para litigar sin gastos y así pagar una demanda. Esta norma interesa al sector de la salud, sobre todo a los responsables de las prestadoras de salud ya que les representa un costo altísimo. No es casual que en el último año varias aseguradoras se hayan retirado del mercado. Al no haber un monto límite en las demandas, estas empresas ni siquiera saben de cuanto dinero tienen que disponer en caso de perder un juicio.
Por ahora, el proyecto se desdoblará y sólo podrá tratarse en el recinto el plazo de prescripción de las causas. Varios legisladores presentaron propuestas para reducir el plazo de entre dos y cuatro años. Entidades representativas de clínicas, médicos y empresas de salud reclaman desde hace años la aprobación de normas para limitar los juicios.
Existe una "industria del juicio" que no sólo perjudica a médicos sino que también a pacientes. La relación médico-paciente en la cual debería basarse todo acto médico se ve deteriorada. El vínculo es cada vez más distante con el paciente y terminamos practicando una medicina a la defensiva. Esto promueve el uso de prácticas de diagnóstico no necesarias y genera un uso injustificado de la tecnología médica, distorsionando la distribución de los recursos del sistema de salud.
Pero por sobre todas las cosas, nos hace cambiar la actitud frente al enfermo. Aunque muchas de las causas no progresan y la demanda no tiene sustento, genera un enorme daño. Aún en las causas en que no haya condenas, se presentan gastos para el demandado y un gran desgaste físico y psíquico. Los montos de las sentencias y la cantidad de demandas aumentan geométricamente, y no sólo en la Argentina. Por otro lado, hay una gran asimetría en los montos pedidos en una demanda y la remuneración que tiene el médico por esa misma práctica.
La justicia tiene el derecho de cuestionar la actividad irregular de cualquiera de las profesiones. Si estuvieran enfocadas de manera razonable, encaradas como una manera de proteger a la población, estas instancias deberían servir para que los profesionales extremaran los cuidados para evitar provocar daños involuntarios a los pacientes. Pero esto ocurriría si se buscara una protección real del paciente y no una persecución del médico.
Esta posibilidad de litigar sin gastos promueve la industria del juicio. Si se aprobara el proyecto que obliga al demandante, si pierde el juicio, a pagar a los letrados y peritos particulares que designe, se evitarían los abusos. Se lograría que se iniciaran únicamente los juicios justificados donde realmente hubo un daño. Pero, lamentablemente, es un terreno muy delicado para diseñar cambios por el respeto a la posibilidad de demandar de los pacientes. Tal como está planteada la vía judicial, la capacidad de dar respuesta es inexistente. En el Congreso existen varios proyectos que tienden a modificar el sistema de los juicios por mala praxis, pero hasta ahora ninguno de ellos prosperó.
* La Dra. Géller y la Dra. Lapidus son editoras responsables de IntraMed en la especialidad de Tocoginecología.
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Published on September 16, 2003
Los juicios de mala praxis médica
Avanza un proyecto de ley para evitar la industria del juicio de mala praxis
Esta ley propone acorta el plazo previsto para comenzar un juicio de mala praxis a dos años.
Author: Dra. Marisa Geller y Alicia Lapidus *
En la Cámara de Diputados avanza un proyecto sobre los juicios de mala praxis médica. El proyecto intenta poner un límite al auge de este tipo de demandas judiciales. La iniciativa cuenta con el visto bueno de la Comisión de Legislación General y deberá ser tratada en estos días en el Congreso de La Nación.
El tema de la proliferación de los juicios por mala praxis es polémico y preocupante. Según un informe elaborado por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas, los juicios de mala praxis le cuestan al sistema de salud 100 millones de pesos por año. Otro estudio desarrollado por la Federación de Clínicas de Buenos Aires indica que estas demandas aumentaron unas diez veces en la última década.
Esta ley propone achicar el plazo previsto para comenzar un juicio de mala praxis. Actualmente las causas por mala praxis médica pueden iniciarse en un plazo de hasta diez años, contados desde que se realizó la práctica o desde el momento en que el problema sea descubierto por el paciente. Se está buscando limitar el plazo de prescripción para entablar demandas civiles a dos años.
También se intenta fijar un tope del monto indemnizatorio en 300 mil pesos y anular la exención de gastos que beneficia hoy en día a los pacientes sin dinero para litigar sin gastos y así pagar una demanda. Esta norma interesa al sector de la salud, sobre todo a los responsables de las prestadoras de salud ya que les representa un costo altísimo. No es casual que en el último año varias aseguradoras se hayan retirado del mercado. Al no haber un monto límite en las demandas, estas empresas ni siquiera saben de cuanto dinero tienen que disponer en caso de perder un juicio.
Por ahora, el proyecto se desdoblará y sólo podrá tratarse en el recinto el plazo de prescripción de las causas. Varios legisladores presentaron propuestas para reducir el plazo de entre dos y cuatro años. Entidades representativas de clínicas, médicos y empresas de salud reclaman desde hace años la aprobación de normas para limitar los juicios.
Existe una "industria del juicio" que no sólo perjudica a médicos sino que también a pacientes. La relación médico-paciente en la cual debería basarse todo acto médico se ve deteriorada. El vínculo es cada vez más distante con el paciente y terminamos practicando una medicina a la defensiva. Esto promueve el uso de prácticas de diagnóstico no necesarias y genera un uso injustificado de la tecnología médica, distorsionando la distribución de los recursos del sistema de salud.
Pero por sobre todas las cosas, nos hace cambiar la actitud frente al enfermo. Aunque muchas de las causas no progresan y la demanda no tiene sustento, genera un enorme daño. Aún en las causas en que no haya condenas, se presentan gastos para el demandado y un gran desgaste físico y psíquico. Los montos de las sentencias y la cantidad de demandas aumentan geométricamente, y no sólo en la Argentina. Por otro lado, hay una gran asimetría en los montos pedidos en una demanda y la remuneración que tiene el médico por esa misma práctica.
La justicia tiene el derecho de cuestionar la actividad irregular de cualquiera de las profesiones. Si estuvieran enfocadas de manera razonable, encaradas como una manera de proteger a la población, estas instancias deberían servir para que los profesionales extremaran los cuidados para evitar provocar daños involuntarios a los pacientes. Pero esto ocurriría si se buscara una protección real del paciente y no una persecución del médico.
Esta posibilidad de litigar sin gastos promueve la industria del juicio. Si se aprobara el proyecto que obliga al demandante, si pierde el juicio, a pagar a los letrados y peritos particulares que designe, se evitarían los abusos. Se lograría que se iniciaran únicamente los juicios justificados donde realmente hubo un daño. Pero, lamentablemente, es un terreno muy delicado para diseñar cambios por el respeto a la posibilidad de demandar de los pacientes. Tal como está planteada la vía judicial, la capacidad de dar respuesta es inexistente. En el Congreso existen varios proyectos que tienden a modificar el sistema de los juicios por mala praxis, pero hasta ahora ninguno de ellos prosperó.
* La Dra. Géller y la Dra. Lapidus son editoras responsables de IntraMed en la especialidad de Tocoginecología.