Buenos Aires, 18 de diciembre 2014
La Comisión Directiva de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) teniendo en cuenta informes recibidos por el Observatorio de Psiquiatría y Salud Mental de la Institución -donde participan Directores de hospitales Públicos de la especialidad y Jefes de Servicios de Hospitales generales de todo el país- y las declaraciones de las Asociaciones de Psiquiatras de diferentes provincias y regiones de nuestro país, como asimismo las consideraciones vertidas en distintos documentos y foros de la Comisión de Profesores de Psiquiatría de las Facultades de Medicina públicas de la República Argentina manifiesta, una vez más:
Su compromiso irrenunciable con los Derechos Humanos y como parte sustancial de ellos con el derecho y acceso a la Salud de todos los habitantes del suelo argentino.
Que parte indeclinable de ese derecho es recibir la mejor calidad de atención en Salud.
Que la Salud Mental es parte de la Salud Pública y considerarla aparte atenta contra el cuidado y la calidad de vida de los que requieren la atención de los distintos dispositivos de Salud y fragmenta a la persona humana en una peligrosa dicotomía mente-cuerpo.
Que el Estado tiene el deber de garantizar los derechos en las condiciones de atención de los pacientes y las condiciones de trabajo de los miembros de los equipos que los atienden (profesionales y no profesionales).
Que las instituciones especializadas, habitualmente llamadas psiquiátricos monovalentes (como son monovalentes los hospitales pediátricos, oftalmológicos, de enfermedades infecciosas, etcétera) y quienes trabajan allí, sufren también el estigma social que cae sobre los pacientes que se atienden en ellas. Atacarlas indiscriminadamente, ya sea con la policía como en el Borda o con la difamación, criminalizando a los equipos que trabajan en ellas, es aumentar el estigma de la locura en la sociedad y privar a los pacientes más pobres y desprotegidos del único recurso con el que cuentan para buscar ayuda ante sus afecciones mentales.
Mil veces hemos clamado por la financiación, adecuación edilicia y necesidad de mantener a nuestras instituciones especializadas integradas en una red de instituciones intermedias en la comunidad que permitan la reinserción social de los pacientes sin familia que se internan en ellas. Pero esos recursos siguen cruelmente ausentes obligando a muchos pacientes a permanecer en las instituciones o enfrentar el abandono callejero. ¿Cuál es la razón por la que el Órgano de Revisión (OR) creado por la Ley 26657 centra su accionar en el ataque a los hospitales especializados de Salud Mental y Psiquiatría y no exige la creación de esa red, no inspecciona los servicios de hospitales generales que trabajan en condiciones inadecuadas (como la que llevó a la trágica muerte de un paciente y un trabajador en el Hospital Alejandro Posadas que fue cuidadosamente acallada y no investigada por el OR) y no exige al Estado los recursos para aplicar adecuadamente la Ley 26.657 en lo que atañe a la atención cercana a los domicilios de los consultantes y la vivienda digna en la comunidad, entre muchos otros derechos? ¿Habrá que ocultar con pomposos documentos antimanicomiales los ahorros presupuestarios necesarios para poner en práctica lo que se declama?
Que las opiniones sobre los métodos terapéuticos deben tener rigurosidad científica, y apoyarse en la consulta con los medios académicos y profesionales. Dictámenes como el Anexo RES. S. E. 17/2014 sobre El uso del Electroshock, emitido por el OR se compadece más de panfletos anti psiquiátricos de la década del 70 del siglo pasado que de un documento basado en los más elementales conocimientos en la bibliografía mundial sobre su aplicación y sobre sus indicaciones precisas, como cabría esperar del OR.
Que las consideraciones del Anexo RES. S.E. Nº 15 /2014 sobre Muerte en Instituciones Monovalentes de Salud Mental, considerando que toda muerte ocurrida en estas instituciones debe ser considerada como una muerte dudosa y remitirse a la Justicia Penal, constituye un desconocimiento de dichas instituciones como parte del sistema de Salud, homologándolas con las cárceles. Tal desatino no puede menos que despertar nuestro repudio y nos obliga a hacer un llamado de atención a las autoridades para que cese ese ataque basado en premisas de corte ideológico y carente del más elemental conocimiento de la clínica, la psicopatología y la terapéutica de los trastornos mentales. Tales pronunciamientos falaces son discriminatorios de todas las profesiones y especialidades de los equipos que trabajan en esas instituciones de Salud.
Ante las situaciones mencionadas profundizaremos nuestros contactos e intercambios de trabajo y acción con las demás asociaciones médicas, de otras profesiones del campo de la Salud Mental y de pacientes y sus familias, para alertar a la comunidad a fin de defender su derecho a la salud y recibir la mejor calidad de atención en cada circunstancia. La captura por un grupo minoritario profundamente ideologizado, sordo y cerrado a toda consulta efectiva y transformadora de los consensos necesarios para mejorar el funcionamiento del campo de la Salud Mental de nuestro país le está haciendo daño al mismo, resta fuerza al conjunto de sus miembros y nos debilita para afrontar su enorme desafío sanitario. Una vez más, hacemos un llamado a las máximas autoridades del Estado de cada distrito para que revisen sus políticas y la conducta y criterios de sus funcionarios en relación a nuestros reclamos.
Comisión Directiva
APSA