Por Valeria Román

Más revelaciones de los negociados con implantes. El ANMAT reconoció que no funciona un registro de prótesis. Fue luego de que Clarín informara que una empresa de EE.UU. admitió haber pagado coimas para vender sus productos en la Argentina.

Circuito revelado. La ruta de las coimas comenzaba en la Aduana, con el ingreso de los productos, y seguía en los hospitales, cuando eran recetados.

Cuántas prótesis se implantan en la Argentina por año? ¿Qué resultados tienen? ¿Cuántas fallan y producen complicaciones en los pacientes? Estas preguntas hoy no tienen respuesta, porque aún no existe un registro integral de implantes de prótesis para cadera, rodilla, hombro y otras partes del cuerpo que funcione dentro de la órbita de la agencia sanitaria que regula ese tipo de productos: la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT). En cambio, ese tipo de registro sí funciona en países desarrollados, como Noruega, Suecia y los Estados Unidos, y aportan transparencia al sistema de distribución y uso de las prótesis.

Como informó ayer Clarín , una empresa estadounidense, Biomed, que fabrica prótesis reconoció que pagó coimas a médicos en la Argentina para que indicaran sus productos (ver “Una ruta...” ). Y la diputada Graciela Ocaña denunció que existe una “industria del amparo judicial a favor de los importadores”.

En la Argentina, hasta ahora la incorporación de prótesis en el sistema de salud funcionó a través de estos pasos: el fabricante o el distribuidor hace el pedido de autorización para comercializar el producto a la ANMAT. Con la luz verde del organismo, las empresas salen a vender las prótesis. Y cada producto llega al cuerpo de los pacientes porque hubo médicos que eligieron determinada marca. En el enlace entre fabricantes, distribuidores y médicos se produce el pago de coimas, una práctica común en el país, según José Charreau, de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica. En el medio, están las obras sociales, prepagas y el mismo Estado, financiadores de la compra de las prótesis para los pacientes que las reciben en quirófanos de hospitales públicos o privados.

“Para autorizar la venta de una prótesis, primero se evalúa si la empresa que lo pide está habilitada. Luego se analiza cada modelo. Si se lo autoriza, queda inscripto”, explicó a Clarín María Sol Segovia, evaluadora de productos médicos de la agencia sanitaria. “La ANMAT no tiene competencia sobre qué tipo de prótesis se elige finalmente para cada paciente”, agregó.

¿Y cómo elige cada traumatólogo? “Hay normas internacionales que orientan”, respondió Carlos Vilariño, profesor Adjunto de la Universidad del Salvador y docente de ortopedia y traumatología de la UBA. El médico tiene en cuenta edad, patología, peso y altura. ¿Con cuántos modelos se trabaja? Generalmente con una o dos marcas que conoció en congresos.

En enero pasado, después del escándalo mundial por los implantes mamarios PIP, la ANMAT sacó una disposición por la cual impulsó la creación de un listado de los implantes (de columna vertebral, cadera, rodilla y mamarios) que se liberan para comercialización. Pero el listado todavía no está disponible. Según informó ayer a Clarín la ANMAT, estaría habilitado la próxima semana.

 A partir de su puesta en marcha, los fabricantes o los distribuidores deberán notificar efectos adversos y fallas de calidad de las prótesis. Aunque no quedará registrado qué profesional colocó cada producto. Rafael Acevedo, abogado especializado en responsabilidad médica, dice: “El registro dará información, pero eso no impide que los médicos reciban coimas por parte de fabricantes o distribuidores”.

Una ruta de sobornos que viene de Estados Unidos

La Justicia argentina pidió la lista de los médicos que habrían aceptado las coimas de Biomet.

La historia comienza con una confesión. El fabricante norteamericano de prótesis para el cuerpo humano Biomet admitió ante la Justicia de su país que entre los años 2000 y 2008 pagó sobornos a funcionarios de la Aduana argentina para ingresar sus productos subvaluados al mercado local. Pero el circuito de corrupción no terminó ahí. Según la compañía, también fueron coimeados médicos argentinos para que prescribieran esa marca y no otra a sus pacientes. La misma operación se hizo en la India y en Brasil. Para evitar una condena penal, Biomet, finalmente, pagó una multa de 23 millones dólares. Pero el caso ahora continúa en la Argentina.

Según consta en la investigación, sólo en el año 2008, Biomet pagó en Argentina 436 mil dólares en sobornos. Los disfrazó, primero, como “honorarios de consultoría o comisiones”. Y más tarde, para evitar pesquisas impositivas, como “gastos comerciales o de marketing”. Ahora es la Justicia argentina la que busca determinar quiénes fueron los que recibieron el dinero, una lista de nombres que puede acrecentar todavía más el escándalo y que por el momento continúa guardada en la casa central de Biomet en los Estados Unidos.

A partir de una nota de Clarín a fines de febrero, la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, presentó la confesión de Biomet ante el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, quien ordenó de inmediato la investigación para saber quiénes cobraron coimas en la Aduana, el PAMI, hospitales públicos y obras sociales. Según informó Clarín en su edición de ayer, el fiscal del caso ya hizo el requerimiento para que la Justicia norteamericana envíe la lista de argentinos involucrados que estaría en poder del fabricante.

Ocaña, en tanto, volvió a ratificar ayer sus denuncias y agregó que no se trata de la acción aislada de una compañía, sino de algo extendido. “Es práctica bastante generalizada, sería bueno que se transparentara la situación y que cada compañía tenga la obligación de declarar qué tipo de actividad financia y quién los financia, para poder eliminar este tipo de prácticas”, dijo la actual diputada.

“Durante mi gestión en PAMI recuerdo otra empresa que declaraba precios de importación a la Aduana irrisorios. En 2006 descubrí irregularidades de varios traumatólogos y pedí a la AFIP que investigara sus ingresos. También denuncié a médicos que le colocaban prótesis a los abuelos que eran para pibes de 20 años y a la vez le colocaban a pibes de 20 prótesis que servían para 10 años (que habían rechazado en el caso del abuelo de PAMI) porque la empresa les pagaba coimas”, dijo Ocaña en diálogo con Clarín .