Por: Pilar Ferreyra

Desde 1985 estoy en el Hospital Borda. En 1998 me dieron el alta. Pero al año siguiente mi papá falleció y me vino un bajón. Hace cinco o seis años que estoy en esta última internación. Tengo cuatro hermanas; una de ellas es mi curadora. Ella está tramitando mi egreso desde hace cinco años; pero los papeles y el trámite son muy costosos." El relato de un paciente del Pabellón Crónicos del Hospital Municipal José Borda es el fiel reflejo de una problemática social que afecta a más de 11 mil pacientes psiquiátricos internados en hospitales y clínicas públicos del país.

Según la Unidad Coordinadora de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, en los centros de salud públicos de la Argentina hay unos 18.750 pacientes psiquiátricos internados. El 80 por ciento de ellos está allí hace un año o más. "Y al menos el 60 por ciento de esos pacientes psiquiátricos continúan internados por razones sociales pasada la crisis que determinó el motivo original de la internación", señala Roxana Amendolaro, coordinadora del equipo de salud mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El período de internación de los pacientes psiquiátricos del país no es un mero detalle. En Capital Federal, la media de internación de los pacientes psiquiátricos es de nueve años. Aunque los datos varían de una institución a otra. En el Hospital Municipal José Borda el promedio de internación de los pacientes es de 10 años y seis meses. En el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano, de 9 años y tres meses.

"Son muy pocas las internaciones que no tienen un motivo real. La gran mayoría son legítimas. Lo que sí es alarmante es la cantidad de personas que en condiciones de alta siguen viviendo en los hospitales porque carecen por completo de continente social y económico", señala la abogada Stella García Vigo, secretaria letrada de la Defensoría General de la Nación, quien durante cerca de una década fue curadora oficial de pacientes psiquiátricos.

El presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental, Eduardo Grande, agrega que hay dos tipos de pacientes cuyas altas son difíciles de resolver. Por un lado, los que son derivados de los juzgados, quienes deben esperar entre diez y quince días a que el médico legista de los tribunales les dé el alta. Por otro, los que fueron encontrados en la calle. Una vez que alcanzan el alta no tienen adónde ir porque carecen de casa y de familia. La mayoría de estos pacientes se hacen crónicos y se transforman en huéspedes eternos de los psiquiátricos, aun en detrimento de su propia salud mental. Forman parte del ejército de pacientes que pasan la mayor parte de su vida internados. Básicamente porque no poseen redes sociales ni lazos familiares, porque por lo general están desempleados y, además, no reciben del Estado ninguna alternativa o dispositivo de atención comunitaria de salud mental.

Curadores, psiquiatras y psicólogos coinciden en que la mayoría de los pacientes con desórdenes mentales que no pueden abandonar los hospitales -mayormente por razones socioeconómicas- tampoco tienen espacios institucionales suficientes adónde ir. Tal sería el caso de:

Los hospitales de noche (donde les hacen un seguimiento médico y les suministran la medicación).

Las casas de medio camino (lugar de convivencia donde duermen, preparan comidas, limpian y tienen obligación de empezar a buscar trabajo los que egresaron de un psiquiátrico).

Los albergues (hostales para personas con patologías leves).

Los profesionales reconocen además que existen iniciativas, reformas y alternativas estatales a la institucionalización asilar. Como las dos casas de convivencia del Programa de Externación Asistida para la Integración Social del Gobierno porteño (cada una de las cuales puede albergar a ocho mujeres). O del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que funciona en el Hospital Melchor Romero, en el Hospital Cabred y en el Hospital Estévez. Este último atiende actualmente a 150 personas.

Pero no alcanzan ni las buenas intenciones ni el trabajo de los profesionales, que opinan que los pacientes debieran vivir fuera de los hospitales. La razón es simple: lo que los especialistas consideran que está en déficit es una política general que conduzca a la inclusión social de las personas que padecen de algún tipo de sufrimiento mental.