La jueza en lo Civil Graciela González Echeverría embargó ayer 769.200 pesos de las cuentas de una compañía aseguradora donde tenían contratada una póliza médica un obstetra y un anestesiólogo que están procesados por mala praxis en una cesárea. El embargo se dispuso para garantizarle a la madre —tras la intervención terminaron extirpándole el útero— la posibilidad de que cobre en el futuro una indemnización por los daños que sufrió.

Gregorio Dalbón, abogado de la madre, contó a Clarín que su clienta —es una farmacéutica de 34 años— tuvo a su hijo en noviembre de 2003 en una prestigiosa maternidad porteña.

"Después de la cesárea ella empezó a quejarse de unos fuertísimos dolores abdominales y a tener fiebre, pero su médico no le dio importancia a estos síntomas. Cinco días después la internaron en terapia intensiva por una infección generalizada. Terminaron quitándole todos sus órganos reproductivos", explicó Dalbón.

Poco después, la señora inició una demanda penal contra su obstetra y el anestesiólogo. En las pericias realizadas por el Cuerpo Médico Forense se determinó que los médicos no "habían cumplido —dijo Dalbón— con un protocolo de profilaxis que es de uso común en las cesáreas. Esto fue lo que le provocó una infección generalizada".

Actualmente, el obstetra y el anestesiólogo se encuentran imputados por mala praxis y lesiones culposas. La mujer, además, inició una demanda civil por 2 millones de pesos. "Por las dudas de que se insolventen, solicité el embargo que la jueza acaba de conceder", explicó Dalbón.