En general, el tema agita la agenda pública al galope de algún caso que dispara el escándalo. La semana pasada, por ejemplo, le tocó ponerle el cuerpo a la noticia a una joven de 19 años, discapacitada mental, cuya mamá le pidió a la Justicia autorización para abortar un embarazo producto de una violación. Como otras veces, las voces a favor y en contra no se demoraron y, de nuevo, sobre las llagas de una historia triste, el debate volvió escena. Pero, en la Argentina, el aborto no es una excepción que alarma de tanto en tanto sino un problema diario: en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires se registran 95 abortos cada 24 horas.
Así lo revelan las estadísticas de los hospitales municipales y provinciales, donde estiman que más de 6 de cada 10 de esos abortos son inducidos, es decir, autoprovocados o realizados por un tercero en forma clandestina. Los demás son espontáneos o producto de alguna patología.
En 2004, según las últimas cifras disponibles del Ministerio de Salud provincial, los hospitales públicos registraron 34.758 abortos. El dato no incluye a los casos atendidos en sanatorios e instituciones privadas, donde se producen un 30% de los nacimientos de la Provincia y donde se atienden millones de mujeres con obra social o prepaga. Pero hay algo todavía más grave, que probablemente abulte aún más este número ya alarmante: los espe cialistas consideran que por cada aborto clandestino que llega al hospital, hay varios que no lo hacen, y enriquecen una "estadística oculta" que desvela a muchos médicos y a algunas autoridades.
"Yo no puedo sostener esa cifra oficialmente, pero son las estimaciones y presunciones que hacen varios expertos. Estaríamos hablando, de ser así, de 120.000 abortos anuales, una cifra espeluznante, que demanda una actitud urgente por parte del Estado. Claramente, hay una normativa que, por su rigidez, lejos de resultar beneficiosa termina siendo perjudicial. O que, al menos, no resulta eficaz desde el punto de vista social ni sanitario", subrayó a Clarín el ministro de Salud Claudio Mate.
Las estadísticas arrojan que más del 40% de los casos corresponden a adolescentes y jóvenes menores de 24 años. Y que más del 70% son mujeres del Conurbano, sobre todo del segundo cordón industrial, con los municipios de Malvinas Argentinas, Varela, San Miguel, José C. Paz y Moreno, entre otros, como lugares más conflictivos. "Los abortos inducidos que terminan en el hospital son, en general, de mujeres pobres o sin acceso a una cobertura de salud. En los demás sectores ocurre lo mismo, pero nadie se entera", dice Mate.
El aborto es la principal causa de muerte materna en el país. En la Provincia, en 2005, en un tercio de los casos hubo detrás un aborto inducido: más de 20 mujeres fallecieron por esa causa. La mayoría, con más de 30 años y varios hijos. "Si las condiciones en que se hace un aborto fueran blanqueadas, esas muertes no ocurrirían. Yo no estoy a favor de la legalización sin una investigación seria sobre el impacto de esa decisión sobre las muertes fetales, pero creo que la ley debería elastizarse, incluir otras causas que permitan abortar y salir del fuero penal", apunta el ministro.
—¿Cree que hay que despenalizar el aborto en Argentina?
—Para mí sería muy grave que el aborto fuera un método anticonceptivo más. A priori, no estoy a favor de la legalización, pero tampoco creo que haya que penalizarlo. Para una mujer no es una experiencia recreativa ni placentera tomar esa decisión.
—¿El Estado no termina sien do hipócrita al conocer y registrar esta situación y no actuar de alguna manera?
—En un punto si, pero el Ejecutivo respeta la ley, no legisla. Las normas vigentes tienen rigideces que resultan dañinas. Como ministro, quisiera que toda mujer tenga una forma segura de cumplir su deseo, pero tengo las manos atadas.
—¿Qué puede hacer el Estado para evitar tantos abortos?
—Por ahora, ampliar lo más posible el acceso a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual. En 2007, las escuelas sumarán estos temas a una materia obligatoria que ya existe (Adolescencia y Salud) y que hasta ahora sólo incluía las adicciones.
En 2004, en 179 de los abortos registrados en los hospitales bonaerenses había detrás una adolescente de menos de 15 años. Y durante el primer semestre de 2005 abortaron 113 chiquitas de entre 10 y 14 años, cifra que arroja un incremento importante de un año a otro.
"Los registros arrojan que, desde el 2000, aumentaron las complicaciones post—aborto en adolescentes —dice Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer—. El aborto no es más que un proceso que empieza con la falta de educación sexual y que sigue con la falta de acceso a los métodos anticonceptivos. Despenalizar no obliga, sólo permite que quien necesita hacerlo lo haga en condiciones seguras".
Qué pasa en el resto del país
Las hospitalizaciones por complicaciones post-aborto son un problema creciente a nivel nacional: según los últimos datos disponibles del Ministerio de Salud, el número de egresos por esa causa trepó de 46.000, en 1995, a 78.894, en 2000 (casi 11.600 tenían menos de 19 años). En Capital, por su parte, se registraron en 2004 unos 6.500 egresos por aborto: 17 por día. La mayoría, en hospitales de la zona sur.
En cuanto a la cantidad de abortos por año, las cifras corresponden a subregistros. Los especialistas calculan que hay unos 700.000 abortos anuales en el país. Los que ocurren en el ámbito privado forman parte de un circuito desconocido. Y en el ámbito público lo que se sabe es que han aumentado las hospitalizaciones post—aborto.
En Argentina el aborto está prohibido por el Código Penal, que lo considera un delito contra la vida. Quien lo causa y la madre pueden ser castigados con 1 y 4 años de prisión, a menos que esté en juego la vida de la embarazada o en caso de violación de una débil mental.
Hay otros países, como Uruguay, donde el aborto también es ilegal pero hay alternativas que no dejan a las mujeres en el más profundo abandono. Hay consultorios de asesoramiento preaborto, concebidos como una estrategia disminuir la mortalidad materna, donde los médicos, además de orientar y contener, informan a la paciente sobre la necesidad de tomar antibióticos y de ponerse la antitetánica antes de abortar.
Rigidez
Alberto Amato
aamato@clarin.com
El aborto es aún tabú en la Argentina. Suele suceder cuando se mezclan ciencia y fe. Campea sobre este drama social cierta hipocresía en la que muchos piensan una cosa y dicen otra, o conocen una realidad y miran hacia otro lado. Mientras tanto, miles de mujeres, en general pobres, mueren deshechas por el absurdo y la ignorancia. Los expertos sugieren que las leyes que castigan el aborto son rígidas, que deberían ser más elásticas, tal vez más modernas. No estaría mal escucharlos. Y debatir sin hipocresías.
Los médicos y una cornisa entre lo legal y lo ilegal
El aborto, su modalidad, va mutando con el tiempo. Antes, la mayoría de las mujeres que interrumpían su embarazo lo hacían introduciéndose en la vagina algún vegetal, una sonda u otro elemento para provocarse una hemorragia, con un alto riesgo de infección.
Hoy, en las zonas urbanas, y sobre todo entre las jóvenes, hay otro método más popular y para inducir un aborto. Muchas recurren a una pastilla (un antiinflamatorio) que tiene una sustancia que, introducida en la vagina, desata la hemorragia. Son la mayoría de los casos que llegan al hospital para que les completen el aborto.
"Para los médicos es una situación muy difícil. Caminamos en una cornisa entre la legalidad y la ilegalidad que favorece una gran hipocresía y que a muchos nos genera mucha angustia. Si uno denuncia esos casos, como obliga la ley, la mujer puede ser procesada, sumando más dolor y problemas a los que ya tiene. Si no denunciamos, somos cómplices. Es muy difícil, por eso en las estadísticas no figura aborto, sino hemorragia del primer trimestre", dice la doctora Analía Messina, jefa de la División Obstetricia del Hospital Alvarez.
Clarín habló con varios especialistas de Capital y de GBA. La mayoría de los médicos reconoció off the récord que sólo se denuncian penalmente los casos donde hay riesgo de vida del paciente. Saben que, si dan cifras, un juez puede actuar de oficio y pedir nombres, con lo cual terminarían "de arruinarles la vida a mujeres pobres".
"Es claramente un tema de equidad en el acceso a la salud: si una mujer tiene medios, va a una clínica privada, aborta en condiciones de seguridad, y nadie opina ni se mete. Si es pobre y tiene que ir al hospital, la Justicia y la sociedad le caen encima", asegura Messina. "Las mujeres que vienen con un aborto en curso llegan con mucha angustia y un gran temor a ser denunciadas. Saben que corren un riesgo y deben soportar a veces actitudes feas por parte de los médicos y enfermeras. Algunos profesionales en estos casos son más hostiles de lo habitual", revela.