Argentina promulgó la Ley Nacional de Cuidados Paliativos, que había sido sancionada el pasado 5 de julio por la Cámara de Diputados. La norma garantiza prestaciones integrales a los pacientes con patologías degenerativas y el acompañamiento a sus familias.

El decreto 417/2022 de promulgación de la Ley 27.678 fue publicado el jueves 21 de julio en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

La norma busca "asegurar el acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades, en el ámbito público, privado y de la seguridad social y el acompañamiento a sus familias".

Entre sus objetivos están:

a) Desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes que padecen enfermedades amenazantes y/o limitantes para la vida.

b) Promover el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles, basadas en la evidencia científica y aprobadas en el país para la atención paliativa.

c) Promover la formación profesional de grado y posgrado, la educación continua y la investigación en cuidados paliativos.

A su vez, define a los cuidados paliativos como "un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos, sociales y espirituales”.

Los principios de la ley son:

a) Respeto por la vida y bienestar de las personas.

b) Equidad en el acceso oportuno y utilización de las prestaciones sobre cuidados paliativos, adecuando la respuesta sanitaria a las diversas necesidades.

c) Intervenciones basadas en la mejor evidencia científica disponible.

d) Respeto de la dignidad y autonomía del paciente en las decisiones sobre los tratamientos y cuidados que ha de recibir a lo largo de su enfermedad de acuerdo a la normativa vigente.