En la Argentina existen tres sistemas de protección de la salud: el público, que se financia a través de rentas generales y se rige por los principios de universalidad y equidad de la atención; el de las Obras Sociales, que es un sistema de protección de la salud obligatoria para los trabajadores en relación de dependencia, en el que las mismas actúan como instituciones financiadoras de las prestaciones de salud; y el sector privado, cuyas prestaciones son financiadas mediante la contratación de sus servicios por parte de las Obras Sociales y también directamente, a través de sus propios sistemas prepagos y planes médicos.

Hacia 1997, la distribución de la población cubierta por cada uno de estos sistemas era la siguiente:
- las Obras Sociales, a las cuales estaba afiliada aproximadamente el 50% de la población
- el sector Público, con algo más del 36% del total (tomando en cuenta que la mitad de la población menor de 5 años depende de la atención que le brinda el Estado)
- Las Mutuales y los sistemas Prepagos, que apenas cubrían el 12% de la población.

Según inferencias que actualizan los datos de 1997, y tomando en cuenta la creciente desocupación (con la consiguiente pérdida de la cobertura) en la actualidad al menos un 40% de la población argentina no cuenta con seguro de salud.
Por otra parte, es de dominio público el estado deficitario de, por ejemplo, las Obras Sociales Provinciales que, a causa de esta situación, no pueden hacer frente a la atención completa de muchos de sus pacientes.
También es notorio como muchas farmacias con convenios con obras sociales o prepagas han dejado de prestar servicios a causa de las deudas contraídas por las instituciones.