Medicamentos y prótesis lideran las demandas judiciales

 La solicitud de medicamentos no incluidos en el vademécum y de prótesis no cubiertas por el sistema sanitario encabezan la lista de demandas por parte de los pacientes contra obras sociales, empresas de medicina prepaga y hospitales, y explican la mayor parte de los amparos en el sector.

Esa fue una de las principales conclusiones del panel “El fraude judicial”, donde especialistas, profesionales de la salud y jueces analizaron los casos más comunes de la “industria del juicio”, que genera fuertes costos adicionales a los prestadores y termina perjudicando la atención de los pacientes.

Allí participaron el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Ricardo Li Rosi; el titular de la Asociación de Empresas de Medicina Prepaga (ADEMP), Pablo Giordano; y el especialista en Derecho Civil y Comercial Julio Frigerio, entre otros referentes del sistema judicial y prestadores de la salud.

Los participantes señalaron que uno de los argumentos más frecuentes para litigar es la “exigencia de prescripciones de medicamentos experimentales que aún no fueron aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación”.

Estas demandas representan una erogación promedio de 50 mil pesos por mes por cada medicación que, en muchos casos, no sólo no mejora sino que hasta aumenta el padecimiento de enfermos terminales.
En tanto, el juez Li Rosi señaló que “el problema de la crisis del sistema de salud no se resuelve en los Tribunales, sino en el Congreso de la Nación”.

    “Es una responsabilidad del Poder Legislativo y el Ejecutivo. Los jueces no podemos ser responsables del sistema de salud del país por más que terminamos dictaminando todo el tiempo”, explicó.

En el marco del coloquio, el jurista Frigerio denunció la “connivencia de algunos laboratorios que sugieren a médicos recetar ciertas drogas a cambio de algunos beneficios que, inclusive, llegan a lo económico”.

Otro grave problema de desfinanciamiento de las prestaciones lo representan los amparos que obligan a entregar aparatos ortopédicos importados y de marcas específicas, solicitados por profesionales que, según se sugirió en la mesa de debate, podrían recibir entre “20 a 30 por ciento” del valor de lo recetado.

La obligatoriedad de las obras sociales y prepagas es entregar por ley la prótesis requerida que sea “nacional, genérica y la de más bajo precio en el mercado”, pero muchos amparos son para exigir otras de tecnología de punta cuyo costo básico arranca desde los 150.000 pesos.

También forma parte de la industria del amparo en la medicina la internación de personas mayores en geriátricos con el diagnóstico de “rehabilitación”, que inclusive en muchos casos no tiene un “tiempo definido”.

En ese caso -dijeron los especialistas- existe una asociación entre las empresas que administran estos establecimientos y médicos que diagnostican casos que podrían resolverse en domicilios particulares.

Los referentes del sector sostuvieron que hay “mucho engaño” que golpea duramente al sistema,  crece en costos constantemente, y complica el financiamiento.

Uno de los problemas que genera la “industria del juicio” en la medicina, es que ante ese escenario de conflicto, la mayoría de los médicos opta por aplicar lo que en el sistema denominan “medicina defensiva”, para tratar de evitar posibles demandas futuras, y así prescriben estudios y prácticas muchas veces innecesarias, lo cual incrementa aún más los costos en detrimento de la calidad de atención de la población en general.

Los datos se conocieron en el marco del coloquio sobre la necesidad de acercar la Justicia a la Ciencia Médica, cuyas conclusiones serán debatidas este jueves en el marco del XIII Congreso Argentino de Salud que se realizará en esta ciudad organizado por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI).