Las demandas y amparos contra el sector salud

Las demandas y amparos judiciales contra el sistema sanitario argentino crecen a un ritmo del 10 por ciento anual y ya le cuestan unos 4.800 millones de pesos por año a hospitales, obras sociales y prepagas, por lo que cada ciudadano debe destinar, en promedio, unos 120 pesos anuales en impuestos y otras erogaciones para afrontar una “industria del juicio” cada vez más sofisticada en sus reclamos.

A este gasto, que representa 10 pesos promedio por mes y por persona, se suman otros aún más cuantiosos derivados de la presión ejercida por estudios jurídicos contra los centros de atención médica y, en especial, hacia los profesionales de la salud.

Ante ese escenario de conflicto, la mayoría de los médicos opta por aplicar lo que en el sistema denominan “medicina defensiva”, para sortear posibles demandas futuras, y prescriben estudios y prácticas excesivas o superfluas, que incrementan aún más los costos en detrimento de la calidad de atención de la población en general.

El “gasto encubierto de la medicina defensiva”, según evaluaciones preliminares, totalizaría unos 55 pesos por afiliado a un plan de salud, lo cual elevaría a 67 pesos por mes -unos 800 pesos anuales- el monto que los pacientes deben afrontar como consecuencia de la “judicialización” de los actos médicos.

Así, el costo de las demandas y juicios contra el sistema de salud equivaldría al 22 por ciento –más de 24.200 millones de pesos- de la inversión total del sistema, por las mayores erogaciones que genera la “medicina defensiva”.

Los datos forman parte de estudios elaborados con vistas al XIII Congreso Argentino de Salud que la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) realizará entre el 1º y el 3 de setiembre en Mendoza y San Juan, donde prestadores, profesionales de la salud y jueces analizarán el proceso de “judicialización” de la medicina y la problemática de los amparos, que tienen también alta incidencia en los costos.

ACAMI nuclea a 27 prestadores sin fines de lucro, como CEMIC, FLENI, Mater Dei y los Hospitales Alemán, Británico e Italiano, entre otras instituciones.

El problema judicial se ha extendido y nuevas proyecciones en proceso revelarían que en la actualidad casi todos los financiadores del sistema de salud enfrentan algún tipo de amparo o demanda, que reclaman la provisión de nuevas drogas o tratamientos, además de las denuncias por “mala praxis” que afectan a uno de cada  cinco médicos en la Argentina.

Los pacientes cuentan, en general, con el beneficio de litigar sin gastos, por lo que muchos estudios jurídicos los inducen a  presentar demandas, la mayoría de las cuales finalmente no prosperan, pero igual generan un costo muy alto al sistema sanitario.

Sobre la base de datos del 2009, los estudios preparados para el Congreso de ACAMI advierten que del gasto total en salud, que este año se ubicará entre los 100.000 y los 120.000 millones de pesos, el costo de la “judicialización” de la práctica médica representa el 4 %, es decir entre 4.000 y 4.800 millones de pesos anuales.
Esto incluye la contratación de costosos seguros por parte de establecimientos asistenciales, médicos y enfermeras, que buscan atenuar las consecuencias de una demanda futura.

El titular de ACAMI, licenciado Marcelo Mastrángelo, admitió que persiste “gran  preocupación” en el sector por el accionar de un conjunto de estudios jurídicos “especializados” en presentar amparos e iniciar juicios contra instituciones médicas y profesionales de la salud. “El costo de la medicina defensiva –reveló-- supone  hasta el 20 por ciento de los gastos totales del sistema, y obliga a realizar estudios cada vez más  onerosos,  para evitar eventuales juicios”.

En el marco del XIII Congreso Argentino de Salud, una de las mesas de debate y análisis estará destinada a abordar los amparos y medidas judiciales, y se realizará el 2 de septiembre próximo.
Allí se presentarán un resumen y las conclusiones del coloquio realizado el día anterior, organizado por la Asociación Argentina de Magistrados, la Academia Judicial Internacional, y la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas.

Los temas centrales serán “El fraude judicial y el juez como víctima”, y la  idoneidad y validación de los peritos.
De acuerdo con un relevamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud sobre las obras sociales, el 30% de los amparos que se presentan corresponden a reclamos por la provisión de medicamentos; el 13% son demandas por  prestaciones, el 12%  por provisión de prótesis,  el 11%  por cirugías  y el  34 % restante corresponde a  quejas contra las prestaciones y otros supuestos incumplimientos, entre otras causas.

Ademas, el 63 por ciento de los amparos presentados logró  una medida cautelar, con el objetivo de agilizar el reclamo y obligar al cumplimiento por parte de la obra social, mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El secretario de ACAMI y director del CEMIC, licenciado Hugo Magonza, advirtió que “en muchos casos la resolución judicial finalmente avala la posición de la Cobertura Médica, pero en ese momento la prestación ya se ha brindado y la posibilidad de recuperar los montos indebidamente aportados es nula”.