En las cárceles se triplica la enfermedad mental

Prisión alavesa de Nanclares de la Oca. (Foto: Adrián Ruiz de Hierro) / MARÍA SÁNCHEZ-MONGE

"Dejar a las personas con trastornos mentales tratables en manos del sistema de justicia penal no es útil ni para la sociedad ni para el individuo. El hecho de haya tantos internos con problemas psiquiátricos en las prisiones -frecuentemente sin tratamiento- supone una afrenta para los valores sociales y la adecuada comprensión de las enfermedades mentales". Este es el dictamen de la situación de las cárceles canadienses que hacen los autores de un editorial que se publica en la última edición del 'Canadian Medical Associaton Journal' ('CMAJ').

En los correccionales de Canadá, el número de afectados por patologías psiquiátricas graves es unas tres veces superior al de la población general. Según explican los expertos que firman el artículo, las personas con condiciones médicas potencialmente controlables, como la esquizofrenia o la depresión, "pueden tener un comportamiento que la sociedad considera inaceptable e, incluso, criminal cuando no cuentan con los sistemas de apoyo adecuados".

Aseguran que las cárceles no son, desde luego, los lugares más apropiados para los enfermos mentales que han cometido algún delito. Al menos, no tal y como están planteadas en la actualidad, ya que no cuentan ni con las instalaciones ni con el suficiente personal médico especializado.

El panorama en España no es mucho mejor que en Canadá. "Nuestra situación es de las peores de Europa con diferencia", asegura Alfredo Calcedo-Barba, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. "Para empezar, somos el país de la Unión Europea con un mayor número de presos respecto a la población: 155 por 100.000 habitantes", agrega. Este psiquiatra corrobora que en las prisiones hay entre tres y cuatro veces más enfermos mentales graves que en el conjunto del territorio nacional.

Según datos recogidos por la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Fefafes), en España había en 2006 (últimos datos disponibles) más de 19.000 individuos en prisión con un diagnóstico psiquiátrico. A estas personas habría que añadir los casi 600 pacientes de los hospitales psiquiátricos penitenciarios, "cuyas condiciones de vida siguen siendo las mismas de hace 20 años, tal y como denunció el Defensor del Pueblo en un informe de marzo de 2009".

Calcedo-Barba explica que las circunstancias en las que se encuentran los afectados por patologías mentales en las cárceles españolas "son lamentables". En cambio, "en la mayor parte de los países desarrollados se han creado servicios de psiquiatría forense que dependen del sistema sanitario y cuentan con medidas de alta seguridad". Ese sería el modelo de atención más adecuado.

"En España no hay nada de eso", apostilla. No obstante, puntualiza que hay una excepción, Cataluña, que cuenta con un planteamiento "mucho más avanzado" en esta materia, aunque también es mejorable.

Disputas políticas
En el origen del problema se encuentra la descoordinación entre administraciones. Los enfermos mentales que cometen delitos deben responder ante la justicia, pero también necesitan cuidados sanitarios. Y ahí es donde surgen las complicaciones, ya que el sistema penitenciario depende del Gobierno central, mientras que el sanitario corre a cargo de las autonomías. "Por eso nadie invierte en esta cuestión; los responsables autonómicos y nacionales se pasan la 'patata caliente' unos a otros".