Infanticidio y responsabilidad

La Dra Diana Cohen Agrest es doctora en Filosofía (UBA), especializada en temas de ética. Magister en Bioética por la Monash University de Australia, investigadora de FLACSO.

En el Diccionario de la Real Academia, figura una única acepción del término ‘vulnerable’: “Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente”. Quizás esta definición tan lacónica, tan precisa, alude a una condición entre otras que, si hay un grupo a la que se le puede atribuir, es a los menores incapaces de habla o de defensa alguna. El maltrato infantil seguido de muerte es, tal vez, una de las más cruentas expresiones de vulnerabilidad. La prensa, en un solo día difundió la denuncia de tres casos entre los tantos que no trascienden.

Una madre adolescente filicida, en compañía de su pareja, lleva al hospital a su hijo de año y medio, muerto a golpes. La tía que lo solía cuidar declara que el pequeño había permanecido inmovilizado durante cinco días por las lesiones provocadas por una paliza recibida previamente a la golpiza letal. Precisamente, unos días antes del fatídico día, la madre había asistido con su hijo a otros centros de salud para que lo atendieran por las lesiones, pero los profesionales no dieron parte a la policía.

En Mendoza, una pareja es acusada de matar a su hijo de dos años. El hombre alega cierta reacción negativa a una inyección. Los médicos forenses determinan que el nene había fallecido de una paliza.

Una pareja asumió la responsabilidad de cuidar a un nene de tres años. Mientras sus padres se recuperaban en un centro de rehabilitación para drogadictos, distribuyeron a sus seis hijos entre familiares y amigos. El pequeño tuvo la mala suerte de convivir durante un mes con los “cuidadores”, quienes lo mataron a golpes. La pequeña víctima tenía 72 lesiones en su cuerpo.

No es raro que los trabajadores de la salud se enfrenten al siguiente dilema: ¿Deben denunciar toda vez que se sospecha de de una golpiza infligida en un niño o en un lactante? Por un lado, si se equivocan, pueden ser acusados de invadir la vida de familias cuya conducta no justifica esa interferencia que viola el derecho a la privacidad y causa un sufrimiento innecesario. Por otro lado, no intervenir en la vida privada de padres que presuntamente victimizan a sus hijos implica abandonar al niño a vivir vidas que son solitarias, brutales y, a menudo, muy breves. Confrontados a ese dilema, aun cuando se corra el riesgo de estar equivocados, es mejor errar en interés de los más vulnerables. De no hacer la denuncia, se perpetúa una conducta que obliga a las víctimas a vivir en un infierno privado del que sólo se libran, definitiva e irreversiblemente, y más a menudo de lo que sospechamos, con una lesión letal.

El hijo como propiedad

El origen de la creencia parental de la legitimidad de su poder sobre la vida de los hijos se explica en términos economicistas. Un enfoque fundacional del parentesco parte de la teoría lockeana de la propiedad, la cual sostenía que era el trabajo realizado con el propio cuerpo el que transformaba una cosa en una propiedad privada: no es por azar que se denomine “trabajo de parto” al acto de traer un hijo al mundo. Si nos remontamos en el tiempo, en las sociedades patriarcales el hijo era una propiedad del padre: en la antigua Roma, el padre tenía poder sobre la vida y la muerte (patria potestas) de sus hijos, derecho que se extendía hasta la adultez: podía matarlo, mutilarlo, venderlo, u ofrecerlo en sacrificio. En la Ética nicomaquea, Aristóteles se refiere a los niños como partes de sus padres, “porque el producto pertenece al productor” (como le pertenece, Aristóteles especifica por si cabe alguna duda, un diente o el pelo o cualquier otra cosa.).
Hoy existe un acuerdo general de cómo los padres deben comportarse hacia sus hijos. El consenso indica que deben permanecer junto a sus padres bioló