La Sociedad Argentina de Pediatría, como institución científica comprometida con el derecho a la salud y a la vida, observa con profunda preocupación cómo, con motivo de la situación social de violencia e inseguridad, se pretende avasallar una vez más los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos claramente en la Convención Internacional de los Derechos del Niño que en nuestro país goza de rango constitucional y que el Estado Nacional se ha comprometido ante el mundo garantizar.
Los pediatras, por nuestra formación, trabajo cotidiano y compromiso con el derecho a la vida y la salud, debemos poner en conocimiento de quienes legislan, y de toda la ciudadanía, que la deprivación nutricional, afectiva, educacional, cultural, de asistencia sanitaria, de redes de contención social y la inequidad en el acceso a los recursos, va provocando desde el comienzo mismo de la vida daños físicos, psíquicos y deterioro en las posibilidades de inclusión social, que deben ser atendidos y prevenidos.
En nuestra sociedad, con niveles de exclusión y de inequidad crecientes en los últimos 30 años, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes son pobres. El número de niños y niñas que mueren antes de llegar al año de vida por causas evitables ha aumentado. En la adolescencia, la primera causa de muerte es debida a accidentes y violencia, incluyendo suicidios.
Algunos datos de la vergüenza social: En mayo de 2000, más del 80 % de los adolescentes que viven en el tercio de hogares más pobres de la región metropolitana, no acceden al estudio ni al trabajo (UNICEF). En el año 2002, la cantidad de niños y niñas menores de un año que han muerto por causas evitables ha aumentado en el conjunto del país y profundizado la diferencia entre las jurisdicciones con más y menos recursos (INDEC). En el año 2004, 100.000 niños menos concurren a la escuela en la provincia de Buenos Aires(SUTEBA).
En este contexto, la penalización de los adolescentes a edades cada vez más tempranas y su reclusión en instituciones absolutamente incapaces de rehabilitarlos y reinsertarlos socialmente, dañará su salud física y mental, profundizando la injusticia y la exclusión. Plantearlo como propuesta para disminuir los índices de violencia en nuestra sociedad, no encuentra fundamento en la lógica ni en la ciencia, y mucho menos en la ética social. La violencia no disminuye aumentando las penas, si no promoviendo la prevención y legislando en este sentido.
Los niños, niñas y adolescentes de nuestro país esperan de sus legisladores, de su gobierno, de su justicia, de su comunidad, de todos nosotros, que se los considere, escuche, y se los rescate con todos los recursos que tanto el Estado como la sociedad civil disponen y que la Convención Internacional de los Derechos del Niño propone. Fundamentalmente que sean respetados sus derechos a una vida familiar digna, plenamente integrada a la sociedad a la que pertenecen.
Es indispensable, promover un amplio debate en nuestra sociedad entre los distintos sectores que la componen, con el objetivo de encontrar las mejores respuestas a esta problemática de exclusión y violencia social que afecta a toda la población y en modo singular a niños y adolescentes.