Desafíos legales y equitativos | 06 MAY 20

Pasaportes de inmunidad y certificados de vacunación para COVID-19

"Los pasaportes de inmunidad correrían el riesgo de consagrar tal discriminación en la ley y socavar el derecho a la salud de las personas"

CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO GEORGETOWN
     
WASHINGTON - A medida que los gobiernos de países como Estados Unidos, Alemania, Italia y el Reino Unido, exploran la posibilidad de emitir los llamados "pasaportes de inmunidad", un destacado experto en salud y derecho mundial advierte que tal acción plantea problemas significatives, equitativos y legales. Por el contrario, si se desarrolla una vacuna, los certificados de vacunación probablemente desempeñarán un papel importante para poner fin a la pandemia y proteger la salud mundial.

Escribiendo en The Lancet, Alexandra L. Phelan, SJD, LLM, LLB, profesora asistente en el Centro Médico de la Universidad de Georgetown y miembro de la facultad de su Centro para la Ciencia y Seguridad de la Salud Global, escribe que los pasaportes de inmunidad "crean una restricción artificial sobre quién puede y no puede participar en actividades sociales y económicas ", advirtiendo que esto crea" un incentivo perverso para que las personas busquen infectarse ".

"Los pasaportes de inmunidad estarían maduros tanto para la corrupción como para el sesgo implícito" y "exacerbarían el daño infligido por COVID-19 en poblaciones ya vulnerables", argumenta Phelan. Y agrega que las personas "más incentivadas para buscar la infección también pueden ser aquellas que no pueden o comprensiblemente vacilan en buscar atención médica debido al costo y al acceso discriminatorio".

Los pasaportes de inmunidad también enfrentarían desafíos legales, argumenta Phelan, quien también es profesor adjunto en Georgetown Law y miembro de su Instituto O'Neill para la Ley de Salud Nacional y Global. Si bien el Reglamento Sanitario Internacional prohíbe las medidas de salud que son discriminatorias e impiden los viajes internacionales, en la actualidad, explica, los países pueden no tener leyes para abordar expresamente la discriminación experimentada por aquellos sin "inmunoprivilegio".

 

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