Rechazo de la prueba viral durante la pandemia

Introducción

La pandemia del síndrome respiratorio agudo severo coronavirus-2 (SARS-CoV-2) ha provocado un cambio drástico en la forma en que vivimos nuestras vidas y una reducción significativa en el nivel de actividad sanitaria de rutina. Los gobiernos de todo el mundo ahora están comenzando a lidiar con cómo reabrir sus sociedades de manera segura y reiniciar los servicios de salud regulares. Ahora es ampliamente aceptado, gracias a las lecciones aprendidas del brote de SARS de 2003, que las pruebas exhaustivas (de anticuerpos y / o antígenos) constituirán una parte importante de cualquier estrategia para garantizar el aislamiento eficaz de las personas infectadas y reducir la propagación nosocomial.

En muchos hospitales, todas las admisiones de pacientes hospitalizados ahora se están evaluando para el SARS-CoV-2, lo que informa las estrategias de cohorte. Sin embargo, de manera anecdótica, los colegas se han encontrado con pacientes que se han negado a someterse a la prueba de antígenos mediante un hisopo nasal. En el momento de la presentación, estas personas no tenían signos evidentes de COVID-19, pero se recomendó la realización de pruebas como parte de la política de control de infecciones del hospital.

En los casos que conocemos, los profesionales de la salud aceptaron las decisiones de los pacientes, no se dieron razones específicas para el rechazo y no se llevaron a cabo las pruebas. Como resultado, surge la pregunta de si, en el contexto de la pandemia actual, esa negativa es ética o legalmente aceptable.

Autonomía individual versus interés público

La autonomía del paciente es un pilar clave de la ética médica. En circunstancias excepcionales, la autonomía se ve anulada por intereses contrapuestos, por ejemplo, si existe un interés público en proteger a otros de una enfermedad transmisible grave.

El SARS-CoV-2 es una enfermedad contagiosa grave y la Ley de Coronavirus 2020 establece requisitos para las personas en los momentos en que el funcionario de salud pública pueda especificar que proporcionen una muestra biológica o para permitir que un profesional de la salud tome una muestra biológica por significa. Además, la Ley del Reino Unido establece que' es un delito en un caso en el que se ordena a una persona que no cumpla sin una excusa razonable con la orden. El incumplimiento podría resultar en una multa máxima de £ 1,000. son similares a las relativas a las enfermedades de declaración obligatoria establecidas en la Ley de Salud Pública (Control de Enfermedades) de 1984.

¿Deberían los individuos poder ejercer su autonomía, sin sanción, en el contexto de los riesgos para otros debido al coronavirus?

La práctica clínica dictará que los individuos no evaluados sean tratados como si estuvieran infectados con COVID-19.

El personal deberá utilizar niveles más altos de equipo de protección personal (EPP) al realizar interacciones o procedimientos clínicos. El individuo puede estar expuesto a un mayor riesgo, ya que potencialmente será atendido con pacientes que se sabe que están afectados por COVID-19. Una persona que se niega a hacerse la prueba y luego se infecta también puede tener un reclamo por negligencia contra su profesional de la salud por no haber usado los poderes que le otorga la Ley de Coronavirus.