Con el 30 % del gasto el sector público atiende al 45 % de la población

XIV Congreso Argentino de Salud 
Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) 15 de setiembre en el Sheraton Hotel de Mar del Plata

Es la única cobertura médica de desocupados y de quienes trabajan en negro. Como carecen de obra social deben atenderse en servicios muchas veces desbordados y, además, afrontar el precio total de la medicación, sin descuento alguno
 
La inflación y la informalidad laboral impactan también sobre un sistema público de salud cada vez más exigido, lo cual se evidencia en las demoras para acceder a una consulta médica, concretar intervenciones quirúrgicas o internaciones programadas, mientras que el sistema público, con sólo el 30 por ciento del gasto en salud, debe atender al 45 % de la población.

En el país se atienden más de 120 millones de consultas anuales en hospitales y centros de salud, donde con frecuencia las guardias y servicios se ven superados, ya que los problemas presupuestarios y el encarecimiento en los costos de los insumos  pusieron al sistema público ante una situación de mayor vulnerabilidad.

Uno de cada tres trabajadores cobra su salario en negro: según los datos oficiales del INDEC, al 34,6% de los trabajadores no se le hacen los descuentos jubilatorios de ley al momento de cobrar su remuneración y en consecuencia quedan sin cobertura médica ni aporte previsional. Esto afecta a  4,3 millones de personas y sus familias.

Los datos forman parte de estudios previos con vistas al XIV Congreso Argentino de Salud que la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) realizará el 15 de setiembre en el Sheraton Hotel de Mar del Plata, donde prestadores, profesionales de la salud y otros especialistas analizarán la incidencia del envejecimiento poblacional en las coberturas médicas de los mayores y el proceso de “judicialización” de la medicina y su incidencia en  el ejercicio profesional y el financiamiento del sector.

ACAMI engloba a 27 prestadores sin fines de lucro, como CEMIC, FLENI,  Mater Dei, la Fundación Favaloro y los hospitales Alemán, Británico e Italiano, entre otras instituciones.

De acuerdo con los datos que se vienen elaborando para este XIV Congreso, sólo el sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires, con más de 14 millones de  habitantes, debe atender alrededor de 46 millones de consultas anuales, en tanto que en Ciudad de Buenos Aires, con una población de 3 millones, se originan casi 10 millones de consultas, llegando en ambos casi a la saturación.

La situación en el conurbano bonaerense, donde ya se concentran más de 9 millones de personas, agrava el panorama porque las guardias hospitalarias están sobreexigidas.

Como consecuencia, buena parte de los habitantes del gran Buenos Aires,  optaron por atenderse en hospitales públicos porteños, donde aproximadamente el 35 por ciento de los pacientes procede del conurbano bonaerense.

Debido a esta migración, en los últimos diez años creció 30 por ciento la demanda   en los hospitales públicos  porteños, en los que un turno con un especialista puede requerir uno o dos meses de demora y para una  cirugía programada debe esperarse con frecuencia más de un año.

El sector público, que representa  aproximadamente el 60 por ciento de la oferta total de camas en el país, dispone sólo de 2,3 posiciones por cada 1.000 habitantes, indicador notoriamente inferior al registrado en los países  desarrollados donde alcanza las 8,5 camas por millar, explicó el titular de ACAMI, licenciado Marcelo Mastrángelo.

“Este sector, con el 30 % del gasto total, debe atender al 45 % de la población  que no cuenta con cobertura de obra social o prepaga”, señaló.

La inequidad social también emerge con fuerza en el sistema sanitario: mientras casi el 100% de los hogares de clase alta cuenta con cobertura de salud, entre los de menores recursos  sólo el 30 % posee alguna. 

El 70 % se atiende exclusivamente en hospitales y pertenece a los grupos más vulnerables: el 10 % son mayores de 65 años mientras que otro 28 % tiene menos de 15 años, según un informe de la Universidad Católica (UCA).

También en el sistema público, donde el advenimiento global de nuevas tecnologías en diagnóstico y tratamiento repercutieron sobre los costos de la salud a un ritmo del 20 por ciento anual, aunque en ciertos casos no hay certezas que sus resultados  mejoren la calidad de vida del paciente.

Además, ante el avance de la denominada “industria del juicio de mala praxis” en la medicina, los especialistas ordenan más estudios de los que deberían para cubrirse de eventuales demandas, y esta denominada “medicina defensiva” termina también presionando sobre los costos de salud, señala el informe de ACAMI.