El Gobierno español insta a los jueces a no esgrimir una patología inexistente

JOAQUINA PRADES  -  Madrid 
 
Nuevo (y severo) toque de atención del Gobierno a los jueces, fiscales y peritos judiciales que siguen empleado el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) en vistas y sentencias. "Perversión jurídica", "montaje", "cúmulo de despropósitos" o "fraude de ley" de "peligrosas consecuencias para la mujer y la infancia" son algunas de las recomendaciones que se van a hacer llegar a los juzgados, fiscalías, colegios de abogados, psicólogos, médicos y organizaciones de asistentes sociales. Es decir, a todos aquellos profesionales que intervienen cuando una pareja está inmersa en un proceso de divorcio y uno de los cónyuges -en el 89% de los casos el hombre, según datos de un exhaustivo informe oficial elaborado por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género- acusa al otro de manipular al menor para que sienta aversión hacia él.

El informe insiste en que ni la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, ni la Asociación Española de Neuropsiquiatría ni la Organización Mundial de la Salud conceden validez científica al SAP o lo consideran un trastorno verificado por la comunidad científica. El Síndrome de Alienación Parental -hasta los años 90 se denominaba Síndrome de la Mujer Maliciosa- es un término acuñado por Richard Gardner, un psiquiatra militar norteamericano que en la década de los ochenta lo definió como trastorno mental invalidante para ocuparse de los hijos. Es, según él, "una campaña de denigración injustificada contra un progenitor alienado", para que el menor rechace vivir con él o acudir a las visitas. Se aplica sobre todo en algunos estados estadounidenses, Argentina y España. La Asociación de Psicólogos de estos dos últimos países avalan el SAP, la comunidad médica no lo rechaza -el Colegio de Médicos entiende que es una decisión que corresponde a cada profesional- y otro tanto ocurre con el Colegio de Abogados. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha tenido en cuenta en las alegaciones de algunos procesos revisados. En este contexto variopinto, algunos jueces lo aplican a rajatabla. Y eso es, sobre todo, lo que preocupa al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y al Observatorio. La polémica, siete años después de la primera sentencia española que tomaba en consideración el SAP, continúa.

El pronunciamiento oficial sobre este supuesto síndrome constituye una vieja reivindicación de las asociaciones de mujeres, que reprochaban a la ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído, el silencio del Gobierno. Ahora como secretaria de Estado, y con Leire Pajín como ministra, el Ejecutivo asume su inexistencia y tiene previsto hacer público el informe en los próximos días.

Los jueces de sesgo machista, que en palabras del delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, son "pocos pero ruidosos" figuran como objetivo principal del informe. En él se parte de la base de que "las creencias de género están presentes en nuestros tribunales" y advierte: "En el ámbito judicial este presunto síndrome ha provocado un efecto devastador en muchos menores y en sus madres al considerar a los niños y niñas como mentirosos y a las madres como enfermas mentales", al tiempo que alerta de que, bajo el disfraz de palabras distintas, dado el descrédito creciente del SAP como tal, se sigue empleando en los juzgados. Es la gran anomalía que intentamos corregir, concluye Lorente.

La fiscal de la Sala Delegada contra la Violencia de Género, Soledad Cazorla, ya advirtió en 2007 a los fiscales que reflexionaran antes de considerar el SAP, y el Consejo General del Poder Judicial, a través de Paloma Marín, recordó un año después la potestad de los jueces de no asumir "de forma acrítica" los informes de los peritos y citó expresamente aquellos que daban validez científica al SAP: las comunidades de Madrid, Asturias y Murcia y ciudades como Barcelona, Málaga, Valencia, Pontevedra y Sevilla, entre otras.