Por Mariana García
Clarin.com

Ya desde el título, el informe no deja dudas: “¿Derecho o ficción?” Lo que sigue es un extenso dossier en el que Human Rights Watch acusa al Gobierno de mantener una actitud “errática” en torno de la salud reproductiva en Argentina. Concretamente, sostiene que la situación ha desmejorado durante la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El informe, presentado ayer, asegura que a pesar de que la legislación vigente apunta a la protección de los derechos reproductivos, en la práctica no se cumplen ni las leyes ni los programas . “El cambio de gobierno producido en diciembre de 2007 –dice el informe– no ha mejorado la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos reproductivos y de salud, e incluso se han revertido algunos logros”.

Uno de los datos que avalan esta conclusión está centrado en las cifras sobre aborto. En 2005, el 40 por ciento de los embarazos –según datos oficiales– fueron interrumpidos. Eso representa unos 460.000 abortos ilegales por año. Lo que HRW destaca es que en cinco años, esa cifra no varió. Tampoco el hecho de que el 20 por ciento de las muertes por emergencias obstétricas fueran causadas por abortos. Además, el informe cuestiona la decisión de haber dejado en manos de las provincias el reparto y el financiamiento de anticonceptivos .

“Lo que pretendemos con este informe es mostrar que no se toma en serio la salud reproductiva”, le dijo a Clarín Marianne Mollmann, autora del informe, para el que fueron entrevistadas cuarenta personas, desde pacientes hasta directores de hospitales.

Para Mollmann, “lo que se ve es falta de liderazgo , falta de interés real en estos temas , falta de acceso a la información y a los anticonceptivos. La mujer en Argentina sigue sufriendo, mientras se anuncian políticas que resultan muy lindas pero no se cumplen. Y eso se agravó con el cambio de gobierno porque no se ha dado empuje a estos temas”.

HRW es uno de los organismos más prestigiosos en defensa de los derechos humanos. Ayer se presentó el informe en el Congreso de la Nación.

Clarín intentó conseguir una respuesta del Ministerio de Salud, pero allí informaron que no se harían declaraciones, al menos hasta que hoy Mollmann se reúna con el viceministro de Salud, Máximo Diosque. HRW había solicitado entrevistas con el ministro Juan Manzur, con su par de Justicia, Julio Alak, y con la Presidenta. Pero no se las dieron.

El informe es un nuevo traspié para la gestión de Manzur. HRW cuestionó especialmente el papelón por la difusión oficial de una guía sobre aborto no punible , cuya firma fue luego desmentida por el propio ministro. Y afirmó que ese episodio trajo más confusión a la que ya había sobre el tema.

Esta no es la primera vez que HRW se ocupa de la situación de la salud reproductiva en Argentina. Ya lo había hecho en 2005. Entonces, el organismo había destacado la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pero en este nuevo informe, HRW señala que a pesar de los avances que significaron también la sanción de las leyes de educación sexual y de acceso a la esterilización voluntaria y vasectomía –ambas de 2006– “el potencial impacto positivo de estos avances se ha visto debilitado por su implementación errática”.

Doble discurso en salud reproductiva
PorMabel Bianco, presidenta de feim*

Human Right Watch señala la falta de compromiso y de rendición de cuentas del Gobierno de Cristina Fernández con los derechos reproductivos. El país ratifico todos los tratados y compromisos de derechos humanos y hay leyes, pero no se cumplen y el Gobierno no asume su responsabilidad. En 2008, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva no tuvo anticonceptivos, lo que afectó a las más pobres. Desde 2007 hay una guía para atender los abortos no punibles que aún espera ser aprobada por resolución ministerial. El gobierno tiene doble mensaje sobre los derechos reproductivos. En julio pasado, en el Comité de Expertos de la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, la delegación oficial dijo que el ministro de Salud firmó la resolución. Luego, en Buenos Aires, Manzur dijo que no la había firmado. Se engañó al Comité de Expertos y a la sociedad argentina. Mientras en el exterior se presenta como adalid de los derechos humanos en el país no los valora integralmente. En setiembre deberá dar cuenta de los Objetivos del Milenio que, entre otros objetivos, buscan garantiizar el derecho a la salud materna.

*Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer

Argentina duplica la tasa de abortos de Latinoamérica
Human Rights Watch denuncia que la falta de medios lleva a la clandestinidad.

ALEJANDRO REBOSSIO  -  Buenos Aires EL PAÍS -  Sociedad - 11-08-2010

Cuatro de cada diez embarazos en Argentina terminan en abortos, según un informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch presentado ayer. Las interrupciones voluntarias del embarazo se siguen produciendo a pesar de que en Argentina solo están despenalizadas en caso de violación para las mujeres discapacitadas mentales o si la salud de la madre corre grave riesgo. Así, la mayoría de los abortos se realizan de manera ilegal y muchas veces en condiciones deplorables, una situación que se repite en la mayoría de los países de América Latina, donde las legislaciones también son muy restrictivas pero donde las cifras no son tan duras como en Argentina.

En estos países, de media, alrededor del 20% de los embarazos termina en aborto (España está en un 18%), según la directora de activismo de la división de derechos de las mujeres de la ONG, Marianne Möllmann.

La fuerte resistencia de las iglesias católica y evangélica ha influido en que solo Cuba, Puerto Rico y Guyana cuenten con normas liberales sobre el aborto. En el resto de países la situación es dramática. Chile, El Salvador, Nicaragua y Honduras prohíben cualquier tipo de aborto (incluso el que se practica para salvar a la madre). En el resto de países de la región se admite la interrupción voluntaria del embarazo solo en casos excepcionales como el de violación o grave peligro para la salud de la embarazada.

Pero ni siquiera en todos esos lugares se cumplen las leyes para esos casos. La prohibición, además, solo logra que las intervenciones -que se siguen realizando- se hagan en situación de mayor inseguridad para la mujer. Se calcula que en América Latina se producen alrededor de 4,5 millones de abortos clandestinos al año. El 21% acaba con la muerte de la mujer.

"Ninguna mujer se queda embarazada para abortar", declaró Möllmann, que incidió en el caso argentino. La organización estadounidense de derechos humanos atribuye el alto número de abortos en ese país a la falta de un programa de salud sexual y al acceso deficiente a los métodos anticonceptivos. Falla, afirman, la puesta en marcha del programa nacional para este asunto que adoptó en 2005 el Gobierno de Néstor Kirchner y que incluía programas de educación y el acceso a fórmulas contraceptivas.

Lagunas que la propia organización comprobó en una investigación de campo. Human Rights Watch asegura en su informe que los centros de salud de los barrios de chabolas suelen carecer de anticonceptivos para repartir entre las mujeres pobres. En 2008, por ejemplo, no se distribuyeron anticonceptivos durante varios meses porque los fármacos estaban paralizados por un trámite administrativo en la aduana argentina.

Salvando los escollos logísticos, la ONG atribuye esa falta de políticas específicas a cuestiones históricas de Argentina. Uno de los padres de la Constitución de 1853, Juan Bautista Alberdi, decía que "poblar es gobernar". Una idea que pervive en muchos. Algunos políticos y directores de hospitales de ese país, de 40 millones de habitantes y un territorio cinco veces mayor al de España, han repetido la frase a los investigadores de la ONG estadounidense. De hecho, Argentina fue, en 1985, uno de los últimos países latinoamericanos en levantar la prohibición de los anticonceptivos.

Carencias que pueden explicar los entre 460.000 y 600.000 abortos que se producen al año en ese país. Una realidad invisibilizada por la penalización que algunos intentan sortear. El ex ministro de Salud Ginés González García, por ejemplo, puso en marcha una guía para la atención de abortos no punibles, que obliga a los médicos a mantener una actitud más profesional hacia las mujeres que han abortado. Algo similar a lo que se hace en Chile, donde la ex presidenta Michelle Bachelet impulsó una normativa para que los médicos de los hospitales públicos no pudieran denunciar a las mujeres que hubieran abortado ni tampoco negarles su ayuda.

Difícil panorama  
 
  - Despenalizado. Cuba, Puerto Rico y Guyana permiten el aborto. En México solo el Distrito Federal tiene una ley de plazos que ha reducido la mortalidad por abortos clandestinos.

- Prohibición. Chile, El Salvador, Nicaragua y Honduras prohíben el aborto en todos los casos. En Chile y Nicaragua, además, sus anteriores leyes que permitían el aborto terapéutico fueron reformadas para vetarlo.

- Supuestos. Otros países de América Latina, como Argentina, Costa Rica, Perú y Ecuador lo autorizan para salvar la vida de la mujer o en casos de violación.