La ligadura de trompas y la vasectomía, más cerca de ser ley

El proyecto de ley que habilita a nivel nacional la posibilidad de que hombres y mujeres decidan voluntariamente hacerse una intervención quirúrgica que anule su capacidad reproductiva fue aprobado en general a última hora de ayer en Diputados. Si repite la misma suerte en el Senado, todos los argentinos que así lo deseen podrán hacerse la operación en forma gratuita en cualquier hospital público del país o solicitarla en instituciones privadas bajo la cobertura de obras sociales y prepagas.

Poco antes de la medianoche la Cámara baja aprobó el proyecto en general con 147 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones.

Los procedimientos autorizados por la ley que ya tiene media sanción son dos: la ligadura de las trompas, en el caso de la mujer, y la vasectomía, para los hombres. Dos métodos permanentes —pero que no esterilizan ni son definitivos— para regular la fertilidad. Si el Senado lo aprueba, los mayores de 21 años podrán optar por ellos sin necesidad de autorización judicial ni de su pareja y sin esgrimir razones médicas. Sólo deberán firmar un consentimiento en el que consten los alcances de la decisión.

Si bien catorce provincias (con diferencias y algunas dificultades al momento de concretar el acceso a ellos) ya habían aprobado la práctica de estos procedimientos, a nivel nacional los mismos estaban prohibidos por la Ley 17.132, que regula el ejercicio de la medicina y establece que no pueden hacerse operaciones que esterilicen definitivamente a la persona. Además, muchos legisladores y ONGs consideraban que la falta de una ley nacional derivaba en una desigualdad legal según uno viva en un lugar u otro.

"Se trata de incluir a las clases más postergadas", dijo el diputado Sylvestre Begnis. Por su parte, el radical Juan Acuña Kunz, vicepresidente de la Comisión de Salud, apoyó la ley pero expresó sus reservas. Entre otras cosas, advirtió sobre "el riesgo de la propagación del sida en el caso de los hombres que dejen de usar preservativos".

El proyecto tuvo apoyo de los legisladores oficialistas y de los radicales y fue rechazado por macristas, por legisladores del ARI y por peronistas no kirchneristas. El riojano Mario Santander, médico, miembro del bloque Peronismo Federal, no titubeó en hablar de "castración" y aseguró que "no se puede decir que sea reversible la ligazón. El hospital público no va a utilizar técnicas modernas que lo posibiliten", consideró. Dijo que en Estados Unidos una operación de reversibilidad cuesta 20 mil dólares y que es efectiva sólo en un 40% de los casos.

La anticoncepción quirúrgica voluntaria para mujeres y hombres es, según los entendidos, una de las medidas que quedó pendiente cuando se sancionó la Ley 25.673, que creó el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsables, en 2002. El mismo establece el acceso gratuito a métodos anticonceptivos como el preservativo, el DIU y la píldora. "Estos procedimientos deberían haber integrado la batería de métodos aprobados en aquel entonces. Esta ley es una reparación de aquel error", dijo a Clarín Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer.

"En el país hay aún grandes inequidades en el sistema de salud: entre provincias ricas y pobres, entre unos hospitales y otros, entre el sistema público y el privado. Vamos por la equidad en la salud y por la garantía del derecho humano básico a decidir sobre nuestros propios cuerpos en todo el país", celebró María José Lubertino, titular de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.

Como algunos sectores lo consideran polémico, la nueva ley contempla la objeción de conciencia y libera al personal médico y paramédico de practicarla contra sus convicciones. En esos casos, el centro de salud debe arbitrar los medios para que otras personas realicen la operación.

El tratamiento de esta ley —que suma los aportes de seis proyectos anteriores— se había postergado durante dos semanas. El proyecto aprobado surgió de un consenso entre las propuestas de las diputadas Juliana Marino, Marcela Rodríguez, María del Carmen Rico, Graciela Gutiérrez, Irene Bosch de Sartori y María Barbagelatta.

Algunos especialistas creen que la nueva ley deja algunas lagunas. Según Bianco, "no dice expresamente que la intervención quirúrgica para recanalizar los conductos en caso de arrepentimiento sea gratuita". Por eso destaca que "es fundamental que el consentimiento informado —elaborado y realizado por un equipo de multidisciplinario— sea muy claro y específico. Los pacientes deben ser informados sobre la naturaleza e implicancia de la práctica a realizar y las alternativas de utilización de otros anticonceptivos no quirúrgicos autorizados y sobre las características del procedimiento quirúrgico, sus posibilidades de reversión, sus riesgos y consecuencias", dice Bianco.

Claves

El proyecto de ley determina que en los servicios del sistema de salud —públicos y privados— toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a esas operaciones.

En el sistema público serán sin cargo e integrarán la nómina de las intervenciones en la medicinas prepagas y obras sociales sindicales.

En todos los casos, no requerirán indicación médica y lo único que se solicitará es su formal pedido. Tampoco es necesario el consentimiento del cónyuge o conviviente ni la autorización judicial (que sí es imprescindible para los menores y para los declarados judicialmente incapaces).

El médico carga con la responsabilidad de brindar información acerca de lo qué significa la intervención requerida, los riesgos, las posibilidades de reversión y consecuencias. También debe informar sobre otros métodos de anticoncepción no quirúrgicos.

Los profesionales y auxiliares tendrán derecho a ampararse en la objeción de conciencia y negarse a realizar estas prácticas (que deberán hacer otros). Acceso garantizado

Si el dinero es el único modo de acceder a un tratamiento médico, la situación en la sociedad es de desigualdad. Una de las tareas de los legisladores es tratar de terminar con ella. La ligadura de trompas y la vasectomía actualmente se pueden realizar en consultorios médicos siempre y cuando se pague o en algunas provincias en que su ley lo permite. El proyecto tratado ayer extiende la posibilidad a quienes no tienen los medios para acceder al sistema privado de todo el país. Después cada uno podrá optar entre este método anticonceptivo u otro, una decisión del ámbito privado.

No esterilizan pero cuestan revertir

La doctora Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), hace notar que "estos métodos anticonceptivos están considerados de difícil reversión, pero no esterilizan: se conserva la capacidad de producir óvulos o espermatozoides".

Esto significa que, si la recanalización no fuera posible, se puede recurrir a una técnica de fertilización asistida. De todos modos, en Río Negro, donde la ligadura tubaria se practica desde el año 2000, "sólo hubo dos casos de mujeres que se arrepintieron", comenta Bianco.

La médica observa que en las provincias donde se autoriza la ligadura de trompas, sólo el 2% de las mujeres lo solicita. Queda así como un método anticonceptivo más, dentro de una amplia oferta: los de barrera (preservativo masculino y femenino, diafragma); los hormonales (orales, inyectables, parches subcutáneos); los bioquímicos (gel y otros espermicidas contenidos en esponjas o pesarios que se coloca la mujer); y el DIU.

"Quienes recurren a la ligadura de trompas o a la vasectomía, en general son mujeres u hombres que ya han tenido muchos hijos, y que no quieren o no pueden tener más —ni económica ni emocionalmente—, y que por algún otro motivo no puede usar otro método anticonceptivo: por incompatibilidad hormonal, porque la mujer no tolera bien el DIU (dispositivo intrauterino), o porque no puede garantizar la continuidad", precisa Bianco.

Para la Iglesia son "una verdadera mutilación"

La Iglesia criticó ayer duramente la legalización de la ligadura de trompas y la vasectomía. Los obispos consideraron que estas intervenciones constituyen "una verdadera mutilación". En ese sentido, apuntaron a uno de los principales argumentos de los defensores de la ley, que sostienen el carácter reversible de estas prácticas, al advertir que causan "un daño irreparable, altamente irreversible, particularmente para la gente de bajos recursos".

En un comunicado, afirman que la ligadura de trompas y la vasectomía "privan a la persona de las funciones de un órgano sano. Por esto mismo —agregan— no son terapéuticas (no curan, sino que anulan el normal funcionamiento del cuerpo) y su legalización constituye una violación al derecho humano a la integridad corporal cayendo así en una insalvable inconstitucionalidad".

En cuanto a quienes dicen que esta iniciativa "busca responder a supuestas necesidades de los sectores más carenciados", señala que "cuando se analiza esa visión se advierte que constituye una forma de discriminación hacia los más pobres, dado que la esterilización no soluciona la pobreza, limitándose a impedir nuevos nacimientos. Los problemas económico y sociales —dicen— requieren soluciones económicas y sociales, no médicas".

"Lamentablemente —advierten—, repite las soluciones del liberalismo salvaje de la década pasada, ya utilizada en otros países de la región, como lo demuestra la dolorosa experiencia internacional, logrando que dentro del marco de planificadas estrategias sanitarias, los más pobres se vean forzados o condicionados en su libertad y limitados de por vida."

Sergio Rubin

Distintas técnicas para dos métodos conflictivos

La ligadura de trompas de Falopio o ligadura tubaria puede realizarse mediante tres técnicas. En la denominada "a cielo abierto por minilap" se utiliza el laparoscopio, un aparato con una lente que permite ver la cavidad abdominal en un monitor.

El doctor Sergio Provenzano, jefe de Ginecología del Hospital de Clínicas, precisó "se hace una incisión de un centímetro bajo el ombligo, y se van corta